Motor y viajes

Cuando veas las barbas de Uber cortar…

La sentencia del TJUE, que considera a Uber como empresa de transportes y no una plataforma intermediaria digital, debe ser precedente para todas las creadas a raíz del falso consumo colaborativo, como Airbnb.

Por Ángeles Castellano

En una perversa vuelta de tuerca, el capitalismo ha encontrado en la economía digital una manera sencilla de hacer negocio desprendiéndose, aún más, de las obligaciones a las que están sujetas las empresas –en relación a los consumidores y trabajadores- a través del consumo colaborativo. Y lo ha estado explotando en los últimos años, ante la pasividad de las autoridades que no han considerado necesario regularlo, ni vigilarlo. Una de estas empresas es Uber, que tras la fachada de conductores autónomos que ofrecen un servicio de transporte en las ciudades a través de una aplicación en los teléfonos inteligentes (que simplifica y abarata el servicio tradicional del taxi) en realidad sus creadores han montado una multinacional del sector, apoyados en grandes inversores (Google Ventures y Toyota), que se saltan las reglas que los taxistas sí tienen que cumplir y por tanto compiten en desigualdad.

Diferentes sentencias, principalmente en EE UU, han reconocido ya que los conductores de Uber no son autónomos, sino que trabajan para esta empresa, y por tanto han obligado a la misma a cumplir con sus obligaciones como patrón –en relación a derechos básicos como cotizaciones, vacaciones, antigüedad, etc.– En Europa, el sector del taxi le declaró la guerra en muchos países de la Unión, pero fue precisamente una asociación del sector de Barcelona, la que decidió llevar a la empresa a los tribunales, y el juez encargado del caso lo elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este pasado 20 de diciembre, recogiendo lo que ya había avanzado el abogado de la UE en mayo, el TJUE ha determinado que Uber es una empresa de transportes y no una mera plataforma digital que actúa como intermediario, y por tanto, debe cumplir las mismas exigencias legales que el resto de agentes que operan en el sector, fundamentalmente el taxi.

Quienes defienden a Uber lo suelen hacer bajo el argumento de que el taxi es un sector con grandes carencias, que necesita mejoras y sobre todo adaptarse a las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas digitales. Es posible que la legislación necesite una actualización en este sentido y también los actores del propio sector, que en el caso del taxi es históricamente combativo por la defensa de sus intereses y a veces puede dar la impresión de que está más preocupado por defender su situación actual que por mejorar el servicio para atraer más consumidores.

Diferentes sentencias, principalmente en EE UU, han reconocido ya que los conductores de Uber no son autónomos. | Imagen: Uber.
Diferentes sentencias, principalmente en EE UU, han reconocido ya que los conductores de Uber no son autónomos. | Imagen: Uber.

 

En cualquier caso, la sentencia del TJUE es un precedente fundamental, dado que el problema que planteó Uber no es exclusivo de este sector: otros, como el del alojamiento vacacional (Airbnb) o el reparto de comida a domicilio (Deliveroo) están planteando dilemas similares. Es especialmente urgente resolver el primero de los mencionados: las empresas que se dedican a gestionar viviendas particulares como alojamientos temporales están provocando una fuerte especulación con un bien básico como es la vivienda, especulación causante de una fuerte subida de precios en los alquileres en numerosas ciudades españolas que están expulsando a los vecinos y convirtiendo sus centros en un inmenso parque temático. De otra parte, los derechos y las garantías de los usuarios que alquilan o contratan a través de estas plataformas no están suficientemente proegidos y se vienen sucediendo fraudes como, por ejemplo, pisos arrendados que cuando llegan los consumidores no existen o nada tienen que ver con las fotos.

El desarrollo tecnológico, que abarata y facilita la distribución de servicios y una coyuntura económica global que ha generado la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para millones de personas en situación de desempleo o con trabajos precarios son el caldo de cultivo que han permitido la proliferación de este tipo de servicios (pongo mi piso en alquiler para la Semana Santa y me consigo un ingreso extra, por ejemplo). Estas nuevas plataformas son muy atractivas para el consumidor porque permiten mucha flexibilidad y, qué duda cabe, porque abarata el servicio.

Sin embargo, también abarata las condiciones y garantías que se ofrecen y diluyen la responsabilidad: nunca queda claro quién debe asumirla en el caso de encontrar algún problema. Tras la sentencia del TJUE, cabría esperar que los legisladores estatales y autonómicos se den a la tarea de revisar leyes que no recogen las nuevas opciones para delimitar claramente la responsabilidad de las empresas, dado que si las plataformas son las encargadas de ofrecer, gestionar y cobrar un servicio ante los consumidores, cabría esperar que sean ellas también quienes cuenten con las licencias preceptivas y ofrezcan las garantías suficientes para ofrecer una correcta prestación.

__________

Ángeles Castellano es periodista y miembro del equipo de redacción de Consumerismo.

Hazte socio pleno o inicia sesión para leer el último Consumerismo
Ya somos 51.763