Los consumidores andaluces denuncian que la ley de desindexación de la economía mercantiliza lo público

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía señala que las administraciones deben garantizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones, por encima de los criterios empresariales.

Los consumidores andaluces denuncian que la ley de desindexación de la economía mercantiliza lo público

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, advierte de que la ley de desindexación de la economía española aprobada en 2015 supone una mercantilización de servicios que son públicos, al dejar en manos de los propios prestadores de éstos la fijación de los precios finales.

El Consejo, integrado por las asociaciones de consumidores FACUA Andalucía, Adicae-Andalucía, Al-Andalus y UCA-UCE, tacha de ilógico el que en una época en la que la ciudadanía está exigiendo transparencia en la gestión pública, se haya optado por un modelo de revisión de precios que introduce elementos mercantilistas, propios de la política empresarial.

Las administraciones deben, alerta el Consejo, garantizar la llegada a la ciudadanía de la mayoría de las prestaciones y servicios, primando la existencia y accesibilidad de por encima de otros criterios que pudiera introducir el sector empresarial dentro de sus costes de producción.

El precio de determinados servicios de carácter público (transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua...), que son esenciales, debe ser fijado atendiendo a criterios relacionados con el 'coste de la vida', es decir, con el poder adquisitivo real de las personas, y no con otros asociados al rendimiento mercantilista de las empresas prestadoras.

Arbitrariedad en la fijación de precios

Con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española el Gobierno de España pretendía eliminar los conocidos como "efectos de segunda ronda" y otras inercias perniciosas asociadas a la revisión de precios según la inflación (IPC), estableciendo que los precios públicos solo pueden subir de acuerdo con el incremento de los costes del servicio.

Y, para sustituir al IPC, el Ejecutivo creó el Índice de Garantía de Competitividad, que se supone que tiene en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro y que limita las subidas al 2% con un suelo del 0%, lo que conlleva la imposibilidad de una reducción de precios referenciada en el mismo. Tal norma también se justificaba en algunas recomendaciones trasladadas a España desde el Consejo de la Unión Europea a este respecto.

Este índice se presentaba asimismo como referente de la contratación privada, de modo que cuando no se pacta explícitamente un régimen de revisión periódica no es factible actualización alguna, y cuando se pacta dicha actualización sin referencia a un índice concreto, la misma se referencia subsidiariamente en este nuevo índice. Tal aspecto condiciona de una forma directa los precios públicos y afecta, por tanto, a bienes y servicios de interés general como son, por ejemplo, el transporte colectivo o el suministro de agua entre otros.

El Consejo señala que el nuevo modelo de revisión de precios conduce a un sistema de valoración basado en 'costes reconocidos' como el del sector eléctrico, que más allá de controlar la inflación ha supuesto un crecimiento en España del 70% de la factura eléctrica en los últimos años. Es decir, la normativa permite a las propias empresas que fijen los precios de forma unilateral, siempre siguiendo criterios relacionados con los cambios en los costes según el principio de "eficiencia y buena gestión empresarial".

A juicio de este órgano, el problema de la ley de desindexación está en la absoluta arbitrariedad que posibilita a la hora de estimar qué son costes, cómo se miden y quién los valora.

Además, hay que señalar que el escenario inflacionista ha cambiado y que la nueva legislación ha llegado precisamente cuando el incremento del IPC resulta ser de los más bajos de los últimos tiempos, circunstancia que hubiera beneficiado a los consumidores de seguir en vigor dicho índice de referencia para la fijación de precios.

En definitiva, el Consejo considera que la ley de desindexación genera incertidumbre, indefiniciones, dificultad en la mediciones y, sobre todo, dudas respecto a la capacidad de los órganos de contratación (de carácter público) para controlar y dirigir este sistema que se ha revelado más opaco e injusto que el antiguo referenciado en el IPC.

El Consejo recuerda que con un sistema de fijación de precios por costes reconocidos, como el dispuesto para el sector eléctrico, puede darse, en servicios que son públicos, una fluctuación de precios peligrosa para cualquier economía doméstica, lo que dificulta la previsión y el consumo consciente e inteligente.

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