Compras

El falso europeísmo: el peso de los grupos de presión

La política de globalización que ha venido desarrollándose desde hace más de una década ha conducido a la desprotección de los consumidores frente a las grandes corporaciones.

Por Carlos Puente Martín

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A (III) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, en 2018 se cumplirá su 70º aniversario. Esta Declaración se refería a los derechos económicos, sociales y culturales cuya protección se acordaría en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y que junto a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

En ningún lugar se hablaba de los derechos de los consumidores como derechos individuales protegidos, aunque se incluían referencias a los relativos a la salud, a la alimentación y el derecho a una vivienda digna. El Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, constitutivo del Mercado Común Europeo tampoco mostraba un interés específico en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el seno del mercado común que se pretendía crear con los seis Estados europeos firmantes del importante tratado: Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, República Federal de Alemania y Luxemburgo.

Cualquier rábula puede apreciar que el artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en una atmósfera de amplia protección del "mercado interior", contemplaba la protección de los derechos de los consumidores de forma genérica e insuficiente, al establecer que "2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores".

Esta alusión ha desaparecido en la redacción del artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que le ha sustituido. No obstante, la declaración de la protección de los consumidores se mantiene en los mismos términos: "1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses".

La política de globalización que ha venido desarrollándose desde hace más de una década, tras la adopción de políticas neoliberales, que no son strictu sensu liberales, han conducido a la desprotección de los consumidores y usuarios frente a las grandes corporaciones con su influencia a través de los grupos de presión, hoy llamados eufemísticamente "grupos de interés". Si bien las instituciones europeas han venido adoptando medidas para limitar los abusos de las empresas, lo cierto es que solamente con la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o incluso del poder judicial de algunos Estados miembro en contados casos, ha sido posible reclamar ante auténticos estados en el interior de los Estados de la Unión Europea cuando violan las propias leyes del mercado y el derecho de la competencia, con la organización de monopolios y otras prácticas restrictivas de la competencia.

Es un caso paradigmático de estas situaciones la adopción por el Parlamento Europeo de la nueva normativa sobre supresión de obstáculos a las compras por internet transfronterizas, con el reparto del mercado por la nacionalidad, el lugar de residencia o la ubicación del comprador. También la lesión a los perjudicados por las normas abusivas en los contratos de créditos inmobiliarios que, en el caso de España, obliga a modificar la legislación hipotecaria imponiendo más transparencia a los usuarios, a tenor de la Directiva de la Unión 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014. Igual repercusión mediática ha tenido el escándalo del dieselgate provocado por el fraude de vehículos producidos por el Grupo Volkswagen, que no sólo afecta a los derechos de los consumidores sino que también es una violación de la legislación medioambiental.

No menos importante son los abusos amparados por el Gobierno de España, a propuesta de las empresas del sector eléctrico, imponiendo una tasa del 27% a la producción de la energía fotovoltaica para autoconsumo. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con enmiendas al proyecto de directiva del Parlamento y del Consejo relativa al fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables el 6 de diciembre de 2017. Y el 17 de enero de 2018 la Eurocámara aprobaba la Directiva Europea de Renovables, en la que se reconoce el derecho de los consumidores para producir energía eléctrica fotovoltaica para autoconsumo "sin tener que pagar ningún cargo, tarifa o impuesto". El "impuesto al sol" que denuncié en mi ponencia presentada en el World Economic Forum de Krynica, Polonia, en 2012.

Para no hacer interminable esta lista de abusos contra los derechos de los ciudadanos, que están insuficientemente protegidos no sólo por la legislación de los Estados miembro sino de la misma Unión Europea, recordemos que el Gobierno de España aún no ha adoptado ninguna medida para prohibir y sancionar a las empresas que utilizan número de teléfono con tarificación especial, no sólo los números 902 o el 806, de tarificación adicional, sino también los números 901 de coste compartido. Y todo ello a pesar de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de febrero de 1017 y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, que lo prohíbe.

Es necesario subrayar que los escasos avances que han tenido lugar en los últimos años no invitan al regocijo de consumidores y usuarios, es decir, de los ciudadanos de la Unión, pues el objetivo final no es otro que el funcionamiento del "mercado único" como se reconoce el ponente polaco Roza Thun, responsable de la tramitación parlamentaria del texto sobre eliminación de barreras transfronterizas, al decir que "esta legislación supone un paso clave hacia un mercado único digital más competitivo e integrado, tanto para los consumidores como para los vendedores".

Por lo tanto, la política de protección de los derechos de los consumidores de la Unión Europea debe reforzar los mecanismos de control sobre los Estados miembro, potenciar el servicio de los Centros Europeos de los Consumidores y desarrollar una jurisdicción común para facilitar la protección judicial efectiva en todo el territorio de la Unión. No es suficiente que exista un Procedimiento de escasa cuantía que suponga costes para el reclamante provocando una situación de indefensión frente a los monstruos económicos de la economía global.

Para conseguir estos objetivos es necesario que los ciudadanos y los movimientos con verdadera vocación europea no sean meros convidados de piedra o suscriban loas a ciertas políticas y actuaciones comunitarias que suponen un flaco favor a la construcción europea. Hay que construir una Unión Europea de ciudadanos y no una unión de intereses opacos al servicio de grupos políticos o protagonistas de un falso europeísmo.

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Carlos Puente Martín es analista político-económico especializado en Unión Europea y miembro de la Junta Directiva de FACUA.

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