Tecno

¿Qué derechos te asisten para hacer valer la garantía de tus productos?

La ley contempla que todos los productos adquiridos tengan un plazo de garantía de dos años y obliga al vendedor a repararlos o sustituirlos.

Por Jesús Benítez

Ante la falta de conformidad del producto que compré hace meses, ¿quién elige la solución del problema, el vendedor o el comprador?, ¿tengo derecho a que me devuelvan el precio abonado por un producto defectuoso?, ¿de qué plazo dispongo para reclamar? Entre otras cuestiones, con frecuencia la asociaciones de consumidores y usuarios como FACUA-Consumidores en Acción reciben peticiones de asesoramiento de parte de sus socios, y consumidores en general, que giran en torno al régimen de garantía legalmente previsto para los bienes de consumo que se adquieren, de ahí la motivación de contribuir a la formación y el asesoramiento en la materia a los efectos de dotar a los consumidores y usuarios de las herramientas necesarias para la reducción de los abusos del mercado.

La garantía es el derecho que asiste a los usuarios para asegurar que los productos que adquieren presentan la calidad y las prestaciones habituales que los consumidores puedan esperar para bienes del mismo tipo, además de ajustarse a la descripción que, en su caso, el vendedor hubiese realizado. También obliga a que sean aptos para los usos ordinarios a los que se destinan productos del miso tipo y para aquellos propios para los que el usuario los hubiese adquirido (en la medida en que previamente lo hubiese puesto en conocimiento del vendedor y éste hubiese admitido que podría destinarse a dicho uso).

Esto lleva aparejada necesariamente la obligación de responder frente a las faltas de conformidad que se pongan de manifiesto sobre el producto adquirido, y que pueden consistir en la incorporación de cualidades o características no esperadas por el consumidor, en la ausencia de las mismas pese a haberse interesado en su incorporación, o en la aparición de defectos sobre el producto que hacen que no pueda destinarse para los usos para los que fue adquirido.

No obstante, son numerosos los consumidores que con frecuencia trasladan a asociaciones como FACUA que, tras poner en conocimiento del vendedor de un producto una falta de conformidad concreta, este se limita a señalar que el productor del bien rehúsa asumir ningún tipo de responsabilidad. En este sentido, ¿quién debe responder de las faltas de conformidad que presenten los productos que se adquieran? La normativa reguladora de la materia atribuye al vendedor la obligación de entregar productos conforme al contrato celebrado, por lo que se entiende que las acciones correspondientes deben ejercitarse frente al vendedor del producto en cuestión, quién en modo alguno puede limitarse a remitir al usuario sin más al fabricante.

Sin embargo, expresamente se contempla la posibilidad de reclamar directamente al productor en aquellos supuestos en los que al usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor, por ejemplo, que el producto se hubiera adquirido en una localidad lejana al domicilio del consumidor o que el vendedor hubiese desaparecido o cerrado su negocio. Asimismo, el productor responde de las faltas de conformidad cuando las mismas se refieran al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.

Por otra parte, y en lo relativo a las soluciones contempladas para hacer efectivo el derecho de los usuarios a la obtención de productos conformes con el contrato, conviene señalar que el consumidor puede exigir la reparación del producto o la sustitución del mismo, salvo que una de las opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. Hay que recordar, sin embargo, que no cabe la sustitución en el caso de productos no fungibles o de segunda mano.

En relación a esta desproporción, la posible existencia de la misma debe determinarse en cada supuesto en concreto, en atención a lo que la propia normativa estipula. La reparación o sustitución del producto podrá considerarse como desproporcionada cuando en comparación con la otra, imponga al vendedor costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el producto si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la resolución alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el usuario.

No debe obviarse, sin embargo, que es al consumidor a quien se le atribuye la facultad de elegir qué opción se adecua en mayor medida a sus intereses, a la vez que es requisito indispensable que, en cualquiera de los casos, la alternativa adoptada en modo alguno acarree ningún inconveniente para el usuario. El producto, por tanto, se debe reponer plenamente conforme al contrato.

