Sobre FACUA

Algunas reflexiones sobre el movimiento de los consumidores en España

Hoy presenta dos características: la gran atomización existente y la ausencia de criterios legales objetivos y demostrables para medir la representatividad de las distintas organizaciones de consumidores.

Por Paco Sánchez Legrán

El desarrollo del movimiento de consumidores en España se ha ido produciendo de manera paralela al propio desarrollo de nuestra democracia y hoy nos encontramos con un abanico muy amplio de organizaciones que asumen entre sus fines la defensa y representación de los intereses de los consumidores y usuarios.

Y ello desde posiciones ideológicas o estratégicas diferentes y reconocidas a través de su inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición-Aecosan (en la que se integró el Instituto Nacional del Consumo-INC), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en los propios registros existentes también en las distintas Comunidades Autónomas.

Los varios centenares de asociaciones de consumidores que en la actualidad tienen el reconocimiento legal y están inscritas en los distintos registros correspondientes mayoritariamente se encuentran integradas o aglutinadas en torno a un grupo formado por una docena más o menos de federaciones, confederaciones u organizaciones de ámbito estatal o nacional, que en su mayoría, aunque no todas ellas, forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios de España. Éste es el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores españoles constituido en 1991, según establece el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El Consejo de Consumidores y Usuarios

El artículo 38 de la citada ley, establece que el Consejo de Consumidores y Usuarios se considera el "órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones” y dicho Consejo “integrará las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico que, atendiendo a su implantación territorial, número de socios, trayectoria en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean más representativas".

Las organizaciones de consumidores de ámbito estatal que forman parte del CCU son, por orden alfabético, las siguientes:

- Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA

- Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros – Adicae

- Asociación de Usuarios de la Comunicación - AUC

- Asociación General de Consumidores – Asgeco

- Confederación de Consumidores y Usuarios – Cecu

- Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y Usuarios – Ceaccu

- Federación de Usuarios y Consumidores Independientes - Fuci

- Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España - Unae

- Organizaciones de Consumidores y Usuarios – OCU

- Unión de Consumidores de España – UCE

A dicha relación de organizaciones, hay que unir también la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios – Hispaccop, que también forma parte del Consejo, en representación de las cooperativas de consumo.

Hay que regular la representatividad de las organizaciones

Sin embargo, después de transcurridos más de treinta años desde la aprobación de la Ley de Defensa de los Consumidores no se han regulado convenientemente los requisitos que deben reunir las asociaciones de consumidores para ser reconocidas como tales y poder disfrutar de los derechos que la ley les otorga en materia de representación institucional y en la concesión de subvenciones económicas, ni tampoco se han establecido los criterios objetivos para medir la representatividad de cada una de ellas.

Esta falta de regulación y control, que FACUA viene reivindicando en solitario, permitió que Ausbanc fuera designada por el Gobierno del PP como organización representativa de los consumidores y formó nuevamente parte del CCU en 2013, del que había sido expulsada ya en 2005 durante el Gobierno del PSOE por realizar publicidad comercial. Posteriormente y por graves irregularidades fue expulsada en 2014, tras lo cual fue dada de baja en el Registro de asociaciones de consumidores.

La falta de una regulación eficaz y la inexistencia de controles permitieron que una empresa con fines lucrativos que está en la actualidad bajo proceso judicial por organización criminal pudiera camuflarse como una asociación de consumidores sin que los gobiernos de turno lo quisieran impedir aprobando una regulación adecuada y transparente.

El escándalo de Ausbanc no debe ocultar que la falta de una reglamentación adecuada para medir los niveles de representatividad de las distintas organizaciones de consumidores, ya sea en relación al número de asociados o a los ingresos por cuotas, por poner como ejemplo de parámetros fácilmente objetivables, lleva permitiendo desde 1984 que organizaciones muy poco representativas y muy poco activas acumulen a veces los mayores niveles de representación institucional en el ámbito estatal y en el de la mayor parte de las comunidades autónomas. Todo ello en base a unos datos que ni el Gobierno central ni los autonómicos tienen interés en controlar.

Las actividades de las organizaciones de consumidores

Al margen de esta falta de control sobre los niveles de representatividad de las distintas organizaciones de consumidores de ámbito estatal, autonómicos o provinciales, una parte de dichas organizaciones está desarrollando una actividad de gran importancia en la protección de los derechos de los consumidores.

