Jueza investiga al presidente de UCA-Cauce tras la denuncia de un asesor jurídico por "coacciones"

Es uno de los numerosos trabajadores que vienen reclamando salarios impagados desde hace años por la entidad que preside Juan Moreno Rodríguez, declarada insolvente el pasado mayo por un juzgado de Sevilla.

Jueza investiga al presidente de UCA-Cauce tras la denuncia de un asesor jurídico por "coacciones"
El presidente de UCA-Cauce, Juan Moreno Rodríguez (derecha), durante una comparecencia en el Parlamento junto a su vicepresidente, Miguel Ángel Ruiz Anillo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla investiga al presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-Cauce), Juan Moreno Rodríguez, por la denuncia por "coacciones" presentada por un abogado del departamento jurídico de la organización.

En un auto fechado el pasado 18 de septiembre, del que se ha hecho eco la agencia Efe, la jueza María de los Reyes Flores acuerda incoar diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el asesor jurídico ante hechos que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Moreno fue citado a declarar como investigado el pasado 19 de octubre, pero el interrogatorio fue pospuesto a petición del presidente de UCA-Cauce, que ha negado las acusaciones. La nueva fecha está aún pendiente de determinar.

La denuncia que investiga la jueza indica que UCA-Cauce adeuda "más de 100.000 euros" al asesor jurídico en concepto de honorarios. Se trata de cantidades reconocidas en 12 fallos judiciales, ocho de ellos dictados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla y cuatro de diversos juzgados de lo Social y de primera instancia.

El denunciante es uno de los numerosos trabajadores con los que UCA-Cauce ha incurrido en el impago de salarios desde hace años. Las cantidades que reclaman los afectados suman varios cientos de miles de euros. Una de las demandas judiciales que han interpuesto provocó que el pasado el pasado 3 de mayo el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla declarase insolvente tanto a UCA-Cauce como a una sociedad instrumental administrada por la entidad, Ediuca SL.

El asesor jurídico que acusa a Moreno de coacciones señala que a raíz de recibir las notificaciones judiciales que le instan a pagarle, el presidente de UCA-Cauce le "ha bloqueado la cuenta de correo electrónico profesional para atender a los asociados y clientes y recibir notificaciones de sentencias" y "ha cambiado la cerradura" de su despacho impidiendo su acceso a su ordenador personal que se encuentra dentro, sin que exista "ninguna notificación ni título legal que le impida entrar al denunciante".

El abogado asegura que el presidente de UCA-Cauce le ha "coaccionado" advirtiéndole de que "si no retira las juras de cuentas" por el impago de sus honorarios en diversos procedimientos judiciales "va a seguir perjudicándole en su trabajo". Moreno "ha comenzado a enviar e-mails desde mi ordenador personal", indica el letrado en su denuncia, "y haciendo uso de mis contactos personales y profesionales, sin mi consentimiento, a dirigirse uno a uno a todos mis clientes, y personas que no son asociadas de dicha organización, inventando unos supuestos hechos e invitándoles por escrito a que me denunciaran".

El asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Andalucía presentó una segunda denuncia el 18 de octubre, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, en la que acusa a Moreno de un delito de "descubrimiento de secreto". Y ello al tener conocimiento de que desde su ordenador personal, en la sede de UCA-Cauce, su presidente ha enviado correos a contactos "personales y profesionales" del abogado convocándoles a una reunión el 25 de octubre cuyo orden del día se centra en supuestas "incidencias del letrado" denunciante "con algunos socios" y "decisiones a tomar al respecto".

En su segunda denuncia, el abogado sostiene que Moreno ha hecho un "uso doloso" de sus datos y de terceras personas "con el único fin de perjudicar" y ha "orquestado una venganza" desde la sede de UCA-Cauce con la "intención de eludir el pago de los honorarios debidos".

Condena por mobbing en 2008

En 2008, UCA fue condenada por el despido improcedente y el acoso laboral al que Juan Moreno sometió a su antigua jefa de prensa, A.T.P., a la que la entidad tuvo que indemnizar con 42.000 euros. El TSJA ratificó una sentencia dictada en 2004 por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, en la que se declaraba acreditada la existencia de practicas de mobbing contra la periodista, que había trabajado para la entidad desde 1992.

Moreno es ya, según el asesor jurídico que lo ha denunciado ahora por coacciones, la única persona que trabaja en la sede de UCA-Cauce, ubicada en el número 30 de la sevillana calle Relator. Según consta en el Registro de la Propiedad, el inmueble tiene anotaciones preventivas de embargo por importe de 134.529 euros por deudas con Hacienda (81.085,67 euros) y la Tesorería General de la Seguridad Social (53.443,77 euros), a los que se suman otros 54.834 adeudados a uno de sus trabajadores. La sede fue rehipotecada por cuarta vez en 2014.

Ocultó deudas para acceder a subvenciones

El año pasado, Moreno ocultó a la Junta de Andalucía las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que pesan sobre UCA-Cauce para acceder a una subvención de la Dirección General de Consumo de 128.000 euros.

En octubre de 2016, la citada Dirección General resolvió de manera provisional otorgar a UCA-Cauce dos subvenciones, por importes de 88.920 y 39.033 euros. Lo hizo sin verificar si la entidad cumplía los requisitos legales para acceder a ellas, pese a que la federación llevaba años sin recibir dinero público por distintas irregularidades, entre ellas hallarse inmersa en procedimientos de reintegro de subvenciones justificadas indebidamente.

