La asociación denunció que propicia paraísos regulatorios

FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado

Admite parcialmente un recurso del Parlamento de Cataluña y considera que contraviene el principio de territorialidad de la competencia "implícito al sistema de autonomías territoriales" contenido en la CE.

FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado

FACUA-Consumidores en Acción celebra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulos varios preceptos clave de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, por entender que contraviene el principio de territorialidad de la competencia "implícito al propio sistema de autonomías territoriales" contenido en la Constitución.

El fallo del Constitucional, aprobado por unanimidad, estima parcialmente el recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 20/2013, aprobada en su día sólo con los votos del PP. Todos los grupos de la oposición entendieron que la norma vaciaba de competencias a las comunidades autónomas. También FACUA presentó un informe ante el ministerio de Economía y Competitividad, en el que, entre otras cuestiones, advertía de que la norma vulneraba competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional declara nulos los artículos 19 y 20, así como parte del artículo 18, que regulan la eficacia supraterritorial de las normas y actos de las comunidades autónomas para la producción o puesta en el mercado de un producto o servicio en cualquier parte del territorio español.

Con el pretexto de facilitar el desarrollo de la actividad económica, la ley sitúa la "unidad de mercado" por encima del propio modelo de Estado. Pretendiendo eliminar obstáculos, lo que la norma elimina son, según el Constitucional, competencias que son propias de las comunidades autónomas.

FACUA denunció que esta ley favorecía paraísos regulatorios para las empresas, que, amparadas en el principio de unidad de mercado, podrían radicar sus domicilios sociales en aquellas comunidades menos reguladas y que exigen menos requisitos, aunque operasen en cualquier punto del territorio. Esta circunstancia, además de vulnerar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, suprimía garantías para los usuarios y favorecía, en la práctica, la desregulación y, por ende, la desprotección del consumidor.

Incluso, según entiende el TC, lejos de simplificar, "el resultado es que el principio de eficacia nacional abre la posibilidad de que hasta diecisiete normativas distintas de las diversas comunidades autónomas actuando como comunidades de origen se apliquen en un mismo territorio de destino".

En este sentido, la ley dotaba de eficacia en todo el territorio nacional a las decisiones tomadas por la Administración de una sola comunidad autónoma, sobre la base de un criterio de confianza mutua. El TC ha anulado el artículo 19, que permitía que un operador económico legalmente establecido en algún lugar del territorio español pudiera "ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen".

Otro de los artículos anulados, el 20, establecía que las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas por un operador en una comunidad autónoma "tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional", sin que se le puedan exigir trámites adicionales en las comunidades autónomas a las que se destinen los productos o servicios.

Y el artículo 18, en las letras b), c) y e) del apartado 2, fijaba como limitantes de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación que consagra la norma, y por tanto proscritas a los efectos de la Ley de Unidad de Mercado, los requerimientos técnicos, legales, administrativos, de formación específicos de cada comunidad autónoma.

El TC avala, con su sentencia, "la constitucionalidad del principio de eficacia en todo el territorio nacional sólo para aquellos casos en los que exista un mínimo estándar normativo común o equivalente aplicable por las comunidades autónomas; pero no en aquellos otros en los que no existe esa normativa común o equivalente".

La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, incluida en el programa electoral del PP, fue una de las reformas más relevantes del plan nacional remitido a Bruselas. Con esta ley, el Gobierno pretendía elevar el PIB un 0,15% anual (1.500 millones de euros).

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