Práctica restrictiva de la competencia

La CNMC multa con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios

La corporación publicó en 2011 unos 'criterios orientativos' que incluían una lista completa de honorarios a aplicar por los abogados en sus servicios profesionales.

La CNMC multa con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 10.515 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara por recomendar precios a sus miembros, una práctica considerada como restrictiva de la competencia y prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia.

La CNMC ha acreditado que el Colegio publicó en abril de 2011 unos criterios orientativos, pretendidamente elaborados para la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial en los supuestos de tasación de Costas y Jura de Cuentas, que constituían en realidad una recomendación colectiva de precios, al incluir una lista completa de los honorarios a aplicar por los abogados colegiados en Guadalajara en sus servicios profesionales. En concreto, se considera probado que este Colegio difundió los criterios orientativos de precios entre todos sus colegiados, tanto de forma individualizada mediante correo electrónico como a través de su publicación en la web de la corporación para fomentar comportamientos uniformes, a partir de abril de 2011 y hasta la actualidad.

Esta conducta habría propiciado comportamientos similares entre profesionales de la misma rama y desincentivado la competencia entre los mismos en precios, calidad e incluso servicio, sustituyendo los riesgos de la libre competencia por la cooperación entre competidores, con los consiguientes perjuicios que ello conlleva para los consumidores.

Según la Ley de Colegios Profesionales el ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y a la formación de precios, a la Ley sobre Defensa de la Competencia, que prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque adopten forma de baremos de carácter meramente orientativo.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, aunque se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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