El Constitucional anula la ley valenciana que permitía el acceso universal a la Sanidad

FACUA Comunidad Valenciana critica el empeño del Partido Popular por limitar derechos sociales e impedir leyes creadas por las comunidades para proteger a los colectivos más vulnerables.

El Constitucional anula la ley valenciana que permitía el acceso universal a la Sanidad
El Alto Tribunal señala que la legislación valenciana va más allá del "criterio de lo básico establecido en la norma estatal". | Imagen: Tribunal Constitucional.

FACUA Comunidad Valenciana lamenta que el Tribunal Constitucional haya anulado la ley de la Generalitat Valenciana que permitía el acceso universal a la atención primaria de todas las personas extranjeras en situación irregular. El fallo del Alto Tribunal, que llega tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, señala que esta normativa se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las del Estado central.

La asociación critica el afán del Partido Popular por seguir recortando y limitando derechos sociales e impedir a las comunidades autónomas regular en esta materia, como es el caso del acceso a la asistencia sanitaria.

El Decreto Ley 3/2015 fue una de las primeras normas que aprobó el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cuando accedió al gobierno autonómico y desde su implantación ha atendido a decenas de miles de inmigrantes. Sin embargo, tras el recurso del Ejecutivo central, el Alto Tribunal señala que la legislación valenciana va más allá del "criterio de lo básico establecido en la norma estatal".

Añade que lo que lleva a efecto esta norma es una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal", que incluye entre las personas que tienen la condición de aseguradas a los extranjeros "titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España".

La decisión ha dividido al TC: siete magistrados han apoyado la anulación de la norma y cinco han firmado votos particulares rechazando su inconstitucionalidad. Los magistrados progresistas del Constitucional, Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, discrapan tanto de la fundamentación como del fall; mientras que el juez Antonio Narváez no ve inconstitucionalidad en el decreto-ley "por haber sido dictado en el marco de las competencias de desarrollo de la sanidad que le confieren los arts. 149.1.16 CE y el art. 54 del Estatuto de Autonomía de la precitada Comunidad Autónoma".

La asociación ve irresponsable el empeño del Partido Popular en recortar derechos civiles, como es el caso del acceso a la sanidad pública universal, y en este caso, enfocado además a limitar los del colectivo de inmigrantes. Considera además vergonzoso que el Ejecutivo recurra sistemáticamente al Constitucional leyes concebidas en las comunidades para proteger los derechos de los más desfavorecidos.

FACUA Comunidad Valenciana critica además que la Administración central ni actúa como debiera, ni permite que las comunidades adopten competencias en materia de derechos sociales. En lugar de crear de forma estatal leyes que protejan a los colectivos más vulnerables, el Ejecutivo impide que los únicos gobiernos que intentan impulsar propuestas y regulación en estas materias logren cualquier avance.

No es la primera vez que torpedea leyes sociales autonómicas

FACUA Comunidad Valenciana critica que no es a primera vez que el Gobierno central pretende torpedear leyes que buscan promover políticas enfocadas a los más desfavorecidos en la Generalitat Valenciana. La asociación recuerda que ya lo ha hecho por un lado, con la ley de pobreza energética, que impide a las eléctricas cortar el suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad sin antes avisar a los servicios sociales para que analicen su situación real. Por otro, con la ley valenciana por la función social de la vivienda, que regula el derecho a una vivienda digna, enfocada a evitar la especulación inmobiliaria.

Asimismo, en abril de 2016, ya recurrió la ley catalana contra la pobreza energética, por la que quienes no tuvieran recursos podían aplazar pagos en los meses más fríos, de noviembre a marzo, así como leyes contra los desahucios impulsadas desde Andalucía, Madrid o Canarias, donde se proponían medidas como la de segunda oportunidad para los hogares endeudados o la de expropiar viviendas vacías en manos de los bancos.

FACUA Comunidad Valenciana considera que el Gobierno central debería abordar junto a las comunidades autónomas la protección de los colectivos más desfavorecidos y promover políticas en este sentido, como el acceso a la vivienda o a los suministros esenciales, y no favorecer con sus decisiones a las grandes empresas del sector privado a costa de todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables.

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