Ante sus gravísimas irregularidades

FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores

Empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han pagado en secreto a una sociedad administrada por la Unión de Consumidores de Andalucía, que adeuda cientos de miles de euros a trabajadores y el erario público.

FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores
La Junta Directiva de UCA-UCE. En el centro, su presidente, Juan Moreno Rodríguez, junto a su secretaria general, Inmaculada Rodríguez.

FACUA Andalucía exige a la Dirección General de Consumo de la Junta que expulse de inmediato a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) del registro autonómico de asociaciones de consumidores ante sus gravísimas irregularidades. Empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han pagado en secreto durante años a una sociedad administrada por la organización que preside Juan Moreno Rodríguez.

Desde hace más de una década, UCA-UCE ha celebrado numerosas ruedas de prensa y publicado informaciones en su revista y su web dedicadas a elogiar a empresas que han resultado estar entre las pagadoras de su sociedad EdiUCA SL, según ha desvelado el diario Infolibre.

Los ingresos se produjeron mientras UCA acumulaba deudas, que hoy suman cientos de miles de euros con trabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la Junta, a la que adeuda desde hace años el reintegro de decenas de miles de euros en subvenciones por irregularidades en su justificación. Recientemente, los juzgados de lo social han declarado insolventes tanto a la Unión de Consumidores de Andalucía como la sociedad que administra.

Los datos de EdiUCA SL depositados en el Registro Mercantil ponen de manifiesto que la empresa desviaba cada año una parte importante de sus ingresos a través de "inversiones en empresas del grupo". La única entidad del "grupo" es la propia UCA, propietaria y administradora de la sociedad. Los desvíos fueron de 35.636 euros -el 29% de sus activos- en 2014, el último año del que EdiUCA depositó sus cuentas, 21.615 en 2013 y 14.929 en 2012.

FACUA Andalucía denuncia que durante décadas, UCA-UCE ha sido una organización protegida por el Gobierno andaluz, que durante distintos periodos la infló a base de subvenciones reconociéndole una representatividad que nunca tuvo. Desde 2007, UCA-UCE ha recibido 2.480.974 euros de las subvenciones de la Junta destinadas a las federaciones de consumidores de ámbito autonómico. En 2007, 2008 y 2010 llegó a ser la organización que recibió más dinero público. El presidente de la entidad, Juan Moreno, fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía a comienzos de los 90.

FACUA presentó en agosto de 2016 y en abril de 2017 dos denuncias contra UCA por otras irregularidades y a las que la Dirección General de Consumo no da respuesta. La federación reclama al Gobierno andaluz que deje de consentir las graves irregularidades de una entidad que ni siquiera cumple los requisitos para estar inscrita en el registro autonómico de asociaciones de consumidores.

Prácticas prohibidas

La legislación prohíbe que las organizaciones de usuarios reciban dinero de empresas sin el conocimiento y supervisión de la Administración. Dinero que en cualquier caso no puede condicionar la independencia de estas entidades, provocando por ejemplo acciones de publicidad encubierta. Además, si una asociación de consumidores constituye o participa en una empresa, ésta tiene que entregar cada año sus cuentas a la autoridad competente en materia de consumo.

Ante estas graves irregularidades, FACUA Andalucía reclama a la Junta que expulse a UCA-UCE del registro autonómico de asociaciones de usuarios y le prohíba presentarse como tal, de manera que deje de usar la denominación "unión de consumidores". La expulsión implicaría también su salida de los órganos consultivos del Gobierno andaluz en los que representa a los usuarios, como el Consejo Económico y Social de Andalucía y los de Consumo, Comercio, Turismo, Deportes y Consumidores.

La Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud ha comunicado a Infolibre que la Unión de Consumidores de Andalucía no le ha notificado los cobros procedentes de empresas y tampoco le ha entregado las cuentas anuales de su sociedad instrumental, EdiUCA SL. La empresa lleva varios años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.

