Más de 3.000 millones de euros

FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas

Grandes constructoras como ACS, Abertis o FCC pueden volver a acudir y conseguir la licitación el próximo diciembre.

FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas

FACUA-Consumidores en Acción ve escandaloso que el Gobierno garantice otro rescate a las empresas que se queden con las autopistas quebradas y que volverán a licitar el próximo diciembre. Además, contarán de nuevo con el paraguas de la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), gracias al cual están siendo rescatadas en la actualidad con un coste de entre 2.000 y 4.500 millones de euros.

El Ministerio de Fomento ha confirmado que volverá a aplicar una RPA a los contratos, "suavizada" por los recientes cambios en la ley de contratos del sector público, mediante la cual se realizaría una rebaja sustancial de la factura en el caso de que volviera a repetirse el episodio de licitación, quiebra y rescate. FACUA no entiende que se modifique una ley para seguir permitiendo este auténtico bucle infinito de pérdidas millonarias de dinero público. Además, se da la circunstancia de que sean las mismas compañías, grandes constructoras como ACS, FCC o Abertis, las que vuelven a acudir y conseguir la licitación.

La asociación recuerda que en el año 2014, Ana Pastor, actual presidenta del Congreso y entonces ministra de Fomento, se comprometió a que las operaciones para solucionar el problema de las autopistas quebradas "a los españoles les va a costar 0 euros". Por el momento, las últimas autopistas de peaje quebradas van a costar a las arcas públicas más de 3.000 millones de euros. El Gobierno espera obtener con esta operación entre 750.000 y 1.000 millones de euros.

FACUA ya criticó en su día la intención del Gobierno de nacionalizar las autopistas en quiebra y socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas y sigue sin entender que el Ejecutivo pretenda hacer recaer en el bolsillo de los ciudadanos las consecuencias de una gestión deficiente por parte de unas empresas a cuyo rescate acude una vez más.

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