Consumo la mantiene en órganos consultivos sin cumplir los requisitos

FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE

Nueva denuncia ante Consumo, que sigue sin contestar a otra de hace 8 meses contra UCA-UCE Cádiz por usar dinero público para ofertar "divorcios", promover una entidad paralela y dar servicios a empresas.

FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE
El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez.

FACUA Andalucía reclama a la Dirección General de Consumo de la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), a la que mantiene en la lista de federaciones más representativas del registro autonómico de organizaciones de usuarios pese a que no cumple los requisitos establecidos en la ley.

Ocultación de deudas para acceder a subvenciones, uso irregular de dinero público para ofertar "separaciones y divorcios" y promocionar a una entidad paralela, prestación de servicios a empresas... A las últimas irregularidades en UCA-UCE y su organización en Cádiz denunciadas por FACUA el año pasado se suma ahora el hecho de que ya no cuenta con asociaciones en las ocho provincias andaluzas. Pero Consumo la mantiene en órganos consultivos donde ya no debería estar al carecer del mínimo nivel de representatividad de los consumidores exigido por la legislación.

Ocho meses después, sigue sin dar respuesta a una denuncia

La Dirección General de Consumo sigue sin dar respuesta a la denuncia planteada por FACUA Cádiz en agosto del año pasado, en la que solicitó la expulsión de UCA-UCE Cádiz del Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. La entidad ha utilizado recursos de la asociación subvencionados por la Junta de Andalucía para ofertar servicios jurídicos que nada tienen que ver con la proteccion de los consumidores, como "separaciones y divorcios", y promocionar a una entidad que crearon de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA-UCE en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales.

La última denuncia presentada por FACUA Andalucía ante la Dirección General de Consumo está fechada el pasado 4 de abril. En ella pone de manifiesto que UCA-UCE no cumple los requisitos para estar incluida en la lista de federaciones de consumidores más representativas y, con ello, permanecer en órganos consultivos como el Consejo Económico y Social de Andalucía, el Consejo Andaluz de Consumo y sus consejos provinciales, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía o el Consejo Andaluz de Turismo, así como participar en la Junta Arbitral de Consumo.

Y es que UCA-UCE ya no cuenta con asociación en Jaén, que fue disuelta en 2016 como consecuencia de sus deudas. Pese a que Consumo tiene conocimiento de ello, no ha revocado su inscripción en el registro dentro del listado de federaciones de consumidores más representativas.

Además, FACUA Andalucía recuerda a la Dirección General de Consumo que tiene la obligación de auditar a las organizaciones de consumidores de ámbito autónomico su número de socios y los ingresos procedentes de sus cuotas, ya que para ser consideradas como más representativas deben tener al menos 10.000 asociados que abonen un mínimo de 120.000 euros anuales. El decreto de 2014 que regula el régimen jurídico y el registro autonómico de asociaciones de consumidores establece que esta auditoría debe realizarse al menos una vez cada cuatro años.

Ocultó deudas para acceder a subvenciones

El presidente autonómico UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez, ocultó las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que pesan sobre la entidad para acceder a una subvención de la Dirección General de Consumo de 128.000 euros.

El pasado octubre, la citada Dirección General resolvió de manera provisional otorgar a UCA-UCE dos subvenciones, por importes de 88.920 y 39.033 euros. Lo hizo sin verificar si la entidad cumplía los requisitos legales para acceder a ellas, pese a que la federación llevaba años sin recibir dinero público por distintas irregularidades, entre ellas hallarse inmersa en procedimientos de reintegro de subvenciones justificadas indebidamente.

Tras constatar por fin las deudas de UCA-UCE, a finales de noviembre el organismo de la Junta publicó la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a las federaciones de consumidores en la que quedó anulado el montante que tenía previsto entregarle, 127.953 euros. El dinero no fue reinvertido por la Junta en estas actuaciones para la protección de los consumidores, cuyo reducido presupuesto ha bajado aún más este año.

En los documentos por los que solicitó las subvenciones, el representante legal de UCA-UCE declaró que la entidad "cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiaria". Entre ellos, "hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social", según establece el artículo 3 de la Orden de la Junta de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Anotaciones de embargos de Hacienda, la Seguridad Social y extrabajadores

Sin embargo, según consta en el Registro de la Propiedad, la sede de UCA-UCE, ubicada en la sevillana calle Relator, tiene anotaciones preventivas de embargo por importe de 110.693 euros por deudas con Hacienda (81.085,67) y la Tesorería General de la Seguridad Social (29.607,13). El inmueble fue rehipotecado por cuarta vez en 2014.

Al menos dos extrabajadores de UCA-UCE han pedido también el embargo de sus bienes ante el impago de las deudas que les han reconocido los juzgados de lo social, superiores a los 100.000 euros. Uno de ellos logró la anotación de preventiva de embargo en la sede de UCA-UCE el pasado septiembre, por importe de 54.834 euros.

Irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas

Hace ya una década que comenzaron a salir a la luz graves irregularidades en las actividades de UCA-UCE y varias de sus asociaciones provinciales. Un informe de la Cámara de Cuentas fechado en diciembre de 2009 reveló la utilización reiterada de dinero público para fines distintos a los subvencionados.

La investigación destapó "un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas" por distintas consejerías en 2005 a UCA-UCE. En sus conclusiones se pone de manifiesto "un inadecuado uso de la figura de la subvención" como instrumento para financiar a dicha organización y "la debilidad del control interno" con ella, ya que la Junta pasaba por alto numerosas irregularidades. "No existen documentos que permitan concluir la realización efectiva de determinadas actividades" señaló el informe, que advirtió de que en los procesos de justificación "se admiten imputaciones de gastos expresamente no subvencionables", como el pago de deudas relativas a préstamos suscritos en años anteriores, "así como otros, cuya naturaleza no guarda una relación directa con la aplicación a la finalidad pretendida en la subvención, lo que podría ser causa de inicio de expedientes de reintegro".

Pese a que varias encuestas confirman que se trata de una entidad cuya existencia desconoce la inmensa mayoría de los andaluces, UCA-UCE se ha presentado públicamente durante muchos años como la asociación de consumidores más representativa de la comunidad autónoma con el objeto de que la Junta de Andalucía le otorgara más subvenciones. La administración de consumo autonómica nunca ha comprobado si el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores es real, pese a que otorga las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Tras una denuncia de FACUA Andalucía, la entonces Secretaría General de Consumo constató en 2013 que varias organizaciones provinciales de UCA-UCE no abrían sus oficinas al público el mínimo número de horas que exigía la legislación para optar a subvenciones para su funcionamiento. Además, en el caso de Córdoba, el local de la entidad era a la vez la sede de dos negocios, uno de los cuales era el despacho de abogados que regentan su presidenta y su secretaria general.

También trascendió públicamente que la Diputación de Almería pagó las facturas de la luz del domicilio del presidente de UCA Almería, José Antonio Díaz Roda, que había puesto el servicio a nombre de dicha asociación e imputó los gastos a una subvención en 2007. Díaz Roda llegó a enviar un escrito al presidente de la Diputación para pedirle que no tuviera que justificar los gastos de las subvenciones y que se les financiara sencillamente "por hacer unas actividades determinadas".

En 2015, UCA-UCE fue excluida de las dos convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía dirigidas a federaciones de consumidores de ámbito autonómico por no cumplir los requisitos que marca la ley. La entidad argumentó esta vez que la retirada del dinero público estaba motivada en sus "problemas económicos".

Denuncia contra UCA-UCE Cádiz

En agosto de 2016, FACUA Cádiz presentó una denuncia contra UCA-UCE Cádiz en la que reclama a la Junta su expulsión del registro autonómico de organizaciones de consumidores. La entidad ha venido incurriendo en actividades que la ley prohíbe a las asociaciones dedicadas a la defensa de los consumidores.

UCA Cádiz ha estado promocionando una entidad paralela, denominada Asocoes, que intenta captar afectados por fraudes para representarlos en los tribunales y que para su funcionamiento se ha servido de recursos subvencionados por la Junta de Andalucía a la Unión de Consumidores de Cádiz. La denuncia, remitida al Servicio provincial de Consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo, también señala que UCA Cádiz oferta ilegalmente "servicios de asesoramiento", "auditoría" y "acreditación de calidad" a empresas.

Se trata de prácticas que prohíbe el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Su artículo 7 establece que perderán la condición de asociación de consumidores -y por tanto no podrán presentarse públicamente como tales- por "percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas" y "autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado".

Crean una entidad paralela que compite con ellos mismos

Los responsables de la Unión de Consumidores de Cádiz utilizaron recursos de la asociación subvencionados por la Junta de Andalucía para ofertar servicios jurídicos que nada tienen que ver con la proteccion de los consumidores, como "separaciones y divorcios", y promocionar la entidad que han creado de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA Cádiz y su federación andaluza en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales.

Hasta hace unos meses, UCA Cádiz y Asocoes estaban presididas por la misma persona: el abogado Miguel Ángel Ruiz Anillo, vicepresidente autonómico de UCA-UCE según la información que facilita actualmente su página web. Asimismo, la hasta hace poco secretaria general de UCA Cádiz, la también abogada Natalia Rojo de la Rosa, ocupa el mismo cargo en Asocoes.

Pero la identificación entre ambas entidades no se ha limitado a la coincidencia en las personas al frente. UCA Cádiz y Asocoes han estado lanzando en paralelo comunicados de prensa con textos idénticos para ofrecer a consumidores y empresarios que presenten demandas judiciales con sus abogados.

Últimas expulsiones: cinco delegaciones de Ausbanc en 2014

Las últimas expulsiones del registro andaluz de asociaciones de consumidores se produjeron en julio de 2014. La entonces Secretaría General de Consumo sacó de él a las delegaciones de Ausbanc en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, después de que FACUA Andalucía denunciase que se trataba de un fraudulento negocio disfrazado de asociacion de usuarios.

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