Tecno

#Stop902: acabemos con el maldito prefijo

Ante la pasividad de las autoridades competentes, sólo los consumidores lograremos poner fin al fraude de los 902 si nos movilizamos y denunciamos a las empresas que utilizan estas líneas.

Por Rubén Sánchez

Los 902 son un negocio. Y no sólo para las telefónicas. Muchas de las empresas que nos obligan a llamar a líneas con este prefijo cuando tenemos un problema o necesitamos realizar una consulta ganan dinero con cada llamada que reciben. Por eso se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste para los consumidores.

El negocio es doblemente ilegal. En primer lugar, la ley no permite que el titular de una línea de tarificación especial, entre las que se incluyen los 902, ingrese dinero por recibir las llamadas. Lo deja claro el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Numeración Telefónica. Son "números de tarifas especiales sin retribución para el llamado". También lo dice el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu), que plantea que los teléfonos de atención al consumidor no pueden incorporar "un importe adicional en beneficio del empresario".

Hace dos años, FACUA denunció a dieciséis proveedores de numeraciones telefónicas por ofertar líneas 902 con el reclamo de obtener un beneficio económico por cada llamada recibida. La asociación pidió a las autoridades competentes en materia de telecomunicaciones y protección al consumidor del Gobierno y las comunidades autónomas que paralizasen estas prácticas y abriesen una investigación para determinar qué empresas estaban lucrándose al utilizar este prefijo. Parece que nadie asumió sus competencias, como es habitual ante los grandes fraudes que sufrimos los consumidores.

En agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desveló que había constatado un fraude masivo en el sector energético: al menos trece comercializadoras se habían lucrado ilegalmente a través del uso de líneas 902 al ingresar ellas mismas un porcentaje del importe de las llamadas. Pero ni hizo público sus nombres ni anunció medidas contra ellas.

En cualquier caso, reciban o no dinero por las llamadas, todas las empresas que utilizan el prefijo 902 en sus líneas de atención al consumidor incumplen la ley. La Lgdcu establece que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico. El texto transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de derechos de los consumidores (Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011).

Un análisis realizado por FACUA a finales del año pasado sobre los teléfonos de información comercial y atención al cliente de 141 empresas puso de manifiesto que más de la mitad, 75 de ellas, utilizan numeraciones que vulneran la legislación. El análisis abarcaba compañías de telecomunicaciones, energéticas, aerolíneas, aseguradoras, bancos y cadenas de establecimientos comerciales.

Así, 14 de las 19 telecos y 5 de las 30 energéticas encuestadas obligan a llamar a números de pago en determinados supuestos, pese a que se trata de los dos sectores cuya la legislación les impone que faciliten líneas gratuitas. Por otro lado, 20 de las 26 aerolíneas, 16 de las 21 aseguradoras, 8 de los 15 bancos y 12 de las 20 cadenas de establecimientos comerciales objeto del análisis imponen líneas de atención al cliente de alto coste, fundamentalmente 902, aunque también hay casos de 901 e incluso teléfonos de tarificación adicional 807.

En 2015, FACUA reclamó al Ministerio de Industria que eliminase el sobrecoste que suponen las llamadas a las líneas 902 y las equiparase a números fijos geográficos, de manera que se incluyesen también en los bonos y tarifas planas contratados por los usuarios. Tampoco esa medida se llevó a cabo.

Por si a las autoridades de protección al consumidor les quedaba alguna duda sobre la ilegalidad de los 902 debido a su sobrecoste -aunque quizás ni siquiera se han tomado la molestia de analizar el asunto-, el pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una una sentencia en la que establece que el número telefónico de los servicios postventa no deben exceder el precio de una llamada telefónica estándar.

La sentencia del TJUE se ha producido después de que el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) plantease una cuestión prejudicial para aclarar qué quiere decir la Directiva europea sobre los derechos de los consumidores cuando habla de que las llamadas a las líneas de atención al cliente no pueden superar el coste de la "tarifa básica". Según el alto tribunal europeo equivale, en el lenguaje corriente, al coste de una llamada estándar y, por tanto, debe entenderse en ése su sentido habitual. Por lo tanto, los costes facturados al consumidor no pueden superar los habituales que se le habrían cargado por una llamada a un número de teléfono fijo (geográfico) o móvil estándar.

El problema es que cientos de empresas continúan utilizando las líneas 902 pese a su clara ilegalidad. Como siempre, la pasividad de las administraciones puede acabar obligándonos a acudir a los tribunales para acabar con el maldito prefijo en los teléfonos de atención al consumidor. Algo absurdo que podría evitarse si los políticos que viven de nuestros impuestos hiciesen su trabajo y aplicasen la legislación multando a las empresas que se saltan la ley. O si las empresas actuasen con un mínimo de respeto por nuestros derechos y sustituyesen de una vez sus 902 por numeraciones geográficas o móviles. Alguna ya lo ha hecho, aunque de momento son casos demasiado aislados.

Si queremos poner fin al fraude de los 902, somos los consumidores los que debemos movilizarnos. FACUA ya ha presentado las primeras veinte denuncias a comienzos de 2017, a las que se irán sumando decenas durante este año. Exijamos a las autoridades autonómicas de consumo que actúen y señalemos a las empresas que nos obligan a asumir un sobreprecio innecesario. Si quieres participar en la movilización y la denuncia, utiliza la etiqueta #Stop902 en las redes sociales. Estaremos atentos.

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