FACUA exige transparencia a la Junta sobre los socios declarados por UCA-UCE para recibir dinero público

Una semana después de solicitar la información, la Dirección General de Consumo de Isabel Niñoles sigue sin facilitarla. Los datos nunca han sido verificados por el organismo de la Consejería de Salud.

FACUA exige transparencia a la Junta sobre los socios declarados por UCA-UCE para recibir dinero público
La directora general de Consumo, Isabel Niñoles Fernández, y el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez.

FACUA Andalucía exige transparencia a la Junta sobre el número de socios declarados en los últimos años por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y cada una de sus asociaciones provinciales para recibir dinero público. El secretario general de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, solicitó esta información hace ya una semana y la Dirección General de Consumo de Isabel Niñoles sigue sin facilitársela.

"La tardanza en contestar al requerimiento de información sobre los socios declarados por UCA-UCE no tiene absolutamente ninguna justificación, ya que estos datos deben ser públicos según la normativa que regula a las organizaciones de consumidores en Andalucía y obran en poder de la Dirección General de Consumo", denuncia Sánchez, que recuerda "la falta de respuesta a las denuncias que viene presentando FACUA contra esa organización desde 2016 por distintas irregularidades".

La normativa andaluza que regula a las organizaciones de consumidores establece que para que las federaciones de ámbito autonómico sean consideradas "más representativas" y accedan así a la participación en órganos consultivos, deben contar con más de 10.000 asociados que abonen como mínimo 120.000 euros en cuotas periódicas cada año, además de tener asociaciones en las ocho provincias. Además, dado que las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, el número de socios declarados por las federaciones y las asociaciones provinciales influye en la cuantía que reciben.

Al estar inscrita en el registro de asociaciones de consumidores como "más representativa", UCA-UCE y sus asociaciones provinciales acceden a decenas de órganos consultivos donde perciben miles de euros en dietas cada año. Dietas que en el caso de la federación autonómica, la Junta paga directamente a sus directivos mientras UCA-UCE, declarada insolvente por los juzgados, adeuda cientos de miles de euros a trabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la propia Administración autonómica.

Consumo no verifica si los socios declarados son reales

FACUA Andalucía considera escandaloso que Consumo nunca haya hecho absolutamente nada para verificar si el número de socios y los ingresos por cuotas de UCA-UCE y sus asociaciones provinciales es real, ni siquiera tras los sucesivos embargos de los que ha sido objeto la federación por impago de deudas. Y ello pese a que la propia normativa que regula a las organizaciones de consumidores, que fue reformada en 2014, establece que la Administración debe realizarles una auditoría al menos cada cuatro años.

La Dirección General se limita a dar por válido un certificado firmado por el representante legal de la entidad, lo que facilita que cualquier organización de consumidores en Andalucía pueda inflar sus socios e ingresos para acceder al dinero público a través de subvenciones y las dietas percibidas en los órganos consultivos.

Qué dice la normativa

El Decreto 121/2014, de 26 de agosto, regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. En su artículo 10 establece que para tener la consideración de organizaciones de consumidores "más representativas de Andalucía" tendrán que contar con asociaciones en todas las provincias andaluzas, que sumen "más de 10.000 personas asociadas" y disponer de unos ingresos por cuotas de socios de, "al menos, 120.000 euros anuales". Estas cuotas deben ser aportadas "periódicamente" para "poder disfrutar de los máximos derechos sociales en la organización o asociación y que contribuyan a su mantenimiento".

El Decreto señala que las organizaciones reconocidas como "más representativas" deberán "mantener permanentemente el cumplimiento de estos requisitos que dieron lugar a esa consideración". En este sentido, "el órgano directivo que ejerza las competencias en materia de consumo podrá auditar en cualquier momento y, en todo caso, al menos cada cuatro años, el cumplimiento por parte de las organizaciones y asociaciones de los anteriores requisitos, en la forma en que reglamentariamente determine". Y en el caso de comprobarse que no cumple los requisitos, tendrá que proceder a incoar un expediente "para dejar sin efecto y revocar tal consideración", lo que implicaría su expulsión de los órganos consultivos, entre otras consecuencias.

Denuncias sin respuesta

FACUA Andalucía presentó una denuncia contra UCA-UCE ante Consumo en abril de 2017 en la que solicitó que se le revocara la consideración de federación "más representativa", ya que su asociación en Jaén fue disuelta a finales del año anterior. La Dirección General no ha dado respuesta ni al escrito inicial ni a las peticiones de información sobre el estado del expediente que tendría que haber abierto. Tampoco ha contestado a otra denuncia, presentada por FACUA Cádiz en agosto de 2016, en la que aportaba pruebas de que la asociación de UCA-UCE en dicha provincia no cumplía los requisitos para estar inscrita en el registro de asociaciones de consumidores.

La semana pasada, FACUA Andalucía reclamó a Consumo que la inmediata expulsión de UCA-UCE del registro de organizaciones de consumidores después de que el diario Infolibre desvelase que empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han realizado pagos en secreto a una sociedad propiedad de UCA-UCE, Ediuca SL. Se trata de empresas sobre las que la Unión de Consumidores de Andalucía ha publicado estudios, comunicados de prensa y reportajes con contenidos elogiosos en su revista y página web. FACUA ha reclamado su inmediatdel registro autonómico de asociaciones de consumidores.

Este viernes, la consejera de Salud, Marina Álvarez, comparece en el Parlamento de Andalucía a petición de Izquierda Unida para explicar qué medidas va a adoptar su Dirección General de Consumo con UCA-UCE ante las gravísimas irregularidades que están saliendo a la luz.

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