Denunciado por coacciones

En los últimos meses ha trascendido también que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla investiga al presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, por la denuncia por "coacciones" presentada por un abogado del departamento jurídico de la organización.

En un auto fechado el pasado 18 de septiembre, la jueza María de los Reyes Flores acordó incoar diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el asesor jurídico ante hechos que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Moreno fue citado a declarar como investigado y negó las acusaciones.

El denunciante es uno de los numerosos trabajadores con los que UCA-UCE ha incurrido en el impago de salarios desde hace años. Las cantidades que reclaman los afectados suman varios cientos de miles de euros. Una de las demandas judiciales que han interpuesto provocó que el pasado el pasado 3 de mayo el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla declarase insolvente tanto a UCA-Cauce como a una sociedad instrumental administrada por la entidad, Ediuca SLU.

Condena por mobbing en 2008

En 2008, UCA fue condenada por el despido improcedente y el acoso laboral al que Juan Moreno sometió a su antigua jefa de prensa, A.T.P., a la que la entidad tuvo que indemnizar con 42.000 euros. El TSJA ratificó una sentencia dictada en 2004 por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, en la que se declaraba acreditada la existencia de practicas de mobbing contra la periodista, que había trabajado para la entidad desde 1992.

Moreno es ya, según el asesor jurídico que lo ha denunciado ahora por coacciones, la única persona que trabaja en la sede de UCA-UCE, ubicada en el número 30 de la sevillana calle Relator. Según consta en el Registro de la Propiedad, el inmueble tiene anotaciones preventivas de embargo por importe de 134.529 euros por deudas con Hacienda (81.085,67 euros) y la Tesorería General de la Seguridad Social (53.443,77 euros), a los que se suman otros 54.834 adeudados a uno de sus trabajadores. La sede fue rehipotecada por cuarta vez en 2014.

Ocultó deudas para acceder a subvenciones

El año pasado, Moreno ocultó a la Junta de Andalucía las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que pesan sobre UCA-UCE para acceder a una subvención de la Dirección General de Consumo de 128.000 euros.

En octubre de 2016, la citada Dirección General resolvió de manera provisional otorgar a UCA-UCE dos subvenciones, por importes de 88.920 y 39.033 euros. Lo hizo sin verificar si la entidad cumplía los requisitos legales para acceder a ellas, pese a que la federación llevaba años sin recibir dinero público por distintas irregularidades, entre ellas hallarse inmersa en procedimientos de reintegro de subvenciones justificadas indebidamente.

Tras constatar por fin las deudas de UCA-UCE, a finales de noviembre el organismo de la Junta publicó la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a las federaciones de consumidores en la que quedó anulado el montante que tenía previsto entregarle, 127.953 euros. El dinero no fue reinvertido por la Junta en estas actuaciones para la protección de los consumidores.

En los documentos por los que solicitó las subvenciones, el representante legal de UCA-UCE declaró que la entidad cumplía "los requisitos para obtener la condición de beneficiaria". Entre ellos, "hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social", según establece el artículo 3 de la Orden de la Junta de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en 2009

Hace ya una década que comenzaron a salir a la luz graves irregularidades en las actividades de la Unión de Consumidores de Andalucía y varias de sus asociaciones provinciales. Un informe de la Cámara de Cuentas fechado en diciembre de 2009 reveló la utilización reiterada de dinero público para fines distintos a los subvencionados.

La investigación destapó "un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas"por distintas consejerías en 2005 a la entonces denominada UCA-UCE. La entidad formaba parte de la Unión de Consumidores de España (UCE), de la que Moreno llegó a ser secretario general y que cesó su actividad en 2013. Ahora UCA es miembro de una organización de ámbito estatal denominada Cauce, impulsada por la organización andaluza y algunas de otras comunidades que estaban ingregadas en la desaparecida UCE.

