Banca

Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder

Pasada la tregua que el Gobierno ha dado al sector, las entidades financieras siguen torpedeando y retrasando sus obligaciones: restituir un dinero que nunca debían haber cobrado.

Por Ángeles Castellano

La banca se resiste a perder. Durante años, los de la burbuja inmobiliaria, ofreció hipotecas a diestro y siniestro, anunciándolas a bombo y platillo con un reclamo incontestable: lo bajos que estaban los intereses. Por supuesto, los intereses de esas hipotecas que se anunciaban como queriendo decir "si no tienes una es que eres tonto" eran, además, variables (y con tendencia a ser aún más bajos). Pero claro, la banca siempre gana. O eso querían pensar los dueños. Se guardaron un as en la manga, una cláusula abusiva, que impusieron por defecto y que condenó a los firmantes a pagar de más durante lustros: la cláusula suelo, un tope mínimo de intereses obligatorios que los clientes tendrían que desembolsar independientemente de lo que ocurriese con el índice de referencia. Luego llegó la crisis, y a pesar de que el Euríbor estaba en mínimos históricos (y rozando el cero), muchos perdieron su empleo y no pudieron enfrentar sus hipotecas (también en parte, por la cláusula suelo) y hubo quienes, como sabe todo el mundo, fueron expulsados de sus casas, incluso de manera violenta, y quedaron atados a la deuda hipotecaria de por vida.

Entonces, algunos afectados por el engaño acudieron a tribunales. Y tras años de litigios y sentencias, la cosa llegó al Supremo. Era 2013, y el alto tribunal estatal decidió que, pese a que efectivamente lo que había hecho la banca con la cláusula suelo era engañar a los consumidores para cobrarles de más, prefirió protegerla. "Pobre banca", debieron pensar, "si tienen que devolver lo que han cobrado de manera abusiva y con engaño, igual se les va a pique el chiringuito". Y sentenció que, pese a ser abusiva, los bancos no tendrían que restituir todo lo que habían ingresado irregularmente, porque esto podía poner en riesgo su negocio. Años después, una instancia superior al Supremo le corrigió. Estábamos ya en 2016, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que efectivamente, los bancos engañaron a los clientes, que la cláusula suelo es abusiva, y que no les queda otra que devolverlo todo.

¡Albricias! Por fin se hace justicia, cabía pensar. Bueno, pues si la sentencia está clara y no admite recurso, ya sólo queda ponerse manos a la obra y devolver todo el dinero, sin más intermediación, sin más cortapisas. Pero claro… La banca se resiste a perder. Dado que no podían seguir apelando, decidieron pedir auxilio al Gobierno. Y éste acudió a la llamada con un Real Decreto que, en la práctica, les daba una tregua de cuatro meses (un mes para crear departamentos o mecanismos para atender las reclamaciones y tres para gestionarlas y darles respuesta).

Mientras tanto, el Banco de España había previsto en un primer momento que la banca tendría que devolver entre 5.000 y 7.500 millones de euros, aunque un tiempo después rebajó su estimación a 4.000 millones de euros. Esta cifra se acerca a los cálculos de los propios bancos, que sitúan la cantidad en 3.700 millones de euros. Obviamente, las entidades financieras no están considerando todas las hipotecas con cláusula suelo: para dar esa cifra han considerado su propia experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera de hipotecas. Pero el Gobierno la ha dado por buena, y la ha hecho suya. Sin más.

La tregua y las trabas

Con todo y con esto, la tregua a la banca se ha terminado. Y los consumidores siguen sin ver su dinero.

¿Por qué ha sido una tregua? Porque este Real Decreto prácticamente obliga a los consumidores afectados a presentar reclamaciones extrajudiciales antes de acudir a tribunales dado que, de no hacerlo, no habrá condena en costas si los bancos se allanan antes.

