FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de decenas de aulas

La asociación también pide que informe de las medidas que destinará a Educación para solventar las deficiencias de su sistema educativo.

FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de decenas de aulas

FACUA-Consumidores en Acción, a través de su Delegación Territorial en Cantabria, ha solicitado que la Consejería de Educación cántabra informe de los recursos económicos que está destinando a los centros educativos para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes matriculados en la comunidad autónoma.

La asociación se ha dirigido al gobierno autonómico tras conocer las graves deficiencias de su sistema educativo, con decenas de aulas de educación infantil y primaria saturadas en varios centros, superando el máximo de 25 estudiantes por clase. A esta situación también se le suma la denuncia que ha hecho FACUA por el mal estado de conservación de las aulas del IES Valentín Turienzo, en Colindres. En este último caso, otros colectivos sociales, como el AMPA del instituto, también han mostrado su desacuerdo con las reformas planteadas desde Educación, al entender que no coinciden con las necesidades educativas.

FACUA, por tanto, reclama a la Consejería de Educación que inicie de forma urgente todas las acciones que sean necesarias para eliminar la saturación de las aulas de los diferentes centros educativos de la comunidad, además de pedir al ejecutivo cántabro que informe de las medidas destinadas a solucionar los problemas técnicos y de personal que padece su sistema educativo.

La asociación recuerda que el artículo 27 de la Constitución Española expone que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".

De igual forma, el Real Decreto 732/1995 otorga a los alumnos el "derecho a utilizar las instalaciones de los centros" y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3, incide en que las Administraciones Públicas deben prestar "un servicio efectivo a los ciudadanos" y ser eficientes en "la asignación y utilización de los recursos públicos".

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