La asociación exige transparencia en la gestión

FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine de una vez el canon de saneamiento

Numerosos vecinos de Almendralejo están recibiendo ahora la petición de pago de esta tasa de los últimos cuatro años, pese a que debe ser finalista y nunca se ha aclarado a qué se destina.

FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine de una vez el canon de saneamiento

FACUA-Consumidores en Acción urge a la Junta de Extremadura que elimine de una vez el canon de saneamiento en esta comunidad autónoma y le exige transparencia sobre la gestión que ha hecho de esta tasa, de la que, pese a que se cobra desde 2012, no se ha explicado qué finalidad persigue ni a qué obras o mejoras de la red se ha destinado su recaudación.

La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en Extremadura, de que numerosos vecinos de Almendralejo han recibido recientemente un requerimiento para abonar las cantidades correspondientes a este canon desde 2012. Se trata de casos en los que por diversa razones ha habido devoluciones de recibos por impago y los usuarios han abonado posteriormente, pero sólo las cantidades que gestiona el Ayuntamiento, correspondientes a abastecimiento y saneamiento, pero no les cobraron el canon de saneamiento, que el Gobierno autonómico reclama ahora.

FACUA recuerda que uno de los motivos de esos impagos está la imposibilidad de hacer frente a las facturas por las dificultades económicas que numerosas familias están atravesando desde hace años. La asociación considera indignante la falta de sensibilidad del Ejecutivo al exigir ahora la devolución acumulada de unas cantidades que pueden resultar especialmente gravosas para las familias más afectadas por la crisis.

FACUA ha enviado un escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el que insiste en la falta de justificación del mencionado canon sobre el servicio del agua en esta comunidad autónoma. La asociación indica que ni el anterior Ejecutivo, del PP, que impuso el canon en 2012, ni el actual equipo de Gobierno regional, del PSOE, que lo han rebajado pero no lo han eliminado, han justificado para qué se estableció el canon, a pesar de que la legislación vigente recoge que una tasa como esta se debe imponer para un objetivo concreto y específico relacionado con el servicio que se grava, esto es, el abastecimiento de agua y saneamiento.

En este sentido, tampoco se ha explicado qué mejora se han hecho en el sistema, si hay obras que estén aún en ejecución y cuál es el criterio seguido para que la tasa se establezca en unas cantidades determinadas y no en otras, así como la decisión de rebajarla que aprobó el Ejecutivo actual a través de la Ley de medidas tributarias aprobado el pasado mes de diciembre, con los votos del PP y del PSOE. La ley recoge la rebaja del 50% del canon en 2018 y su eliminación total en 2019.

En este sentido, la asociación se ha dirigido en numerosas ocasiones a instancias de su Delegación en Extremadura al Ejecutivo autonómico para solicitar información sobre las obras hidráulicas que se han realizado con el importe recaudado mediante el canon, sin recibir respuesta en ninguna ocasión.

Extremadura comenzó a gravar el agua de uso urbano en agosto de 2012 a través de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego, pero nunca ha especificado a qué se iba a destinar el dinero recaudado. Según el Decreto 157/2012, de 3 de agosto, que regula este tipo de tasas, su objetivo es "financiar los gastos necesarios para la construcción, gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas soportadas por la Comunidad Autónoma de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua".

Desde entonces hasta ahora, el canon sólo aparece regulado en cuanto a las cantidades a pagar, a través de medidas de índole tributaria, pero no se ha regulado el servicio ni se incluye, en la ley tributaria, explicación alguna sobre el cobro de la tasa.

Necesidad de un reglamento marco para el suministro domiciliario

Asimismo, FACUA recuerda que lleva años demandando la elaboración de un reglamento domiciliario de agua en Extremadura que recoja elementos tales como los derechos y deberes de los suministrados, las responsabilidades de las empresas de agua o las inspecciones de la administración, entre otros.

Dicha regulación debe ser además garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido explícitamente el agua como un derecho humano (resolución 64/2912) y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Ya somos 202.651