FACUA Andalucía e Izquierda Unida se reúnen para evaluar la ineficaz política de protección al consumidor

Olga Ruiz y Antonio Maíllo critican las escasas y nada contundentes sanciones de la Junta por fraudes masivos.

FACUA Andalucía e Izquierda Unida se reúnen para evaluar la ineficaz política de protección al consumidor

La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, se han reunido este martes junto a dirigentes de ambas organizaciones para evaluar la que han coincidido en valorar como ineficaz política de protección al consumidor del Gobierno andaluz.

En la reunión han participado también Rubén Sánchez, secretario general de FACUA Andalucía, Jordi Castilla, directivo de la federación y miembro de su departamento de Relaciones Institucionales, y los responsables de Comunicación, Acción Política y Política Municipal de IU Andalucía, Pedro J. Ortega, Gertru Vargas y Pilar Praena.

Ruiz y Maíllo han criticado las escasas y nada contundentes sanciones de la Junta por fraudes masivos. Algo que deja a los consumidores en una gravísima situación de desprotección y que es fruto tanto de las enormes carencias de personal y medios técnicos de las que adolece la Dirección General de Consumo y sus servicios provinciales como de la decisión política de minimizar las multas contra grandes empresas en lugar de actuar con la contundencia que permite marco sancionador.

Maíllo ha trasladado a los dirigentes de FACUA Andalucía su compromiso de exponer en el Parlamento de Andalucía las reivindicaciones de la federación de consumidores e intensificar las relaciones para debatir y elaborar proposiciones normativas en beneficio de los intereses de los consumidores.

Este viernes se producirá precisamente la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud, Marina Álvarez, para explicar a petición de Izquierda Unida qué hará la Junta ante las gravísimas irregularidades que han salido a la luz en la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), entre ellas los pagos secretos realizados por empresas como Movistar, Altadis y Caixabank a su empresa EdiUCA SL. La Dirección General de Consumo, que depende de la Consejería que dirige Álvarez, no ha dado respuesta a las denuncias presentadas por FACUA en agosto de 2016 y en abril de 2017 en las que aportó pruebas de que UCA-UCE vulnera la legislación que regula a las organizaciones de consumidores y, además, no cuenta con asociaciones en todas las provincias andaluzas, requisito indispensable para participar en órganos consultivos

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