Desde este jueves 21 de septiembre

El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas

FACUA reitera su rechazo a que el Gobierno apoye un tratado que contempla una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, y que no busca beneficiar a la población.

El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas
Las reacciones contra el CETA se han sucedido en toda Europa durante los últimos meses. | Imagen: flickr.com/photos/campact (CC BY-NC 2.0).

Pese al las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se va a aplicar provisionalmente desde este jueves 21 de septiembre, a la espera de que todos los países del bloque comunitario ratifiquen las disposiciones que afectan a las competencias nacionales, como la más polémica que prevé la creación de un tribunal de inversiones.

El acuerdo fue firmado el pasado 30 de octubre en Bruselas en una cumbre a la que asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero antes fue necesario pactar una declaración "aclaratoria" adjunta al tratado que atiende a las preocupaciones expresadas por algunos Estados miembros.

De esta forma, desde este jueves se aplicará el 98% del pacto de libre comercio, a la espera de que todos los Estados miembros completen los procedimientos nacionales de ratificación. Hasta ahora sólo lo han hecho Letonia, Dinamarca, España, Croacia, Malta y Portugal este miércoles.

FACUA insiste en que el CETA pretende una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de los consumidores.

Por ello, la asociación vuelve a mostrar su más profundo rechazo a un acuerdo que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014, y que con la excusa de eliminar aranceles esconde una rebaja en los estándares de calidad y la merma en la soberanía popular, que reside en los gobiernos locales, autonómicos y nacionales.

Así, FACUA sostiene que el tratado no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.

Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en otras regiones del mundo, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA.

En España, los parlamentos autonómicos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se han opuesto al tratado tras debatirlo y votarlo.

Según datos del Ejecutivo comunitario, un total de 5.449 empresas españolas exportan a Canadá, de las que un 91% son pequeñas y medianas empresas. Los principales productos que se exportan al país norteamericano desde España son fruta, carne de cerdo, vino, vinagre, pimientos y componentes de ascensores y aviones, entre otros.

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