Banca

Las lentas y frustrantes acciones colectivas en defensa de los consumidores

En España, estas actuaciones por parte de las asociaciones de consumidores suponen un camino arduo, lleno de obstáculos procedimentales de dudoso y frustrante resultado.

Por Olga Ruiz Legido

Hace casi tres años que FACUA presentó demanda en defensa de los intereses colectivos (y difusos) de los consumidores contra Telefónica. Fue allá por el mes de junio de 2015 con motivo de la subida ilegal en el mes de mayo del mismo año de las tarifas de Movistar Fusión en cinco euros mensuales, un incremento que la operadora aplicó a todos los usuarios que contrataron los servicios pese a que los promocionó, desde la fecha de su lanzamiento comercial en 2012, bajo el eslogan de tarifas "para siempre". La compañía aseguró en su publicidad que mantendría sus precios "para siempre", una oferta con valor contractual y obligatoria que, al no cumplirse, y a juicio de esta organización consumerista, devenía en un comportamiento desleal en el mercado sustentado en una más que evidente publicidad engañosa por parte de la referida empresa y un incumplimiento de las condiciones ofrecidas a más de cuatro millones de usuarios que contrataron Movistar Fusión.

La falta de actuaciones eficaces por parte de las autoridades gubernamentales de protección al consumidor, enrocadas en la inacción y empeñadas en judicializar todo fraude al consumidor en este país, llevó a esta asociación a emprender acciones judiciales contra Telefónica para exigir el cumplimiento de lo ofertado y reclamar la devolución de las cantidades cobradas de más como consecuencia de la subida. Millones de consumidores contrataron este servicio y más de 4.000 se presentaron expresamente como perjudicados por la publicidad ilícita del precio del servicio que realizó una de las telecos con más cuota de mercado.

Desde esa fecha, y a lo largo de estos tres años, Telefónica ha subido en cinco ocasiones el precio "para siempre" de Movistar Fusión mientras el procedimiento judicial continúa a ritmo de justicia española. Tres años después de iniciar acciones judiciales nos encontramos aún pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre si estamos ante intereses colectivos o difusos de los consumidores. Un debate que, afectando a aspectos formales y procedimentales, no ha permitido entrar en el fondo de la demanda presentada. Es decir, dilucidar si Telefónica fue desleal y engañó a los consumidores ofertando un producto con unas características que no ha cumplido y que simplemente utilizó como señuelo. La demandada argumentó entonces que un precio "para siempre" es solo una forma de hablar en términos comerciales.

Tres años después de esa muestra de cinismo defensivo, los usuarios afectados por la publicidad engañosa han visto incrementadas sus tarifas hasta en cinco ocasiones o se han dado de baja para no seguir ligados a una empresa que los engañó en un asunto que hasta ahora representa el mayor número de afectados en los tribunales por un fraude en el sector de las telecomunicaciones.

Si la asociación lograra una sentencia favorable, el juzgado declararía desleal la conducta de la compañía por publicidad ilícita y debería ordenar la anulación de la subida inicial, y las sucesivas, aplicando los precios "para siempre" ofertados que estaban vigentes antes de mayo de 2015. La teleco tendría que devolver a los usuarios el dinero cobrado de más.

Pero en España, el ejercicio de acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores es un camino arduo, con un recorrido lleno de obstáculos procedimentales de dudoso y frustrante resultado, pues cuando finalmente se consigue recorrer y alcanzar con éxito la costosa meta, serán muchos años, demasiados, después de que los consumidores sufrieran el engaño. En ese momento ya solo la victoria del débil y pequeño consumidor frente a los abusos de la gran multinacional compensará el esfuerzo y los recursos destinados a este empeño.

El debate entre intereses colectivos o intereses difusos es difícil de explicar al consumidor lego en materia jurídica y es aún más difícil entender que acciones pensadas para frenar prácticas abusivas tarden años y años en resolverse en un marco y una sociedad como la actual, donde publicidad, contratos y tarifas son de corta duración y donde las grandes empresas utilizan el tiempo de la justicia a su favor, sabiendo que cuanto más se dilaten los procedimientos judiciales más ventajas tendrán sobre los consumidores y las organizaciones que los representan. Los tiempos de los mercados no son compatibles con los tiempos de una justicia lenta y enrevesada para los consumidores, tiempos que son incompatibles con una eficaz defensa de los derechos de los consumidores.

El ejercicio de acciones por parte de las organizaciones de consumidores en defensa de sus intereses colectivos y/o difusos debe quedar mejor delimitada y regulada, simplificando y agilizando procedimientos, removiendo los obstáculos existentes y evitando interpretaciones que operan en perjuicio de los derechos de los consumidores, garantizando de verdad el acceso a la justicia por parte de los mismos a través de las organizaciones que los representan.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.

La foto de encabezamiento es de Flickr.com/sergiosf (CC BY-NC 2.0).

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