Tecno

La intimidad de lo que tenemos en nuestro ordenador personal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que los derechos están para respetarse. Por muy culpable que sea alguien, si las pruebas se obtienen lesionándolos, no pueden usarse para condenarlo.

Por Joaquín Urias

Sevilla, 2007. Un ciudadano lleva su ordenador a reparar. El aparato no tiene ninguna clave de acceso. Una vez reparado, el técnico, para controlar que funciona, abre algunos archivos. Le aparecen así una serie de fotografías pedófilas. Ante ello, lleva el ordenador a la policía. En dependencias policiales unos agentes entran en el aparato. Tanto en los archivos de documentos del disco duro como en la carpeta de recibidos del programa de intercambio de ficheros emule. Encuentran fotos pornográficas de niños y proceden a la detención del dueño del ordenador. Esas fotos servirán de prueba para condenarlo a cuatro años de prisión por posesión de material pornográfico infantil.

Desde el primer momento el acusado invoca su derecho a la intimidad y la vida privada. Aduce que la policía no podía entrar a ver el contenido de su ordenador sin autorización judicial. Sus argumentos son desestimados por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, que entienden que al llevar el ordenador a reparar sin ponerle una clave de acceso y al utilizar el programa emule, ha dado permiso para que cualquiera, incluida la policía, acceda a sus archivos.

El caso llega al Tribunal Constitucional. La doctrina de éste es firme en el sentido de que el contenido de un ordenador personal forma parte de la intimidad de su propietario y no se puede acceder al mismo sin autorización del titular o de un juez. Referido al caso, el Constitucional desautoriza al Tribunal Supremo y afirma que el llevar un aparato a reparar o el utilizar un programa de intercambio de archivos no pueden ser entendido como una autorización para que la policía entre a mirar el contenido de un ordenador personal. Sin embargo, no le da la razón al condenado, aduciendo que la urgencia por detenerlo sin que destruyera pruebas justificaba la intervención policial sin previa autorización del juez. Concluye, literalmente, que este caso es una excepción y la policía podía entrar en el ordenador sin permiso.

Detrás de esta decisión está una postura muy frecuente en nuestro Tribunal Constitucional: proclamar con fuerza los derechos fundamentales recordando su valor extraordinario como protección a los ciudadanos frente al poder, pero no aplicar esa teoría en los casos que le llegan. Su retórica la usa para quedar bien con la ciudadanía, como si fuera efectivamente el defensor de los derechos. Al mismo tiempo, como no aplica esa retórica y prefiere darle la razón a los poderes del Estado antes que a los ciudadanos, no molesta al Gobierno ni a los políticos a quienes sirve (la politización del Tribunal Constitucional y su dependencia del poder político merecen un artículo aparte).

En el caso concreto, además, se daba una circunstancia añadida de especial relevancia para un tribunal cautivo y políticamente cobarde: es un caso de pornografía infantil. En la situación actual nuestro Tribunal Constitucional jamás le daría la razón a un pedófilo, por más que se le hayan vulnerado todos sus derechos fundamentales.

Afortunadamente, en Europa no es así. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene esos miedos ni esas dependencias políticas. Así que cuando el asunto ha llegado a sus manos no ha tardado en dictar una sentencia que condena al Estado español y supone un bofetón para el Constitucional. El tribunal europeo destaca que, puesto que el ordenador estaba ya en manos de la policía, las pruebas no podían ser destruidas en el breve lapso de tiempo necesario para solicitar una autorización judicial para entrar a examinar su contenido. Es algo evidente. Algo que hasta el Tribunal Constitucional sabía. De hecho, salta a la vista que todos los jueces españoles que han intervenido en el caso han sido conscientes de que la policía había actuado ilegítimamente, vulnerando derechos fundamentales. Pero parece que para ellos el fin justifica los medios; así que no pasa nada por vulnerar los derechos de una persona, si con ello se detiene a un culpable. Sobre todo si lo hace la policía.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cambio, pone las cosas en los términos necesarios para un Estado de Derecho. Recuerda que los derechos están para respetarse y que la ciudadanía no puede quedar indefensa ante el poder. Por muy culpable que sea una persona, si las pruebas que lo demuestran se han obtenido lesionando sus derechos, no pueden utilizarse para condenarlo. La policía tiene que respetar los derechos, por mucho que le pese a nuestros tribunales.

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