El Supremo condena a 'Prnoticias' y su director editorial por difamar a un periodista

La empresa editora del digital y Pedro Aparicio tendrán que indemnizar con 10.000 euros al director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, Íñigo Lapetra.

El Supremo condena a 'Prnoticias' y su director editorial por difamar a un periodista
El director editorial de PR Noticias, Pedro Aparicio, ya fue condenado en julio de 2015 por chantajear al periodista Íñigo Lapetra.

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director editorial de Prnoticias, Pedro Aparicio, y E-Contenidos SL, como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Íñigo Lapetra, director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014.

El Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa, ha señalado el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado de prensa sobre la sentencia. El Supremo condena a los demandados a pagar solidariamente al demandante una indemnización de 10.000 euros y a difundir el fallo en Prnoticias, en dos diarios nacionales y en la cuenta de Twitter de Aparicio, @pedroapa48. Lapetra ha anunciado que donará la indemnización al Banco de Alimentos.

El Alto Tribunal ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de Lapetra contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Audiencia de Madrid condenó a Aparicio por un delito de amenazas condicionales tras exigir 300.000 euros a Lapetra a cambio de no publicar un reportaje. El Supremo destaca en su sentencia que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el Alto Tribunal, en este caso "no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión".

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma "porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital". Recuerda el Alto Tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de Íñigo Lapetra y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

Condenado por chantaje

Aparicio fue condenado en firme por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de amenazas condicionales (chantaje). El auto, fechado el 17 de julio de 2015, condenó al director de Prnoticias a una pena de "cuatro meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena", así como al "abono de las costas procesales incluidas las de la acusación particular".

La sentencia por chantaje considera probado que Aparicio citó en su despacho a Lapetra "advirtiéndole que poseía un dosier con informaciones incriminatorias en el ámbito personal y supuestamente penal respecto deMáximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de Enfermería de España". "Con ánimo de menoscabar su libertad -resalta la resolución-, le amedrentó con revelar mediante su plataforma digital la información recogida en el dosier que imputa al acusado (...), exigiendo el acusado para evitar la publicación que se le entregara la cantidad de 300.000 euros".

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