La Audiencia Provincial de Málaga condena a una tienda a devolver el importe del canon de un CD virgen

El auto, contra el que no cabe recurso, se fundamenta en que no todo CD virgen debe llevar aparejado un canon ya que su fin puede ser distinto a la copia de obras protegidas por derechos de autor.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una tienda a devolver el importe correspondiente al canon de un CD virgen ya que "el soporte se ha usado para otro concreto fin distinto de la reproducción de obras de autores, que es la causa de la tributación".

La demanda fue presentada por un usuario, Eduardo Serrano y promovida por la web derecho-internet.org, una iniciativa del abogado Javier de la Cueva. La sentencia, fechada de 19 de septiembre de 2006, revoca una anterior del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga, "condenando a la demandada a la devolución al demandante del importe reclamado, es decir, la cantidad de diecinueve céntimos de euro a la que se aplicará el correspondiente interés procesal".

En la sentencia, que es firme, se señala que "de las conclusiones y de los informes emitidos en el acto del juicio verbal en la primera instancia, así como de los folios 133 y siguientes del expediente que atestiguan la entrega en la secretaría del Juzgado por la representación del Sr. Serrano de un 'CDRom' virgen para la emisión de la correspondiente copia del acta del juicio y su devolución grabado a la parte como ordena la Ley Procesal, la compra de un concreto disco a los fines de la grabación de un acto judicial público ordenada legalmente no es incluíble en el supuesto fáctico que establece el artículo 25 repetido de la Ley de Propiedad Intelectual".

El fallo de la Audiencia se fundamenta en que no todo CD virgen debe llevar aparejado un canon, ya que la expresa dicción del artículo 25.1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 "permite acreditar el destino final de los soportes adquiridos, y demostrar que no se han usado para la definida reproducción. Aparece pues un problema meramente probatorio en el sentido antedicho que ha de resolverse sobre la presunción legal de que, en principio, la compra de los soportes es para la reproducción de obras acogidas al amparo de la Legislación Especial, pero cabe, dado el tenor legal, justificar que el soporte se ha usado para otro concreto fin distinto de la reproducción de obras de autores, que es la causa de la tributación".

La sentencia inicial, continuando una práctica habitual que ahora rompe esta Audiencia Provincial por primera vez, eludía referirse al acta judicial y suponía una interpretación literal del artículo 25.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. El recurso incidía en que las leyes deben interpretarse conforme la realidad histórica y los fines de las mismas (teleología de la norma), lo que ha sido aceptado por la Audiencia Provincial.

derecho-internet.org

Nacida en marzo de 2000, derecho-internet.org "se destina a servir de herramienta procesal para la defensa de derechos relacionados con Internet". La demanda contra al canon es su primer proyecto, en el que investiga "sobre las posibilidades del que hemos venido a denominar Derecho procesal tecnológico e impugnamos el canon sobre los soportes digitales por considerar que es el soporte de registro de la civilización actual y no debe estar sometido a la apropiación por parte de una minoría".

Las demandas contra el canon promovidas por derecho-internet.org, cuyo modelo se puede descargar en la web, se fundamentan en que "el acta de un juicio no debe pagar canon alguno a las entidades de gestión. Es sencillamente inaceptable que cada juicio civil y mercantil celebrado en este país pague 22 céntimos por parte procesal a las entidades de gestión, lo que fundamentamos en nuestra demanda a través de 76 folios".

Estas demandas se interponen contra los establecimientos "por entender que parte del precio del CD supone un cobro de lo indebido", según han ratificado hasta ahora los juzgados número 7 de Alcalá de Henares, número 43 de Madrid y la Audiencia Provincial de Málaga. En ningún caso se ha producido gasto o pago alguno en costas.

Las demandas no van contra las entidades de gestión, "porque un ciudadano no tiene acción legal contra ellas".

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