Esta semana, FACUA ha pedido su expulsión del registro de asociaciones de consumidores

La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales

Consumo no contesta a las denuncias de FACUA. La norma dice que las federaciones de consumidores deben estar presentes en las ocho provincias y tener al menos 10.000 socios para ser "más representativas".

La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales
De izquierda a derecha, la consejera de Salud, Marina Álvarez, la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, y la directora general de Consumo, Isabel Niñoles.

La Junta mantiene a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) en decenas de órganos consultivos de ámbito autonómico y provincial pese a que sabe que no cumple los requisitos legales para representar en ellos a los usuarios. La normativa establece que las federaciones de consumidores deben tener asociaciones en las ocho provincias y tener al menos 10.000 socios que abonen un mínimo de 120.000 euros anuales para obtener el reconocimiento de "más representativas" y, con él, tener presencia en esos órganos, dependientes de las distintas consejerías.

La Dirección General de Consumo mantiene paralizadas denuncias presentadas por FACUA en agosto de 2016 y en abril de 2017 en las que aportó pruebas de que UCA-UCE vulnera la legislación que regula a las organizaciones de consumidores y, además, no cuenta con asociaciones en todas las provincias andaluzas.

Esta semana, FACUA Andalucía ha reclamado a la Junta que expulse a UCA-UCE del Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía tras el escándalo destapado por el diario Infolibre: una sociedad administrada por UCA-UCE, EdiUCA SL, recibió en secreto dinero de empresas como Movistar, Caixabank y Altadis mientras la organización acumulaba deudas de cientos de miles de euros con Hacienda, la Seguridad Social, la Junta, proveedores y trabajadores. Tanto UCA-UCE como su sociedad instrumental han sido declaradas insolventes por los juzgados de lo social.

A lo largo de más de una década, UCA-UCE publicó casi una treintena de estudios en los que aseguraba que Movistar era la mejor compañía de telecomunicaciones. También usó su revista para hacer publicidad encubierta de Caixabank y desarrolló numerosas reuniones y acciones de comunicación con Altadis para ensalzar su lucha contra el contrabando de tabaco.

Denuncias sin respuesta

Hace nueve meses, FACUA Andalucía denunció ante Consumo que UCA-UCE ya no cuenta con asociación en Jaén, que fue disuelta en 2016 como consecuencia de sus deudas. Pese a que la Dirección General tiene conocimiento de ello, no ha revocado su inscripción en el registro dentro del listado de federaciones de consumidores más representativas. Inscripción que le permite representar a los consumidores en órganos como el Consejo Económico y Social de Andalucía, el Consejo Andaluz de Consumo y sus consejos provinciales, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía o el Consejo Andaluz de Turismo, así como participar en la Junta Arbitral de Consumo.

FACUA Andalucía denuncia que Consumo no ha realizado todavía la auditoría periódica que obliga la ley sobre las federaciones de consumidores de ámbito autonómico para verificar su número de socios y los ingresos procedentes de sus cuotas, ya que para ser consideradas como más representativas deben tener al menos 10.000 asociados que abonen un mínimo de 120.000 euros anuales. El decreto de 2014 que regula el régimen jurídico y el registro autonómico de asociaciones de consumidores establece que esta auditoría debe realizarse al menos una vez cada cuatro años.

La Dirección General, que tiene al frente a Isabel Niñoles, ni siquiera ha contestado a las peticiones de información remitidas por FACUA en relación a las denuncias contra la organización que preside el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno Rodríguez. El organismo depende de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, que dirige Josefa Ruiz Fernández. La consejera de Salud, Marina Álvarez, tendrá que comparecer el próximo viernes 2 de febrero en el Parlamento de Andalucía a petición de IU para hablar de las irregularidades de UCA-UCE.

FACUA Cádiz acude al Defensor del Pueblo Andaluz

Otra denuncia, presentada por FACUA Cádiz en agosto de 2016, puso de manifiesto que UCA Cádiz había utilizado recursos de la asociación subvencionados por la Junta de Andalucía para ofertar servicios jurídicos que nada tienen que ver con la proteccion de los consumidores, como "separaciones y divorcios", y promocionar a una entidad que crearon de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA-UCE en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales.

Este viernes, FACUA Cádiz ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar el silencio de la Dirección General de Consumo ante estas irregularidades.

Ya somos 217.592