Tras la denuncia de algunos usuarios

La Comisión Europea investiga si Meliá ofrece precios diferentes a los clientes según su país de origen

Los supuestos acuerdos entre la cadena hotelera y los principales operadores turísticos europeos impiden a los usuarios conocer la disponibilidad real del hotel o reservar habitaciones con las mejores tarifas.

La Comisión Europea investiga si Meliá ofrece precios diferentes a los clientes según su país de origen
La CE investiga a Meliá por ofrecer precios diferentes según el país en el que se compra. | Imagen: flickr.com/davsot (CC BY-NC 2.0).

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre acuerdos para la contratación online de servicios hoteleros entre los principales operadores turísticos europeos y Meliá Hotels Internacional, al considerar que podrían contener cláusulas que discriminan a clientes por su nacionalidad o país de residencia en la fijación de precios.

El Ejecutivo comunitario ha iniciado esta investigación a raíz de las denuncias presentadas por los clientes y está relacionada con los acuerdos concluidos en materia de contratación en línea entre Kuoni, REWE, Thomas Cook y TUI y la cadena hotelera.

Bruselas ha asegurado en un comunicado que "acoge favorablemente" la iniciativa de los hoteles "para desarrollar e introducir mecanismos innovadores de fijación de precios que maximicen la ocupación de las habitaciones", pero advierte de que "ni los hoteles ni los operadores turísticos pueden discriminar a los clientes en función de su ubicación".

En opinión de la Comisión Europea, estos acuerdos podrían contener cláusulas que discriminan a clientes "en razón de su nacionalidad o su país de residencia", puesto que les impide "ver la disponibilidad real del hotel o reservar habitaciones a los mejores precios".

Esta situación, defiende Bruselas, podría vulnerar las normas de competencia europeas "al impedir que los consumidores reserven plazas hoteleras en las mejores condiciones ofertadas por los operadores turísticos en otros Estados miembros" debido "simplemente" a su nacionalidad o localidad de residencia.

Esta investigación ha tenido su origen, según ha explicado la propia Comisión, en la denuncia de diferentes usuarios afectados por este tipo de prácticas.

Barreras al comercio electrónico

Junto con la investigación sobre Meliá y los operadores turísticos, la Comisión Europea ha anunciado otros dos expedientes relacionados también con la posible existencia de "barreras" al comercio electrónico. En concreto, el objetivo de Bruselas es abordar los "problemas específicos de la restricción de los precios de venta al público, la discriminación por motivos de ubicación y el bloqueo geográfico".

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha detallado que las investigaciones examinan "si las empresas están contraviniendo las normas de competencia de la UE al aplicar una restricción desleal de los precios de venta al público al excluir a los consumidores de algunas ofertas a causa de su nacionalidad o ubicación".

Así, el Ejecutivo comunitario investiga a Asus, Denon & Maranz, Philips y Pioneer por restringir la capacidad de los vendedores online a la hora de fijar sus propios precios para productos electrónicos de consumo de uso muy corriente como electrodomésticos, ordenadores portátiles y productos de alta fidelidad.

En este sentido, Bruselas opina que el efecto de estas restricciones podría "agravarse" por la utilización de un software de fijación de precios que adapta automáticamente los precios de venta a los de los principales competidores.

También ha abierto una investigación sobre los acuerdos bilaterales celebrados entre Valve Corporation, propietaria de la plataforma de distribución de juegos Steam, y cinco desarrolladoras de videojuegos (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media y ZeniMax).

En concreto, el expediente se centra en las prácticas de bloque geográfico mediante las cuales las empresas impiden a los consumidores comprar videojuegos en razón de la ubicación o el país de residencia de los consumidores.

En cualquier caso, la Comisión Europea ha afirmado que la apertura de los tres expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, así como que no existe ningún plazo legal para concluirlas, pues su duración "depende de toda una serie de factores" como la complejidad del caso, la cooperación de las empresas y el ejercicio de derechos de defensa.

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