Prepara un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Consumidores

El Gobierno intenta tumbar en el TC la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura

Convoca a la Comisión Bilateral Estado-Extremadura para plantear una negociación antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad. FACUA pide formar parte de la negociación como parte interesada.

El Gobierno intenta tumbar en el TC la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura aprobada por la Asamblea extremeña en mayo, que obligaba a todas las gasolineras de la comunidad autónoma a contar al menos con un empleado. La asociación considera que el Gobierno, con esta actitud, defiende los intereses de las empresas y se opone a los de los consumidores.

Aquel acuerdo, largamente reivindicado por la delegación de FACUA en Extremadura, daba un paso más en la defensa efectiva de los consumidores. La obligación de que al menos un empleado atendiera las gasolineras permitía a los usuarios pedir facturas o presentar hojas de reclamaciones, cosa que no podrían hacer en el caso de que aquéllas estuvieran desatendidas. También garantizaba la seguridad de los usuarios, que no tendrían que manipular un producto abrasivo, y permitía controlar quién, cuánto y de qué modo compraba combustible. De manera especial, la modificación estaba pensada para las personas con discapacidad que, pudiendo conducir no pudieran repostar por sus propios medios.

El Gobierno, con su intención de que se declare inconstitucional y por tanto se anule la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, persigue desandar lo andado en materia de protección de los consumidores. No es la primera vez que el Gobierno se posiciona abiertamente a favor de que existan gasolineras desatendidas, es decir, que funcionen sin empleados durante todo o parte de su horario de apertura.

En este sentido, la asociación entiende que le da prioridad a los intereses de las empresas y la libre competencia, conforme al criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), perjudicando en este caso los interfeses económicos y sociales de los usuarios y consumidores.

Con su actitud, el Gobierno del PP invade, en opinión de la asociación, las competencias en materia de Consumo, que están transferidas a las comunidades autónomas. FACUA, además, no entiende el empeño del Gobierno en anular la modificación del Estatuto de Consumidores de Extremadura, cuando existen normativas similares en varias comunidades autónomas, que también obligan a tener atendidas por al menos un empleado las gasolineras.

El Gobierno, como paso previo para tratar de tumbar en el Tribunal Constitucional el acuerdo adoptado por la mayoría de la Cámara autonómica, ha planteado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estrado y Extremadura, una negociación para tratar de resolver discrepancias en relación con la modificación del Estatuto de los Consumidores de esta comunidad autónoma.

FACUA desconfía de la voluntad del Gobierno central para llegar a un acuerdo y entiende que el Ejecutivo de Rajoy únicamente está siguiendo los pasos que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, para plantear el recurso de inconstitucionalidad una vez pasados tres meses desde la aprobación de la ley que se pretende recurrir. Dispone para ello de 9 meses desde la aprobación de la ley, "si con la finalidad de evitar el recurso" plantea una negociación en el seno de la Comisión Bilateral. Y eso es lo que ha hecho.

La asociación pide, no obstante, participar en la negociación que se plantee, como parte interesada al representar los intereses de los consumidores.

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