Tras constatar por fin las deudas de UCA-Cauce, a finales de noviembre el organismo de la Junta publicó la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a las federaciones de consumidores en la que quedó anulado el montante que tenía previsto entregarle, 127.953 euros. El dinero no fue reinvertido por la Junta en estas actuaciones para la protección de los consumidores.

En los documentos por los que solicitó las subvenciones, el representante legal de UCA-Cauce declaró que la entidad cumplía "los requisitos para obtener la condición de beneficiaria". Entre ellos, "hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social", según establece el artículo 3 de la Orden de la Junta de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en 2009

Hace ya una década que comenzaron a salir a la luz graves irregularidades en las actividades de la Unión de Consumidores de Andalucía y varias de sus asociaciones provinciales. Un informe de la Cámara de Cuentas fechado en diciembre de 2009 reveló la utilización reiterada de dinero público para fines distintos a los subvencionados.

La investigación destapó "un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas" por distintas consejerías en 2005 a la entonces denominada UCA-UCE. La entidad formaba parte de la Unión de Consumidores de España (UCE), de la que Moreno llegó a ser secretario general y que cesó su actividad en 2013. Ahora UCA es miembro de una organización de ámbito estatal denominada Cauce, impulsada por la organización andaluza y algunas de otras comunidades que estaban ingregadas en la desaparecida UCE.

En las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto "un inadecuado uso de la figura de la subvención" como instrumento para financiar a UCA y "la debilidad del control interno" con ella, ya que la Junta pasaba por alto numerosas irregularidades. "No existen documentos que permitan concluir la realización efectiva de determinadas actividades" señaló el informe, que advirtió de que en los procesos de justificación "se admiten imputaciones de gastos expresamente no subvencionables", como el pago de deudas relativas a préstamos suscritos en años anteriores, "así como otros, cuya naturaleza no guarda una relación directa con la aplicación a la finalidad pretendida en la subvención, lo que podría ser causa de inicio de expedientes de reintegro".

Pese a que varias encuestas confirman que se trata de una entidad cuya existencia desconoce la inmensa mayoría de los andaluces, UCA se ha presentado públicamente durante muchos años como la asociación de consumidores más representativa de la comunidad autónoma con el objeto de que la Junta de Andalucía le otorgara más subvenciones. La administración de consumo autonómica nunca ha comprobado si el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores es real, pese a que otorga las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Tras una denuncia de FACUA Andalucía, la entonces Secretaría General de Consumo constató en 2013 que varias organizaciones provinciales de UCA no abrían sus oficinas al público el mínimo número de horas que exigía la legislación para optar a subvenciones para su funcionamiento. Además, en el caso de Córdoba, el local de la entidad era a la vez la sede de dos negocios, uno de los cuales era el despacho de abogados que regentan su presidenta y su secretaria general.

También trascendió públicamente que la Diputación de Almería pagó las facturas de la luz del domicilio del presidente de UCA Almería, José Antonio Díaz Roda, que había puesto el servicio a nombre de dicha asociación e imputó los gastos a una subvención en 2007. Díaz Rodallegó a enviar un escrito al presidente de la Diputación para pedirle que no tuviera que justificar los gastos de las subvenciones y que se les financiara sencillamente "por hacer unas actividades determinadas".

En 2015, UCA fue excluida de las dos convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía dirigidas a federaciones de consumidores de ámbito autonómico por no cumplir los requisitos que marca la ley. La entidad argumentó esta vez que la retirada del dinero público estaba motivada en sus "problemas económicos".

Denuncia contra UCA Cádiz

En agosto de 2016, FACUA Cádiz presentó una denuncia contra UCA Cádiz en la que reclama a la Junta su expulsión del registro autonómico de organizaciones de consumidores. La entidad ha venido incurriendo en actividades que la ley prohíbe a las asociaciones dedicadas a la defensa de los consumidores.

UCA Cádiz ha estado promocionando una entidad paralela, denominada Asocoes, que intenta captar afectados por fraudes para representarlos en los tribunales y que para su funcionamiento se ha servido de recursos subvencionados por la Junta de Andalucía a la Unión de Consumidores de Cádiz. La denuncia, remitida al Servicio provincial de Consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo, también señala que UCA Cádiz oferta ilegalmente "servicios de asesoramiento", "auditoría" y "acreditación de calidad" a empresas.

Se trata de prácticas que prohíbe el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Su artículo 7 establece que perderán la condición de asociación de consumidores -y por tanto no podrán presentarse públicamente como tales- por "percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas" y "autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado".

Crean una entidad paralela que compite con ellos mismos

Los responsables de la Unión de Consumidores de Cádiz utilizaron recursos de la asociación subvencionados por la Junta de Andalucía para ofertar servicios jurídicos que nada tienen que ver con la proteccion de los consumidores, como "separaciones y divorcios", y promocionar la entidad que han creado de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA Cádiz y su federación andaluza en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales.

Hasta hace unos meses, UCA Cádiz y Asocoes estaban presididas por la misma persona: el abogado Miguel Ángel Ruiz Anillo, vicepresidente autonómico de UCA-Cauce. Asimismo, la hasta hace poco secretaria general de UCA Cádiz, la también abogada Natalia Rojo de la Rosa, ocupa el mismo cargo en Asocoes.

Pero la identificación entre ambas entidades no se ha limitado a la coincidencia en las personas al frente. UCA Cádiz y Asocoes han estado lanzando en paralelo comunicados de prensa con textos idénticos para ofrecer a consumidores y empresarios que presenten demandas judiciales con sus abogados.

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