Tampoco aumenta los funcionarios dedicados a la lucha contra el fraude

Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%

La partida presupuestaria para políticas de consumo había disminuido este año un 3,3%. Ahora, el BOJA publica una resolución donde se recortan en 400.000 euros las subvenciones a las organizaciones de usuarios.

Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%
De izquierda a derecha, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, y la directora general de Consumo, Isabel Niñoles.

Tras anunciar la puesta en marcha de un nuevo "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta de Andalucía ha decidido recortar un 28% las partidas presupuestarias destinadas a promover acciones en defensa de los consumidores a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Así, en 2017 las tres líneas de subvenciones para el desarrollo de actuaciones desde las asociaciones y federaciones de consumidores serán recortadas en 401.069 euros. De los 1.441.000 euros presupuestados el año pasado, finalmente sólo destinó 1.273.646, un 11,6% menos. Ahora, acaba de reducir la cuantía prevista para este ejercicio a 1.039.931 euros, con lo que el recorte es ya del 27,8%. Las políticas de Consumo están en manos de la Consejería de Salud, que dirige Aquilino Alonso.

FACUA Andalucía advierte de que si ya era precario el presupuesto global para estas políticas en los últimos años, el de 2017, con una reducción global del 3,3%, no permitirá mejorarlas. No se destinan más recursos a la acción administrativa ni tampoco para reforzar el papel de las organizaciones de consumidores, apartado en el que acaba de decidirse un recorte de casi la tercera parte, tal y como refleja la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este miércoles.

No aumenta los funcionarios para luchar contra el fraude

FACUA Andalucía denuncia que la Junta recorta los presupuestos destinados a la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude mientras anuncia a bombo y platillo grandilocuentes políticas. La realidad, advierte la federación, es que el Gobierno andaluz tiene ralentizadas las políticas de consumo, para las que sigue además sin aumentar el número de funcionarios dedicados a controlar un mercado plagado de fraudes masivos y cuyo trabajo se ve frustrado por la falta de recursos. El Gobierno andaluz, critica, no está impulsando los cambios necesarios para acabar con el estado catatónico en el se encuentra la protección al consumidor en la Junta desde hace años.

Más allá de los insuficientes recursos económicos, la federación critica la falta de voluntad política para enfrentarse con contundencia ante los fraudes masivos que sufren los consumidores. En los contados casos en que la Junta emprende actuaciones ante ellos como consecuencia de las denuncias de FACUA, acaba imponiendo sanciones ridículas en comparación con el beneficio ilícito obtenido por las empresas, como ha ocurrido recientemente con las multas contra Endesa por las tarifas ilegales por el alquiler de los contadores, contra Movistar por la subida ilegal de Fusión y las anunciadas contra la banca por las cláusulas suelo.

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