FACUA expresa en el Congreso su rechazo al anteproyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual

La Federación considera que el texto concibe la Cultura de forma patrimonialista y mercantilista.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha expresado en el Congreso de los Diputados su rechazo a los aspectos fundamentales para los usuarios recogidos en el anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, destacando entre otras cuestiones la imposición de un canon injusto y arbitrario por la compra de sistemas de almacenamiento o reproducción digital (CDs, DVDs, reproductores de MP3...) y la autorización de mecanismos que limiten el número de copias que puedan realizarse de una obra.

El portavoz y responsable de Control de Mercado de FACUA, Rubén Sánchez, compareció ayer ante la Comisión de Cultura del Congreso para presentar sus valoraciones sobre un texto que concibe la Cultura de forma patrimonialista y mercantilista, no respondiendo al objetivo que se propone de impulsarla en todas sus manifestaciones y de armonizar y equilibrar los derechos e intereses de los distintos sujetos implicados. El anteproyecto se inclina claramente y apuesta por consagrar la propiedad intelectual y los derechos e intereses de los autores, o más bien de las productoras, por encima de los consumidores, en detrimento de una cultura globalizada.

FACUA advierte que el acceso a la Cultura en todas sus expresiones es un derecho de los ciudadanos y su fomento y tutela por parte de los poderes públicos es un precepto constitucional, lo que justifica las limitaciones que puedan imponerse a la llamada propiedad intelectual, cuya importante función social es en cualquier caso incuestionable.

Canon

El pasado marzo, FACUA emprendió una campaña de recogida de firmas a través de su portal en Internet para reivindicar que en el establecimiento de remuneraciones para compensar los derechos de propiedad intelectual no sólo queden excluidos, como hasta la fecha, los programas de ordenador, sino también los soportes en CD y DVD, los equipos informáticos, las conexiones a Internet y cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital.

El canon se abona independientemente de que el destino de estos soportes sea la reproducción de música y películas o la de otros archivos no protegidos por derechos de autor, como por ejemplo sus propias fotografías.

Lamentablemente, el anteproyecto sólo libera del pago del canon (junto al software) a los "discos duros de ordenador", una decisión arbitraria y carente de argumentos que sólo parece dar respuesta a los intereses económicos de las productoras y que en cualquier caso, por su ambigüedad, generará una enorme inseguridad jurídica dado que existen cada vez más instrumentos que tecnológicamente se pueden asimilar a lo que comercial o coloquialmente se denomina disco duro u ordenador (por ejemplo, un teléfono móvil, capaz de archivar y reproducir música e imágenes).

De otra parte, carece de sentido que las administraciones públicas, universidades, colegios o asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y que persiguen, defienden y representan intereses generales deban abonar un canon cuando utilicen sistemas de almacenamiento digital, necesarios para fomentar el acceso de la ciudadanía a la Cultura.

FACUA también considera que las reglas establecidas en el anteproyecto para la fijación del importe del canon son excesivamente ambiguas y generan inseguridad jurídica. Asimismo, la Federación critica que la copia privada se concibe exclusivamente como un perjuicio para el autor que debe ser compensado con un canon, pero se obvia que también puede suponer un beneficio para éste al representar una mayor difusión y distribución de su obra, es decir, una publicidad gratuita.

Copia privada

Otra de las reivindicaciones de la campaña FACUA.org/noalcanon, que ha logrado cerca de 25.000 adhesiones, es que la reproducción para uso privado, lo que implica la ausencia de ánimo de lucro, quede reconocida expresamente en la norma como un derecho. Y ello con el objetivo de acabar con la utilización de sistemas anticopia en obras musicales y audiovisuales, los cuales son fácilmente sorteados por las mafias de la piratería y no hacen más que limitar al usuario la posibilidad de realizar copias de sus discos digitales para, por ejemplo, disfrutarlos en reproductores de MP3, además de impedir que los CDs puedan escucharse en determinados reproductores, como los de los automóviles.

FACUA ha criticado que el anteproyecto plantea la copia privada como una posibilidad para el usuario, pero no como un derecho. El texto establece que no se puede impedir la copia privada, pero sí limitarla tecnológicamente a un mínimo de tres copias. La Federación rechaza esta restricción, planteando sus dudas sobre si el anteproyecto se refiere a copias del original o también a copias de la copia y cómo se limitarían éstas.

Por otro lado, el anteproyecto establece que las personas jurídicas tendrán que pedir el consentimiento expreso del autor para realizar una copia privada, lo que provocaría importantes límites a la labor de entidades sin ánimo de lucro y que persiguen fines sociales, culturales, educativos.

También se plantea que no precisará autorización del autor de la obra exclusivamente el profesorado de la enseñanza reglada y siempre que los actos de reproducción, distribución y difusión tengan como finalidad la ilustración de su actividad educativa en las aulas. La Federación se pregunta por qué no se ha incluido al profesorado de la enseñanza no reglada y las entidades que igualmente desarrollan tareas educativas y formativas, así como la posibilidad de que la actividad educativa se realice fuera de las aulas.

Ley mercantilista

FACUA no tiene dudas de la necesidad de abordar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, pero en un sentido muy distinto al planteado en el anteproyecto. Han transcurrido casi diez años desde la promulgación de la ley actualmente en vigor y durante esta década la sociedad ha sufrido cambios importantes sobre todo en relación con el uso y la implantación de las nuevas tecnologías. Estamos inmersos en la sociedad de la información y de la globalización y ello debería suponer también una sociedad del conocimiento libre, una sociedad plural con acceso a la cultura, en su más amplio concepto, y donde el acceso, el uso y la difusión de contenidos artísticos, científicos, culturales, educativos y tecnológicos no esté condicionado por criterios de mercado y controlado por grupos profesionales y comerciales.

El reto que representa la sociedad de la información y la aportación que las nuevas tecnologías suponen para la universalización del conocimiento no son recogidos en el texto de la Ley, que sigue respondiendo a un concepto patrimonialista y mercantilista de la Cultura. Cuando se da lectura a la exposición de motivos de la Ley parece que las nuevas tecnologías, más que un beneficio para el conjunto de la sociedad, son un handicap para los creadores que preocupan porque aumentan las amenazas de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Más que sus posibilidades se analizan sus peligros.

Si en la Edad Media el acceso a la educación, a la cultura y al arte era patrimonio de la Iglesia, ahora, en el siglo XXI, las entidades representativas de los intereses de los artistas y creadores (que no de todos sino más bien de las grandes productoras) se convierten en los guardianes del arte y la cultura. FACUA, como entidad representativa de los intereses de los usuarios, no puede más que oponerse a esta concepción de la Cultura como negocio.

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