Además, tanto la reparación como la sustitución del producto deben resultar gratuitas para el consumidor y llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el mismo. Deberán correr a cargo del vendedor los gastos de envío y el coste de la mano de obra y los materiales necesarios para la resolución de la falta de conformidad.

Hay que tener en cuenta que si la opción elegida por el consumidor no lograse reponer el producto conforme al contrato, no pudiera exigirse reparación o sustitución o no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable, el usuario podría pedir la resolución del contrato, excepto si la falta de conformidad es de poca importancia, o la rebaja del precio. Es decir, podría exigir la diferencia del valor real del producto y el que hubiera tenido de haber sido conforme con el contrato, o la devolución total del importe a cambio de la entrega del mismo.

Dos años de garantía para todos los productos

La normativa establece, con carácter general, un plazo de garantía de dos años para los productos a contar desde la entrega del mismo. Esto también afecta a los bienes de segunda mano, cuyo plazo sólo podrá ser menor si así lo acuerdan consumidor y empresario. En cualquier caso, este plazo acordado nunca podrá ser inferior a un año. De serlo, se aplicaría la normativa general.

Desde FACUA se recomienda exigir al vendedor toda la documentación necesaria (contrato de compraventa, factura, tique de compra, etc) para poder acreditar la fecha de entrega del producto si se tuviera que hacer valer la garantía.

Las faltas de conformidad, por tanto, deben ponerse de manifiesto dentro de estos plazos. Resulta de especial trascendencia comunicarlas al vendedor tan pronto como se tenga conocimiento de las mismas y, en todo caso, en un plazo que no supere los dos meses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los plazos de garantía se entienden suspendidos desde que el consumidor pone el producto a disposición del vendedor para que sea reparado o sustituido y hasta que tenga lugar la entrega del producto reparado o de uno nuevo. A partir de este momento, se reanuda el plazo de garantía por el tiempo que le reste.

El vendedor, por su parte, se encuentra obligado a poner a disposición del usuario la documentación que acredite la fecha en la que el usuario le entregó el producto y la fecha en la que el vendedor devolverá el bien reparado o entregará uno nuevo. De igual forma, durante los seis meses posteriores a la entrega de un producto reparado, el vendedor responde a las faltas de conformidad que motivaron una reparación, lo que puede extender la garantía más allá de los dos años estipulados por la normativa.

Además, durante los seis primeros meses desde la entrega del producto la normativa establece una presunción a favor del consumidor. Toda falta de conformidad o defecto que se ponga de manifiesto dentro de ese plazo, independientemente de que sea un producto nuevo o de segunda mano, se entiende que existían en el momento de la entrega del bien. Será obligación del vendedor probar que dicho defecto no existía en el momento de la entrega. Una vez transcurridos estos seis meses y hasta el fin de la garantía, recaerá sobre el consumidor acreditar que dicha falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del producto. Podría resultar necesario, pues, hacerse con un informe técnico o pericial que lo avale.

Sin embargo, resulta necesario no confundir los plazos de garantía con el plazo de prescripción previsto que tiene el consumidor para reclamar y exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los productos que compren. Durante tres años, a contar desde la entrega, los consumidores pueden ejercer las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones por parte del vendedor.

Además cabe destacar que, al tratarse de un plazo de prescripción, quedará interrumpido mientras tuvieran lugar dichas actuaciones (como la acción de los Tribunales o una reclamación extrajudicial). De igual forma, una vez resueltas, comienza de nuevo el cómputo de tres años que prevé la ley.

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Jesús Benítez es abogado y miembro del equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción.

Hay que tener en cuenta que si la opción elegida por el consumidor no lograse reponer el producto conforme al contrato, no pudiera exigirse reparación o sustitución o no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable, el usuario podría pedir la resolución del contrato, excepto si la falta de conformidad es de poca importancia, o la rebaja del precio. Es decir, podría exigir la diferencia del valor real del producto y el que hubiera tenido de haber sido conforme con el contrato, o la devolución total del importe a cambio de la entrega del mismo.

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