Desde que se conoció la sentencia del TJUE, FACUA-Consumidores en Acción puso en marcha una plataforma para asesorar y tramitar las reclamaciones de los afectados. ¿Y qué se ha encontrado? Pues un montón de trabas para decir que no o devolver lo mínimo posible. La primera, por supuesto, apurar al máximo los plazos. Esto es, dejar que pasen los cuatro meses para responder y que el consumidor no tenga mucha capacidad de respuesta. Otros, además, imponen un formulario propio que restringe los argumentos del consumidor, un formulario que exige cumplimentar datos y adjuntar documentación de la que ya dispone el banco. Si sólo te permiten responder a las preguntas que ellos mismos plantean, no puedes reclamar lo que tú quieres, sino lo que ellos te dejan. También están los que te obligan a acudir personalmente a la sucursal a tramitar la reclamación: cuanto más te restrinjan las opciones, menos reclamaciones habrá. Y esto, teniendo en cuenta la cantidad de pueblos que se han quedado sin sucursales bancarias, no es un tema menor. Además, hay ofertas trampa para que los consumidores renuncien a reclamar todo el dinero que se les debe, ofreciéndoles alternativas para ahorrarse lo que legalmente les corresponde pagar.

Pero hay más ejemplos de trabas:

Mare Nostrum, que no acepta las reclamaciones que presenten los afectados si no lo hacen en persona y en nombre propio. Es decir, si el afectado se busca un abogado o forma parte de una asociación de consumidores como FACUA y pretende que sus expertos le representen, el banco no admite la reclamación. La rechaza y vuelta a empezar.

Banco Popular, que rechaza las reclamaciones presentadas a través de las asociaciones de consumidores en nombre de sus asociados.

Unicaja, que mantiene que su cláusula suelo no es abusiva y que impone como alternativa una medida compensatoria refinanciando el préstamo a un interés inicia más bajo pero nada de devolver el dinero.

Caixabank, extremadamente selectiva con las cantidades y con los afectados a los que decide devolver el dinero.

O el BBVA, que sí devuelve lo cobrado de más por las cláusulas suelo, pero son restrictivos con los gastos de formalización de hipotecas.

El Banco de España, pese a ser el supervisor bancario, dice que no tiene competencias para multar a los bancos infractores. | Imagen: flickr.com_slasher-fun (CC BY-SA 2.0).
El Banco de España, pese a ser el supervisor bancario, dice que no tiene competencias para multar a los bancos infractores. | Imagen: flickr.com_slasher-fun (CC BY-SA 2.0).

 

Ante esta situación, FACUA denunció a los bancos que no estaban cumpliendo con su obligación. Lo hizo ante el Banco de España. Este organismo, por si alguien lo desconoce, es la máxima autoridad del sector bancario en España. En su propia web se autodefine así: es "el supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo". Y, por si aún quedan dudas, continúa definiendo sus funciones: "una labor de supervisión que trata de verificar el cumplimiento de las normas bancarias y, en particular, las contables, las relacionadas con su solvencia, las de protección de la clientela y las de transparencia hacia los mercados". Y aún va más allá: el modelo de supervisión que aplica, incluye, según ellos mismos: "Un régimen disciplinario y sancionador que puede afectar tanto a las entidades como a sus administradores".

¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta respuesta a la denuncia de FACUA por las trabas de los bancos: "Le informamos de que los hechos trasladados están siendo analizados" (…) "Sin perjuicio de lo anterior, y en relación con la posible vulneración de las disposiciones del RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias a la que se refiere en su escrito, procede señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1 y 47.3 de ese RDL, las autoridades competentes en materia de consumo son las únicas facultadas para sancionar las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios de los sectores que cuenten con regulación específica y las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios’". El Banco de España viene a decir que, sí, que bueno, que lo miran, pero vamos, que no van a sancionar. Que si los bancos han cometido alguna conducta irregular contra los consumidores (como han declarado las altas instancias judiciales) que les sancione Consumo.

En 2012, esto es, antes de que el Supremo y el TJUE dictasen sus respectivas sentencias sobre el asunto, FACUA decidió denunciar a los bancos ante las autoridades de Consumo autonómicas a cuenta de la cláusula suelo. Entonces, la respuesta generalizada fue la contraria de la que da el Banco de España hoy: que estos organismos, recordemos, encargados de vigilar y hacer valer los derechos de los consumidores, no tienen competencias en banca.

