Tras la ampliación de capital de 2016

La Fiscalía defiende que Banco Popular mintió a sus pequeños inversores

El ministerio público entiende que la entidad bancaria emitió datos que "no se correspondían con el estado real" de su salud financiera, por lo que miles de pequeños ahorradores han perdido su dinero invertido.

La Fiscalía defiende que Banco Popular mintió a sus pequeños inversores
Hay casi 300.000 ahorradores afectados. | Imagen: Europa Press

Banco Popular engañó a los pequeños inversores en la ampliación de capital de 2016, según la Fiscalía. En esa operación, la entidad financiera captó 2.005 millones de euros diez meses antes de reconocer un desfase de 700 millones y apenas un año antes de ser intervenida por la Unión Europea y el Gobierno de España, y vendida al Santander por un euro.

Según informa Público, el ministerio público manifiesta en un escrito al juzgado de Barcelona que tramita una de las demandas civiles con las que varios pequeños ahorradores intentan recuperar su dinero que al perjudicado "se le proporcionaron datos sobre el estado financiero de la entidad, que no se correspondían con el estado real; siendo ello, lo que motivo la inversión".

Hay casi 300.000 ahorradores en la situación de este demandante, que tras esa operación pasaron a tener paquetes de acciones del Popular tasados en menos de 20.000 euros, los cuales hoy no valen ni un céntimo.

La Fiscalía señala que "por lo posteriormente comprobado, parece ser" que esa compra de acciones "se realizó con un posible vicio del consentimiento", tal y como sostiene el demandante, uno de los miles de pequeños accionistas que vieron cómo sus ahorros se esfumaban con la "resolución" del banco.

El ministerio público se posiciona del mismo lado que la defensa del demandante, el inversor Felipe Izquierdo, considerando "evidente" que la adquisición de las acciones se hizo en el marco de una ampliación de capital de Banco Popular "que habrá que suponer que, en principio, era para intentar sacarla a flote".

Además, la Fiscalía añade que en ese momento "al menos al público en general, no se le hizo saber (que también habrá que entender que se ignoraba en tal momento), que la entidad iba a ser disuelta".

El ministerio público entiende que "los hechos que determinaron la disolución de la entidad bancaria son posteriores" a la operación correspondiente a la ampliación de capital, aunque eso no se contradiría con esa entrega de "datos sobre el estado financiero" del Banco Popular "que no se correspondían con el estado real" de esas cuentas.

La resolución de Banco Popular posterior a la ampliación de capital de 2016 ha desembocado en pleitos por la vía penal, con una treintena de querellas en la Audiencia Nacional, varios recursos en los juzgados de lo Contencioso del alto tribunal contra las decisiones del Gobierno español y la Unión Europea, algunas reclamaciones ante el Tribunal General de la UE, entre las que se encuentran las de grandes accionistas. También más de una decena de demandas civiles en juzgados de las ciudades de Barcelona y de Madrid.

Ya somos 204.899