En las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto "un inadecuado uso de la figura de la subvención" como instrumento para financiar a UCA y "la debilidad del control interno" con ella, ya que la Junta pasaba por alto numerosas irregularidades. "No existen documentos que permitan concluir la realización efectiva de determinadas actividades" señaló el informe, que advirtió de que en los procesos de justificación "se admiten imputaciones de gastos expresamente no subvencionables", como el pago de deudas relativas a préstamos suscritos en años anteriores, "así como otros, cuya naturaleza no guarda una relación directa con la aplicación a la finalidad pretendida en la subvención, lo que podría ser causa de inicio de expedientes de reintegro".

Pese a que varias encuestas confirman que se trata de una entidad cuya existencia desconoce la inmensa mayoría de los andaluces, UCA se ha presentado públicamente durante muchos años como la asociación de consumidores más representativa de la comunidad autónoma con el objeto de que la Junta de Andalucía le otorgara más subvenciones. La administración de consumo autonómica nunca ha comprobado si el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores es real, pese a que otorga las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Tras una denuncia de FACUA Andalucía, la entonces Secretaría General de Consumo constató en 2013 que varias organizaciones provinciales de UCA no abrían sus oficinas al público el mínimo número de horas que exigía la legislación para optar a subvenciones para su funcionamiento. Además, en el caso de Córdoba, el local de la entidad era a la vez la sede de dos negocios, uno de los cuales era el despacho de abogados que regentan su presidenta y su secretaria general.

También trascendió públicamente que la Diputación de Almería pagó las facturas de la luz del domicilio del presidente de UCA Almería, José Antonio Díaz Roda, que había puesto el servicio a nombre de dicha asociación e imputó los gastos a una subvención en 2007. Díaz Rodallegó a enviar un escrito al presidente de la Diputación para pedirle que no tuviera que justificar los gastos de las subvenciones y que se les financiara sencillamente "por hacer unas actividades determinadas".

En 2015, UCA fue excluida de las dos convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía dirigidas a federaciones de consumidores de ámbito autonómico por no cumplir los requisitos que marca la ley. La entidad argumentó esta vez que la retirada del dinero público estaba motivada en sus "problemas económicos".

Denuncia contra UCA Cádiz

En agosto de 2016, FACUA Cádiz presentó una denuncia contra UCA Cádiz en la que reclama a la Junta su expulsión del registro autonómico de organizaciones de consumidores. La entidad ha venido incurriendo en actividades que la ley prohíbe a las asociaciones dedicadas a la defensa de los consumidores.

UCA Cádiz ha estado promocionando una entidad paralela, denominada Asocoes, que intenta captar afectados por fraudes para representarlos en los tribunales y que para su funcionamiento se ha servido de recursos subvencionados por la Junta de Andalucía a la Unión de Consumidores de Cádiz. La denuncia, remitida al Servicio provincial de Consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo, también señala que UCA Cádiz oferta ilegalmente "servicios de asesoramiento", "auditoría" y "acreditación de calidad" a empresas.

Se trata de prácticas que prohíbe el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Su artículo 7 establece que perderán la condición de asociación de consumidores -y por tanto no podrán presentarse públicamente como tales- por "percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas" y "autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado".

Crean una entidad paralela que compite con ellos mismos

Los responsables de la Unión de Consumidores de Cádiz utilizaron recursos de la asociación subvencionados por la Junta de Andalucía para ofertar servicios jurídicos que nada tienen que ver con la proteccion de los consumidores, como "separaciones y divorcios", y promocionar la entidad que han creado de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA Cádiz y su federación andaluza en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales.

Hasta hace unos meses, UCA Cádiz y Asocoes estaban presididas por la misma persona: el abogado Miguel Ángel Ruiz Anillo, vicepresidente autonómico de UCA-Cauce. Asimismo, la hasta hace poco secretaria general de UCA Cádiz, la también abogada Natalia Rojo de la Rosa, ocupa el mismo cargo en Asocoes.

Pero la identificación entre ambas entidades no se ha limitado a la coincidencia en las personas al frente. UCA Cádiz y Asocoes han estado lanzando en paralelo comunicados de prensa con textos idénticos para ofrecer a consumidores y empresarios que presenten demandas judiciales con sus abogados.

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