Los hechos sancionados se produjeron entre 2013 y 2015

El Ayuntamiento de Barcelona multará con 7 millones de euros a FCC por inflar las facturas de la basura

El gobierno de Colau impone la mayor sanción posible por el presunto fraude. La empresa falseó los datos de los residuos retirados de las calles con el objetivo, presuntamente, de recibir más dinero.

El Ayuntamiento de Barcelona multará con 7 millones de euros a FCC por inflar las facturas de la basura

El Ayuntamiento de Barcelona multará a la empresa FCC con siete millones de euros por el fraude cometido en la recogida de basuras entre 2013 y 2015, según ha publicado el diario El País. La empresa falseó los datos de los residuos retirados de las calles para inflar la factura que debía pagar el Ayuntamiento. El pleno municipal del viernes debatirá la propuesta de sanción y el gobierno de Ada Colau espera reunir el apoyo suficiente para aprobarla. La empresa podrá presentar un recurso de alzada contra el acuerdo plenario.

Tras revelar El País los hechos, el Ayuntamiento inició una investigación interna y sus conclusiones las trasladó a la Fiscalía, que investiga si la empresa cometió fraude. El consistorio cifró en 3,3 millones el fraude de FCC: 1,2 millones corresponden a irregularidades en los servicios prestados, al sacar a la calle un número inferior de trabajadores del previsto; y los otros 2,1 millones corresponden a la penalización prevista por no informar de no prestación del servicio.

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, al que cita el periódico, ha explicado que la cifra de siete millones es la más alta que permite la ley de acuerdo con el contrato de FCC. Cinco millones corresponden a la sanción y dos por daños y perjuicios, en resarcimiento por los servicios cobrados y no prestados.

El gobierno de Colau trata, con esta sanción, de enviar un mensaje de contundencia contra el fraude y de confianza en que servirá para disuadir a ésta y otras empresas de volver a cometer este tipo de irregularidades. Según el Ayuntamiento de Barcelona, no hay motivo para la rescisión del contrato, por el volumen de las cantidades supuestamente defraudadas, apenas un 0,7% del volumen de los residuos gestionados. Sin embargo, ésa es una puerta que se mantiene abierta, a la espera de la investigación de la Fiscalía.

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