Por su mala gestión del suministro de la red de abastecimiento

La Justicia vuelve a dar la razón al municipio gallego de Arteixo y confirma la condena a Aqualia

El Ayuntamiento recurrió una providencia del Juzgado que pretendía anular la condena de 12,8 millones a la empresa de aguas argumentando un error informático en el envío.

La Justicia vuelve a dar la razón al municipio gallego de Arteixo y confirma la condena a Aqualia

El Juzgado número 4 de A Coruña ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Arteixo al admitir el recurso que éste interpuso contra el incidente de nulidad que pretendía dejar sin efecto la sentencia que condenaba a Aqualia a pagar 12,8 millones de euros por los perjuicios que su gestión de la red de saneamiento y abastecimiento municipal entre 2005 y 2013 provocó al consistorio gallego.

Según informa La Voz de Galicia, una providencia del Juzgado que había emitido la sentencia condenatoria pretendía anularla argumentando que había habido un error informático en su envío. Fuentes municipales señalan que "ahora una nueva providencia y un auto judicial anulan ese incidente de nulidad a petición del Concello, por lo que la sentencia condenatoria de 12,8 millones de euros es firme a expensas de las alegaciones que se produzcan en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia".

El auto judicial indica que "está en lo cierto la defensa procesal del Ayuntamiento de Arteixo, en que esta juzgadora procedió a abrir tal incidente tan pronto se ha percatado del error, no habiendo esperado a que la resolución notificada fuese firme, por lo tanto, dado que dicha resolución puede ser objeto de recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 a 240 de la LOPJ, y 225 a 228 de la LEC, no cabe examinar la nulidad de dicha resolución". Asimismo añade que "por lo anterior no cabe apertura de incidente de nulidad".

El Ayuntamiento de Arteixo había presentado unas alegaciones y un recurso de reposición ante el juzgado número 4 en contra de la anulación de la sentencia. En ésta advertía de que la providencia que pretendía anular la sentencia notificada el 10 de enero vulneraba las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias y recordaba que en este caso están en juego "fondos públicos de elevadísima cuantía", así como que se debía evitar "la vulneración de la tutela judicial efectiva".

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