Insta al Gobierno a dialogar

Organizaciones de la sociedad civil piden una ley de cambio climático y un Pacto de Estado por la Energía

Reclaman la modificación de la legislación de autoconsumo a fin de equipararla a la de otros países de Europa.

Organizaciones de la sociedad civil piden una ley de cambio climático y un Pacto de Estado por la Energía

Las principales asociaciones empresariales del sector renovable, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentra FACUA-Consumidores en Acción, reclaman al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que defina un plan de medidas para llevar a cabo la transición energética y que modifique la actual legislación de autoconsumo para que esté en línea con las legislaciones de otros países y recomendaciones de la Comisión Europea.

Desde el Ministerio de Energía se ha señalado que las prioridades para la presente legislatura son la eficiencia energética y el despliegue de las renovables. Por ello, las organizaciones firmantes piden que se tomen decisiones concretas para que España pueda cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la descarbonización completa de la economía en 2050.

Tanto las medidas de ahorro energético como las inversiones en renovables son decisiones a largo plazo que requieren de un marco jurídico estable para que puedan llevarse a cabo a precios competitivos. Por ello resulta esencial abordar previamente la restitución de la deteriorada confianza en la normativa eléctrica española, quebrantada por la sucesión de medidas retroactivas que padece el sector desde hace años.

Un marco regulatorio estable y la definición de una planificación ordenada son condiciones necesarias para garantizar una creciente introducción de las energías renovables en el mix energético de nuestro país y reducir la dependencia energética de España. Por esta razón, las organizaciones firmantes instan al Gobierno a que impulse un Pacto de Estado de la Energía que sea fruto del diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.

Las organizaciones reclaman especialmente la modificación de la actual legislación española de autoconsumo, que está en clara discrepancia con el resto de legislaciones europeas. En el reciente borrador de la Directiva Europea de Renovables presentado por la Comisión Europea se reconoce el derecho de los ciudadanos de autogenerar y autoconsumir su propia energía, defendiendo además el autoconsumo compartido.

Las cifras del autoconsumo

El Ministro ha afirmado recientemente que "no se puede permitir que los autoconsumidores tengan una ventaja con el resto de consumidores". Con independencia de que las cifras de penetración del autoconsumo sean, incluso bajo las previsiones más optimistas, irrelevantes en relación al montante económico del sector eléctrico español, hablar de transferencia de rentas en un sector que carece de metodología para imputar los diferentes costes entre los consumidores resulta manifiestamente inapropiado.

La decisión del Gobierno de duplicar el peaje de autoconsumo en Mallorca y Menorca, y de incluir Formentera e Ibiza entre los territorios obligados a abonar el impuesto al sol, demuestra la intención del Ejecutivo de impedir el desarrollo de las renovables y pone de manifiesto su falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático, además de generar un aumento de incertidumbre en el marco normativo.

Basar la reiterada defensa del impuesto al sol en afirmaciones como "los costes son como las carreteras en el transporte, deben ser pagados por todos los usuarios independientemente de si se consume o no", es un pretendido acto de demagogia.

Los autoconsumidores siguen pagando íntegramente la parte fija de sus recibos eléctricos, dejando de pagar sólo una parte del importe variable, la que depende del consumo de electricidad que, naturalmente, es sustituida por la producción propia a partir de energía limpia.

Éste es un comportamiento que el Gobierno, en línea con el resto de la Unión Europea, debiera fomentar en lugar de perseguir. Es absurdo que los autoconsumidores paguen por un servicio que no están utilizando, igual que lo sería si lo hiciesen quienes invierten en adquirir equipos destinados a reducir sus consumos energéticos.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes instan al Gobierno a que apruebe una ley de cambio climático y transición energética basada en la participación y el consenso, que proporcione un marco legal y financiero estable y coherente.

Listado de firmantes

Esta batería de reivindicaciones está impulsada por Amigos de la Tierra, la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación), la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (Unccue), Ecologistas en Acción, Emigrados sin Fronteras, FACUA-Consumidores en Acción, la Fundación Desarrollo Sostenible, la Fundación Renovables, Greenpeace, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y WWF España.

Junto a ellas, las asociaciones empresariales de energías renovables firmantes son la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur), Associació Eòlica de Catalunya (Eolicat), Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Clúster de la energía de Extremadura, Asociación de Profesionales de Energías Renovables en Catalunya (Aperca) y la Unión Española Fotovoltaica (Unef).

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