Corrupción, democracia y consumidores

Con demasiada frecuencia aparecen noticias relacionadas con la corrupción, en un cocktail de políticos, empresarios e intermediarios, la mayor parte de las veces relacionados con el sector de la obra pública. Detrás de la noticia se esconde algo más importante que un robo, un fraude o un caso de tráfico de influencias con puertas giratorias. Lo que está en juego son los fundamentos de la propia democracia y el derrumbamiento de los valores de la sociedad.

Tradicionalmente la corrupción estaba asociada a los países subdesarrollados y a las dictaduras del Tercer mundo pero, como hemos comprobado por las denuncias de los medios, es un problema generalizado.

La corrupción es uno de esos conceptos que se definen por los medios empleados o por sus consecuencias. Con frecuencia se alude a multitud de ejemplos para poder expresar lo que significa un comportamiento corrupto. Además hay un conjunto de actores que intervienen en la corrupción, es decir el corruptor y el corrompido, existiendo una relación de condicionalidad.

La corrupción no sólo viola la legalidad vigente sino que constituye un problema ético. La prevaricación, la impunidad y el control de los órganos del Estado por los partidos políticos, junto con la administración desleal constituyen los soportes más sólidos de la corrupción.

La ONU, a través de la Unodc, subraya que "en diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia". Lo cierto es que la corrupción tiene un efecto muy negativo sobre los costes de la producción, actuando como el peor de los impuestos que soportan los consumidores y usuarios.

Varias son las formas de corrupción, dependiendo del ámbito en el que se realiza: personal, económica, corporativa, política, policial o judicial. La colusión es una de las formas más comunes de corrupción corporativa, permitiendo que varios operadores económicos establezcan secretamente acuerdos y pactos para violar la competencia y la libertad de mercado. Los cárteles, cuyo origen se remonta al período de la unificación alemana de Bismarck, junto con el dumping son formas antiguas de corrupción económica organizada.

El soborno, una forma de corrupción tan antigua como la Humanidad, no es otra cosa que una forma de corrupción para doblegar la voluntad de alguien con dádivas, promesas o recompensas con intención de obtener ventajas de toda índole para el corruptor. El nepotismo y el amiguismo, popularmente llamado el "enchufe", suponen la violación del principio de igualdad de oportunidades, otorgando ventajas personales, beneficios monetarios, sociales, promoción en la escala social, o laborales, facilitando el acceso a un puesto de trabajo sin que haya habido publicidad y valoración de méritos.

El acceso a puestos en la función pública mediante el sistema de oposiciones, violando el artículo 103.3 de la Constitución, ha dado lugar a muchas denuncias, especialmente en círculos donde existe una endogamia tradicional.

Otra forma de corrupción es el fraude, es decir, una acción deliberada con el fin de obtener una ventaja de otra persona o corporación mediando engaño. En la arena política el más conocido es el fraude electoral, comúnmente conocido como "pucherazo", por el que un grupo político obtiene una victoria lectoral sin haber respetado los principios democráticos. Pero cuando el fraude afecta a productos y servicios que se compran y venden en el mercado, el efecto negativo se traslada a los consumidores que deben soportar un precio más elevado.

La malversación, que puede afectar a la esfera privada o pública, se refiere al uso distinto del fin asignado de cantidades o productos con la intención de obtener una ventaja personal. Es una figura muy próxima a la desviación de caudales para fines distintos de los legalmente previstos. Igualmente sucede con la apropiación indebida de aquellos bienes sobre los cuales alguien tiene un poder de gestión y dispone de ellos en su propio beneficio.

El conflicto de intereses aparece cuando un individuo opta por sus intereses privados frente a su responsabilidad corporativa o pública en el ejercicio de sus responsabilidades, entrando en colisión el deber con un eventual beneficio económico, honores o mejoras sociales. El problema de las puertas giratorias de los altos cargos políticos cuando cesan en sus funciones está relacionado con el conflicto de intereses.

Los gobiernos democráticos tienen la obligación de combatir la corrupción y el crimen organizado. Curiosamente es uno de los criterios de condicionalidad que la Unión Europea impuso durante las negociaciones de adhesión de los paises de Europa Central y Oriental pero, lamentablemente, varios Estados miembros occidentales también están sumidos en numerosos casos de corrupción. El establecimiento de agencias de control es una de las formas de combatir la corrupción y, en contra de la opinión generalizada, las leyes de transparencia y los acuerdos para reforzar el derecho de los ciudadanos al conocimiento de las actividades públicas, no han contribuido a mejorar la situación.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 de septiembre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como un mecanismo a nivel mundial para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. La Unodc realiza regularmente programas de colaboración con los gobiernos. En España, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013, tiene muchas limitaciones para constituir un instrumento eficaz contra la corrupción y la delincuencia relacionada con la misma.

Desde hace años, existen varias asociaciones en forma de ONG que declaran como objetivo la lucha contra la corrupción, elaborando índices de la percepción de la corrupción en todos los países, como es el caso de Transparency International. El hecho de la simple publicación de un índice de percepción que no responde a una medición científica, porque la corrupción en la mayor parte de los casos es oculta, tiene muy corto recorrido. Igualmente los que se refieren a sectores concretos de la sociedad o del Estado.

Sería necesario, como propuse hace varios años, que el estudio se extendiera a aquellas áreas donde se puedan valorar características fácilmente identificables, como en las organizaciones regionales, las universidades, los organismos supra nacionales, las agencias internacionales y aquellos organismos que cuenten con un presupuesto propio. Existen demasiados intereses ocultos para que este sueño se convierta en realidad y el consumidor seguirá pagando gran parte de la factura de las distintas formas de corrupción.

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Carlos Puente Martín es economista, abogado y miembro de la Junta Directiva de FACUA.