Sobre FACUA

Fraudes masivos, multas de risa

Las autoridades de consumo responden a los macrofraudes mirando hacia otro lado o imponiendo sanciones absolutamente ridículas, saltándose la legislación que tienen la responsabilidad de aplicar.

Por Rubén Sánchez

25.000 millones de dólares -unos 21.000 millones de euros al cambio actual-. Es la cantidad que desembolsará Volkswagen en Estados Unidos tras un acuerdo con el Gobierno por haber manipulado el software de los motores de sus automóviles diésel para que los controles de homologación no detectaran que sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) se saltaban la legislación. Se trata de la sanción más elevada asumida por una empresa en todo el planeta, que suma 2.800 millones de dólares, el pago de 4.700 millones en programas para mitigar la contaminación del aire de estos coches y en inversiones en tecnología de vehículos verdes más un fondo de 17.500 millones de dólares para compensar a los 500.000 consumidores y a los concesionarios afectados allí.

Volkswagen manipuló los motores de unos 11 millones de vehículos a nivel mundial. En España hay alrededor de 700.000 conductores afectados, pero la respuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas no se ha parecido demasiado a la de EEUU. Más bien, ha sido radicalmente opuesta. Cuando trascendió el escándalo, el Ministerio de Industria llegó a prometer a la multinacional que le aumentaría las subvenciones si mantenía las inversiones que tenía previstas. Ningún ministro ni consejero autonómico con competencias en medio ambiente, sanidad, industria o protección de los consumidores instó siquiera a la empresa a indemnizar a los afectados por el fraude, por lo que todo dependerá de lo que se decida en los tribunales -FACUA representa a 7.000 afectados en la causa abierta en la Audiencia Nacional-. Las únicas multas que han trascendido hasta la fecha son las que está empezando a imponer el Instituto Galego de Consumo, una por cada conductor afectado que denuncie el fraude ante el organismo: la primera, de 33.800 euros, el doble del valor del automóvil trucado.

Y es que en España, las autoridades de consumo responden a las denuncias por macrofraudes mirando hacia otro lado o, en el mejor de los casos, imponiendo multas absolutamente ridículas, saltándose la legislación que tienen la responsabilidad de aplicar. Una legislación que, en función de la comunidad autónoma, plantea la posibilidad de incluir en la sanción el comiso de entre una y diez veces la cantidad defraudada.

Pero la realidad es que la cuantía de las multas suele ser inversamente proporcional a las dimensiones del fraude, y acaban pagando más pequeñas empresas por una infracción cometida con un consumidor que grandes multinacionales que incurren en fraudes masivos, a las que les caen sanciones de risa. De risa para los defraudadores, porque no tiene ninguna gracia que un banco, una eléctrica o una compañía de telefonicaciones cometa irregularidades que les reporten beneficios de decenas, miles o incluso decenas de miles de millones de euros -como ha ocurrido con la cláusula suelo- y quien se atreve a sancionar lo haga con importes que pueden llegar a representar tan sólo el 0,0000001% de lo robado.

Las competencias

Las competencias en materia de consumo en el Gobierno de España están en manos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que cuenta con una Secretaría General de Sanidad y Consumo y un organismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). La capacidad de imponer sanciones económicas por vulneración de la legislación de defensa del consumidor está exclusivamente en manos de las comunidades autónomas. Algo que debería revisarse, teniendo en cuenta que con la normativa actual, para multar como corresponde un gran fraude sufrido por consumidoresde toda España, las diecisiete autoridades de consumo autonómicas tendrían que abrir diecisiete expedientes sancionadores e imponer diecisiete multas, proporcionales al número de afectados en cada uno de sus territorios. Hoy por hoy, sería mucho más eficaz que un organismo estatal tuviese competencias para sancionar los fraudes a los consumidores que trasciendan de una sola comunidad. Mucho más eficaz si el Gobierno de turno tuviese una voluntad real por defender los intereses de los usuarios y poner freno a los crecientes fraudes que se producen en el mercado.

El Ministerio competente -es un decir- y la Aecosan ni siquiera impulsan y coordinan medidas de forma sistemática y eficaz con las comunidades para que éstas tramiten las denuncias y multen a las empresas que incurren en fraudes de los que son víctimas consumidores de todo el país. Y, salvo casos anecdóticos, el Ministerio de Sanidad y la Agencia tampoco ejercen sus competencias para instar a las empresas al cumplimiento de la legislación de consumo y llevarlas a los tribunales si se niegan a hacerlo.

En el caso de las comunidades autónomas, son lentas porque carecen de recursos, pero además suelen eludir sus competencias sancionadoras. Son muchas las denuncias en las que la autoridad de consumo autonómica de turno las deriva a otra administración o insta a los denunciantes a acudir a los tribunales. Y cuando aplican multan, las cuantías son vergonzantemente reducidas.

El ranking de multas, penoso

Desde la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984 y sus posteriores versiones autonómicas, la multa más alta impuesta a una empresa por vulnerarlas nunca ha alcanzado los mil millones de euros. Ni los cien. Vaya, ni siquiera se ha rebasado la barrera de los diez. Lo máximo han sido los 6,23 millones con los que la Junta de Andalucía sancionó a Telefónica a finales de 2016 por la subida de tarifas de Movistar Fusión tras la denuncia interpuesta por FACUA al incumplir la promesa de que las mantendría "para siempre". La cifra se alejó mucho de los más de 70 millones obtenidos por la compañía hasta entonces como beneficio ilícito en Andalucía por esa subida, a las que han seguido varias más.

El segundo lugar en este ranking de minimultas lo ocupa también Movistar por los 2,9 millones impuestos por Comunidad de Madrid en 2007 por el redondeo al alza en la facturación de las llamadas -también se sancionó a Vodafone y Orange, con cantidades aún más bajas-. Se trata de otro fraude denunciado por FACUA que cada año reportaba a las compañías de móvil más de mil millones de euros. El importe equivalía a lo que recaudaba la empresa en un par de días con el redondeo.

La tercera multa de mayor importe ha sido para Endesa, sancionada por la Junta de Andalucía con 1,6 millones por haber defraudado alrededor de 400 millones en la comunidad autónoma durante una década al haber subido unilateralmente la potencia contratada a cientos de miles de usuarios.

Y a estas cifras récord -de lo penoso- hay que añadir el hecho de que en los pocos los casos en que se imponen las multas por los grandes fraudes, en raras ocasiones los gobiernos autonómicos las dan a conocer públicamente. Y a veces lo hacen porque no tienen más remedio, cuando tienen que ser aprobadas por sus consejos de gobierno debido a que por su cuantía la normativa obligue a que pase por ese trámite.

En definitiva, la prioridad de la gran mayoría de los políticos responsables de la protección de nuestros derechos como consumidores viene siendo, desde hace mucho, la de no dañar ni las cuentas de resultados ni la imagen de nuestros defraudadores.

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