Implicará una pérdida de soberanía y una rebaja en los estándares de calidad de los productos

FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA

La asociación vuelve a mostrar su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.

FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA
Protesta ciudadana ante el Parlamento Europeo mientras la Cámara votaba para dar luz verde al tratado. | Imagen: flickr.com/eci_ttipf (CC BY-SA 2.0).

FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Parlamento Europeo haya decidido aprobar el CETA (Acuerdos Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus siglas en inglés). Este tratado, que se ha negociado a espaldas de la ciudadanía, tendrá sin embargo una fuerte repercusión en la vida diaria de los europeos.

La aprobación del Parlamento Europeo permite la entrada en vigor parcial del tratado la próxima primavera, mientras transcurre el proceso de ratificación del mismo por todos los Estados miembro.

El CETA ha salido adelante gracias a los 408 votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Los socialistas españoles hayan decidido apoyar al PP, pese a las fuertes repercusiones negativas que tendrá en consumidores y pymes españoles. El tratado ha recibido 254 votos en contra, de los Verdes y la Izquierda Unitaria, entre otros y 33 abstenciones.

FACUA vuelve a mostrar su más profundo rechazo al CETA, un tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014 y que ahora debe ser ratificado por los miembros de la UE, que con la excusa de eliminar aranceles esconde una rebaja en los estándares de calidad y la merma en la soberanía popular, que reside en los gobiernos locales, autonómicos y nacionales.

El CETA pretende una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de la ciudadanía.

FACUA insiste en que no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.

La asociación considera escandaloso que las partes que han negociado el CETA, esto es, la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá, valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Desregulación, pollos bañados en cloro, carnes hormonadas, etc

Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en otras regiones del mundo, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA.

Así, si el CETA sale adelante, se permitirá limpiar el pollo o la ternera en cloro antes de ponerlos a la venta, con el consiguiente riesgo para la salud. También se permitiría el uso de hormonas de crecimiento en animales para consumo humano (cerdo, ternera, etc) que actualmente están prohibidas en la UE. Además, se abriría la veda en el uso de Organismos Genéticamente Modificados, los llamados transgénicos, en los productos agrícolas que provocan una alteración de todo el ecosistema en el que interactúan.

Otro ejemplo de lo que puede cambiar con el CETA es la limitación que se impondría a los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales, de género, etc en las licitaciones de prestaciones de servicios públicos. Estas licitaciones pasarían a regirse por criterios únicamente economicistas, que no contemplen otros aspectos a tener en cuenta como los mencionados anteriormente. No se podría fomentar tampoco el desarrollo local favoreciendo a pequeñas empresas o cooperativas locales tampoco, dado que estas tendrían que competir directamente con las multinacionales que por su volumen pueden ofrecer precios más bajos.

Además, el CETA contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, con jueces privados ajenos a los poderes judiciales nacionales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes multinacionales tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarán a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire. Estos sistemas de arbitraje permitirán a las empresas evitar los tribunales ordinarios de cada país.

Voto a favor del Gobierno español de espaldas al Parlamento y a la ciudadanía

Tras la aprobación del Parlamento Europeo, el CETA entrará en vigor parcialmente la próxima primavera. FACUA considera alarmante que los Europarlamentarios del PP y del PSOE hayan decidido votar a favor a pesar de que el tratado no cuenta con el respaldo del Parlamento estatal, sin que haya habido ni un solo debate en éste sobre la cuestión y después de que varios parlamentos autonómicos (Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña) se hayan opuesto al tratado tras debatirlo y votarlo.

Ahora, debe ser ratificado por el Parlamento, por lo que FACUA reclama a los grupos políticos que muestren su rechazo al CETA y defiendan los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes multinacionales.

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