Al margen de sus debilidades, representan un claro contrapoder en el mercado frente a los intereses y abusos de la empresas gracias al esfuerzo de cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos/as con actividades voluntarias, pocos medios y pocas ayudas públicas, pero que pese a ello mantienen unas estructuras organizativas capaces de atender miles de consultas y reclamaciones de los consumidores, participar en cientos de órganos consultivos, editar publicaciones, realizar cursos de formación y otras muchas actuaciones en defensa de los intereses de los ciudadanos en su calidad de consumidores.

Sin embargo todos estos méritos no deben ocultar la necesidad de hacer los esfuerzos necesarios para superar las debilidades actuales y con ello seguir avanzando y acumulando fuerzas, fomentando al menos la unidad de acción frente a los graves abusos que se producen en el mercado.

A causa precisamente de esa gran atomización y, por ello, de debilidad que sufre el conjunto del movimiento de consumidores de España, así como de la ya indicada falta de unidad de acción, no se ha producido una reacción enérgica por parte del conjunto del movimiento de consumidores español para enfrentarse recientemente a fraudes masivos como los de Volkswagen, las preferentes o las clausulas suelo.

En todos los casos cada organización ha venido realizando actuaciones de manera separada, y que sólo en el caso de organizaciones como FACUA y algunas otras han realizado acciones importantes en defensa de los consumidores afectados por los citados fraudes masivos.

Es lamentable que la falta de una norma que regule de una manera objetiva lo que son las organizaciones de consumidores y su grado de representatividad haga que nos encontremos con un panorama en el que hay asociaciones que no tienen influencia ni presencia real en nuestra sociedad, pero que presentan unos datos de su número de asociados o de las consultas o reclamaciones que atienden claramente maquillados. Sin embargo, al no ser controladas, se les permite tener un reconocimiento institucional muy superior al que le corresponde.

Hay que hacer una reflexión y profundos cambios

Desde FACUA consideramos que la situación actual del movimiento de los consumidores en España debería llevar a una reflexión profunda por parte de las propias organizaciones y asumir que hay que realizar cambios profundos en nuestra manera de actuar.

Ello debería llevar a rechazar que la vía de las subvenciones públicas siga siendo casi la única manera de financiación de buena parte de las organizaciones de consumidores, y por tanto asumir que hay que apostar claramente por integrar a decenas de miles de ciudadanos que se asocien a nuestras asociaciones y así garantizar nuestra independencia económica frente a las prácticas de buena parte de las administraciones públicas. Éstas pretenden influir a través de las subvenciones públicas sobre qué tipo de actuaciones deben realizar las organizaciones. En al gunos casos, ayudando o favoreciendo a las asociaciones que les pueden ser más afines o que son menos criticas.

Debemos ser las propias organizaciones de consumidores las que exijamos que el Gobierno central y los autonómicos aprueben las normas necesarias que regulen bien la representación que cada organización debe tener en cada momento. E igualmente, las que rechacemos que las administraciones públicas otorguen un mayor nivel de representatividad y subvenciones a unas organizaciones en relación a otras como consecuencia de cifras maquilladas sobre sus asociados, sus locales abiertos y las consultas o reclamaciones atendidas. Las afinidades políticas o la docilidad con los partidos que gobiernan vienen provocado una serie de malformaciones o patologías que deberían ser corregidas por las propias organizaciones y así evitar que sea necesario algún tipo de intervención quirúrgica. De seguir por este camino, sólo se estaría perdiendo en credibilidad ante los ciudadanos.

FACUA ha defendido siempre la necesidad de que las organizaciones de consumidores sean celosas defensoras de su independencia en relación a todos los partidos políticos, administraciones y sectores empresariales, por entender que es necesario superar la etapa en la que los partidos políticos o gobiernos promocionaban a sus propias asociaciones de consumidores, impidiendo y distorsionando así el normal desarrollo del movimiento de defensa de los consumidores.

Nuestra organización apuesta claramente por lograr que decenas de miles de ciudadanos nos consideren una instrumento útil para ellos en la defensa de sus derechos e intereses frente a los abusos sufridos por parte de empresas y gobiernos en materia de consumo

Debemos conseguir que entiendan como algo necesario el apoyar y legitimar a FACUA, acudiendo a nuestras sedes, llamándonos por teléfono o enviándonos sus correos electrónicos para denunciarnos sus problemas, y comprendiendo que es necesario asociarse y aportar su cuota anual, además de ofrecerse a colaborar en los distintos territorios para seguir fortaleciendo a una organización activa, independiente y plural que únicamente está al servicio de la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.

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Paco Sánchez Legrán es el presidente de FACUA.

*La foto del encabezamiento es de flickr.com/61223211@N00 (CC BY 2.0).

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