Del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9

La Diputación de Sevilla se niega a cumplir sus dos condenas por irregularidades en subvenciones

FACUA Sevilla pide su ejecución. Se trata de sentencias por distribuir de forma arbitraria el dinero público y obligar a la asociación a devolver cantidades pese a que estaban correctamente justificadas.

La Diputación de Sevilla se niega a cumplir sus dos condenas por irregularidades en subvenciones
Sede de la Diputación Provincial de Sevilla. | Imagen: flickr.com/photos/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0)

FACUA Sevilla ha pedido la ejecución de las dos sentencias contra la Diputación de Sevilla por irregularidades en materia de subvenciones. La corporación provincial se ha negado a acatar ambas condenas, dictadas en septiembre y noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 tras los recursos presentados por la asociación.

La primera condena contra la Diputación pone de manifiesto el reparto arbitrario de dinero público en el que incurrió en 2015, incumpliendo las bases legales de la convocatoria de ayudas a las organizaciones de consumidores. Ese año, FACUA Sevilla decidió devolver la totalidad de las cantidades que le fueron otorgadas para no ser cómplice de las irregularidades que se habían cometido en su distribución, tal y como reconoce la sentencia. La segunda condena obliga a la corporación a reembolsar a FACUA Sevilla el importe de una subvención otorgada en 2012 que le obligó a devolver a pesar de que había sido ejecutada de acuerdo a las bases de la convocatoria.

Primera condena

Las subvenciones de 2015, cuya distribución fue anulada por el juez, fueron convocadas desde el Área de Asistencia Técnica Municipal, que puso los trabajos técnicos de valoración en manos del Servicio de Consumo, cuyo coordinador-responsable era Javier Guzmán y Piñero, vinculado a UCA-UCE, una de las entidades beneficiarias de las subvenciones. La diputada del Área de Asistencia Técnica Municipal, Ana Isabel Jiménez Contreras -actual alcaldesa de Alcalá de Guadaira-, hizo caso omiso del recurso administrativo interpuesto por la asociación. Tampoco atendieron las peticiones de FACUA Sevilla el director del Área, Emilio Carrillo, ni el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

El juez aceptó íntegramente las peticiones planteadas por FACUA Sevilla en su recurso y condenó en costas a la Diputación. Así, quedó anulada la resolución por la que se distribuyeron 54.000 euros entre tres entidades de forma absolutamente arbitraria, incumpliendo sus propias bases legales. El dinero público que fue otorgado irregularmente en octubre de 2015 tenía por objeto la puesta en marcha de puntos de información al consumidor en cerca de una treintena de localidades ese año y en 2016.

En la sentencia, fechada el 21 de septiembre, el juez determina que "procede acoger el planteamiento anulatorio que formula la recurrente por la ausencia de motivación de la resolución impugnada. Es obligación de la Administración la motivación de los actos administrativos de conformidad con el artículo 54 de la Ley 30/1992". "En efecto", señala el auto, "la resolución no realiza valoración alguna, ni se ha realizado algún tipo de puntuación sobre los programas presentados, lo que incumple claramente las bases de la propia convocatoria, y el Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación de Sevilla y la Ley General de subvenciones, por lo que debe ser anulada".

Pese a que debían otorgarse atendiendo a una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, el magistrado pone de manifiesto que "la concesión de la subvención se limita a dividir la partida presupuestaria entre los municipios afectados y estos entre las tres organizaciones de consumidores concurrentes [FACUA Sevilla, UCA-UCE Sevilla e Hispalis] sin valorar programas presentados ni cuantías".

En el expediente administrativo de las subvenciones consta un informe remitido el pasado 30 de diciembre por la directora general del Área de Cultura y Ciudadanía a la del Área de Concertación donde se reconocía que, "interpretando estrictamente la convocatoria", lo procedente era "estimar el recurso presentado por FACUA". Sin embargo, se optó por el silencio administrativo y seguir adelante con la concesión irregular del dinero público, por lo que FACUA Sevilla devolvió íntegramente los 11.571,43 euros que le había adelantado la Diputación para el desarrollo de las actividades y acudió a los tribunales.

El citado documento que la Diputación tuvo que aportar al juzgado ponía de manifiesto incluso que las asociaciones de consumidores sólo podrían justificar los gastos derivados de las subvenciones otorgadas si cometían irregularidades. Y es que en su criterio arbitrario para la distribución de los gastos, el organismo había decidido que la atención de los puntos de información al consumidor en distintos municipios de la provincia tendría un coste superior al que las entidades habían presupuestado. "Se desconoce cómo se justificará este mayor importe concedido", señalaba el informe de la Diputación.

Segunda condena

La segunda condena, dictada también por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9, insta a reintegrar a FACUA Sevilla los 15.437,54 euros que la Diputación le obligó a devolver irregularmente. Se trata del importe de una subvención, más sus intereses de demora, otorgada en 2012 y que había sido ejecutada por la asociación de acuerdo a las bases de la convocatoria.

La subvención, de 14.666,66 euros, resuelta en noviembre de 2012 para ser ejecutada durante 2013, contemplaba el desarrollo de programas de formación e información a los consumidores en varias localidades de la provincia de Sevilla a través de los llamados Puntos de Información al Consumidor.

FACUA Sevilla ejecutó el proyecto correctamente desde el pago del primer plazo de subvenciones, que se produjo el 17 de enero de 2013, tal y como contemplaban las bases reguladoras de la convocatoria. La asociación comunicó a la Diputación la fecha de inicio de las actividades que se realizaron en cada uno de los municipios. Tras la finalización de la totalidad de las actividades subvencionadas, presentó la justificación del proyecto dentro del plazo de tres meses que marcaban las bases, sin cometer ninguna irregularidad.

Sin embargo, FACUA Sevilla recibió en junio de 2014 un requerimiento de subsanación por parte de la Diputación, en el que se le indicaba que se habían entregado justificantes de meses comprendidos fuera del periodo de ejecución del proyecto y que la justificación no se había presentado en el plazo indicado. Pese a las sucesivas alegaciones presentadas por la asociación, finalmente la Diputación requirió la devolución del importe otorgado por la subvención (del que tan sólo se había hecho efectivo el 50%) en junio de 2015 y le notificó la pérdida del derecho a cobro del resto.

FACUA Sevilla decidió entonces atender la demanda de reintegro de la Diputación, para evitar perjuicios posteriores, pero también acudió a los tribunales, que ahora le han dado la razón. La sentencia recoge que "no se ha incumplido la obligación de justificar extemporáneamente la subvención", como denunciaba FACUA Sevilla. Asimismo, indica que "se deduce que el plazo [de un año para ejecutar las actividades] es del proyecto en su conjunto y no de cada uno de los proyectos que se vayan realizando".

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