Vamos, por si alguien aún no lo ha entendido: el Banco de España dice que debe sancionar Consumo y Consumo que lo haga el Banco de España. Y así estamos, sin sanciones de ningún tipo (ni se les espera).

Pero más sorprendente ha sido la respuesta reciente del Instituto de Consumo de Extremadura a una denuncia contra Liberbank por diferentes casos de consumidores con cláusula suelo. Denuncias al banco por una irregularidad, y la autoridad competente contesta que se inhibe en favor de… ¡¡el propio banco!! Así lo dice, literalmente, en su escrito: "Le comunicamos que se ha dado traslado de su denuncia, por razones de competencia específica sobre los hechos que la motivaron, al Organismo siguiente: Departamento de Atención al cliente Liberbank".

Mientras tanto, los bancos harán el seguimiento a sus propias irregularidades

En esta espiral de dejación de funciones, por decirlo de un modo suave, al Gobierno central ha debido gustarle esta respuesta que dio el Instituto de Consumo de Extremadura, porque han decidido incorporarla a su propio plan de actuación.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno para gestionar el resarcimiento por la cláusula suelo incluía la creación de una Comisión de Seguimiento, que ahora ha sido definida y dotada de contenido en un nuevo Real Decreto. Para empezar, ya llega tarde: los bancos llevan cuatro meses haciendo de su capa un sayo sin que nadie les supervise. Para continuar, la Comisión de Seguimiento es un auténtico Caballo de Troya: trae al infractor dentro. El agente que tiene que ser supervisado, la banca, será controlado por… ¡La banca! Nada puede salir mal, es sin duda un plan sin fisuras.

Además, sólo se analizará "la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito", o sea, que las trabas, abusos y fraudes que sean denunciadas por las asociaciones de consumidores o despachos de abogados no serán contempladas.

Y por si todo esto no fuese suficiente para garantizar que la banca no salga perdiendo, aunque la Comisión de Seguimiento pusiese de manifiesto irregularidades por parte de los bancos en sus informes, no se prevé imponer sanciones económicas a los bancos.

Lo de menos, visto lo visto, es quién compondrá la Comisión: el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso Ruiz-Ojeda -que presidirá el órgano-, el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Alejandro Rubio González, un representante del Ministerio de Sanidad -entre cuyas competencias están las políticas de consumo- con rango de director general, uno del Ministerio de Justicia con el mismo rango, un representante del Consejo General del Poder Judicial, uno de la Asociación Hipotecaria Española, uno del Consejo General de la Abogacía Española y otro del Consejo de Consumidores y Usuarios (que no será FACUA).

Lo que queda por delante: vuelta a los tribunales

Llegados a este punto, a los consumidores que todavía no han recuperado su dinero no les quedará más opción que acudir a tribunales. Es bastante evidente que estos cuatro meses y dos reales decretos sólo han servido para ayudar a los bancos: han obligado a retrasar las demandas judiciales de los afectados y, han hecho que muchos consumidores acepten menos dinero del que les corresponde ante el panorama de tener que seguir litigando y gastar más esfuerzo, tiempo y recursos de los ya invertidos hasta ahora, lo que de nuevo ha beneficiado a los bancos, que con nuevas ofertas trampas han desembolsado menos de lo que les corresponde.

Ahora, en la nueva etapa (la de los juicios), también encontrarán trabas y con ellas juega la banca: los juzgados están saturados y las autoridades responsables no prevén dotarlos de más medios reales y efectivos para agilizar los trámites.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido centralizar todos los casos en 54 juzgados de primera instancia en todo el territorio estatal: esto es, un único juzgado por provincia. El plan ya ha recibido críticas desde el propio sector encargado de llevar a cabo la tarea: la Abogacía, los jueces decanos, los secretarios judiciales y las asociaciones judiciales lo cuestionan, por ser insuficientes (y no evitar así el colapso) y porque provocará una clara situación de desigualdad entre los demandantes (consumidores) y demandados (entidades financieras), ya que se generará un sobrecoste por desplazamientos, etc para defender sus intereses.

Obviamente, la banca lo sabe. Pero como todos los demás también sabemos, la banca se resiste a perder.

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Ángeles Castellano es periodista y miembro del equipo de redacción de Consumerismo.

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