Critica la falta de garantías y la desprotección de los usuarios

El Defensor del Pueblo respalda en un informe las reivindicaciones de FACUA en materia energética

La institución hace suyas las denuncias de la asociación y critica la opacidad en la contratación y la elevada fiscalidad. Pide a las Comunidades a que "tutelen adecuadamente" los derechos de los consumidores.

El Defensor del Pueblo respalda en un informe las reivindicaciones de FACUA en materia energética

El Defensor del Pueblo ha emitido un informe, titulado Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, en el que respalda las reivindicaciones que FACUA-Consumidores en Acción viene reclamando en cuestiones como la desprotección de los usuarios, la falta de garantías en las inspecciones de los contadores, o los desmedidos precios de la luz.

El estudio, publicado en mayo por la institución, se basa en unas jornadas elaboradas por el Defensor que se celebraron el 29 de marzo, y en las que participaron administraciones públicas, empresas suministradoras, expertos en materia energética y también asociaciones de consumidores, con FACUA entre ellas.

El Defensor hace especial hincapié en la necesidad de cambiar la normativa que regula el fraude en la manipulación de contadores "por considerar que las penalizaciones tienen una natraleza meramente sancionadora, y esta potestad no puede atribuirse a una empresa, pues ello socavaría los derechos a la independencia y a la imparcialidad del juzgador".

De hecho, la institución propone "dejar de atribuir presunción de validez a las inspecciones realizadas por quienes carecen de la condición de funcionario público". "En los casos en que la Administración ya ha emitido una resolución desfavorable, al dar por válida una refacturación sin pruebas, se ha recomendado revisar de oficio la correspondiente resolución", añade.

Desprotección

FACUA viene denunciando la desprotección que sufren los consumidores frente a los abusos de las grandes energéticas, los precios desmedidos de la electricidad y la escasez de facilidades ofrecidas a los hogares más vulnerables. "Las respectivas Comunidades Autónomas deben tutelar adecuadamente los derechos de los afectados", respalda el Defensor, que critica también la "falta de transparencia en la contratación" y la "elevada fiscalidad con un IVA del 21%, al que se suma un impuesto especial sobre la electricidad".

El escrito ha sido elaborado con el fin de trasladar "recomendar a las administraciones de cara al desarrollo del Real Decreto 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable", según se detalla. Además, se incluyen aspectos directamente relacionados con la factura eléctrica como la información de la misma, el consumo o el corte de suministro.

Ya somos 202.617