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Liberalización deshumanizadora con las gasolineras desatendidas

Este modelo de negocio vulnera derechos de los consumidores y usuarios, discrimina al colectivo de personas con diversidad funcional y se ceba con los trabajadores, ya que esta robotización genera destrucción de empleo.

Por Juanmi Garrido

Su implantación es relativamente reciente y sus consecuencias empiezan a ser devastadoras. De hecho, la creación de 180 gasolineras desatendidas en Andalucía ha supuesto la destrucción de hasta 700 empleos, según datos del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la comunidad autónoma andaluza.

El autodestructivo capitalismo instaurado como paradigma infranqueable en el seno de la Unión Europea (UE) con los poderosos lobbies de sello liberal está llevando a una situación de auténtica deshumanización de primera magnitud a esta institución internacional.

El organismo comunitario europeo lleva mucho tiempo demostrando a sus ciudadanos que 'donde manda el dinero, no importan las personas'. Con la regulación de las gasolineras desatendidas, favoreciendo de manera agresiva a los sectores más liberales, está poniendo de manifiesto que le importan un bledo los consumidores y usuarios, las personas que tienen alguna discapacidad y los trabajadores de las estaciones de servicio.

En el caso de Andalucía, el Decreto 537/2004 establece la obligatoriedad de la atención de las gasolineras desatendidas en horario diurno y exige un servicio atendido e información suficiente al consumidor sobre sus derechos y obligaciones. Asimismo, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en su artículo 50, apartado tercero, recoge que "las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, bienes que, por sus peculiares características, puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, y en particular combustibles y carburantes, deberán contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad".

Estas normativas regionales suponen una clara y férrea defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y del colectivo de personas con diversidad funcional frente a la apisonadora del todo vale a cambio de la pasta, con el beneplácito de la UE. Resulta indignante el respaldo desde el Ejecutivo comunitario a este modelo de negocio que llega incluso a dificultar gravemente el acceso a este servicio necesario para la circulación de las personas, poniendo trabas a su libertad de movimiento.

En la misma línea que Bruselas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe, rompe una lanza a favor de estas gasolineras sin atención alguna e inseguras aludiendo a que su implantación “aumenta la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el bienestar de los consumidores finales”. Aumentando el bienestar de los consumidores finales… ¿Acaso le ha preguntado la CNMC a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) si es cierto ese bienestar? De hecho, esta organización denuncia que este tipo de establecimientos suponen una clara discriminación para las personas de su colectivo, que no pueden repostar de manera autónoma o acceder a los dispositivos encargados de cobrar. En definitiva, se ven obligadas a buscar alternativas de uso al no poder ser asistidas.

Hay que tener muy presente que la ausencia de personal en estas estaciones de servicio provocan que sea imposible verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que, además, los surtidores funcionen correctamente, solicitar una factura o presentar una hoja de reclamaciones, entre otras acciones. Esto representa una grave desprotección de los consumidores y usuarios y una clara vulneración de sus derechos.

Por otra parte, las gasolineras desatendidas suponen un atentado contra la seguridad, anulando cualquier actuación responsable en materia de riesgos para los usuarios y consumidores y para el entorno en el que se encuentran, con una vigilancia que prácticamente brilla por su ausencia y sin capacidad de intervención en accidentes o incidentes que pudieran tener lugar. Por tanto, se hace indispensable la presencia de personal en estos establecimientos en los que pueden acumularse decenas de miles de litros de carburantes.

Hay quien puede decir que, teniendo algunas cámaras y un circuito cerrado de televisión (CCTV), estas estaciones de servicio cuentan con un dispositivo de seguridad; pero, ¿quién avisaría presencialmente a un usuario de que no puede fumar, ni repostar con el coche en marcha ni tener las luces encendida? Mientras que una gasolinera con personal puede resolver un hipotético incidente de forma inmediata no sirviendo el combustible, por ejemplo, en las gasolineras desatendidas tendrán que detectarlo mediante sus cámaras.

La capacidad de control que se puede tener desde el CCTV, una vez ofrecido el servicio, es nula en relación a su inmediatez. Una persona podría fumar sin problemas o encender cerillas, mecheros, etc., dentro de la zona calificada como peligrosa por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, una vez abastecido el coche, poniendo en serio peligro la seguridad de otros consumidores, la propia estación de servicio, incluso a la población próxima.

Igualmente, existe la posibilidad de que el embotellado del combustible, al no tener una supervisión presencial, se realice en recipientes no reglamentarios utilizados de manera fraudulenta o negligente. Por lo que, en este caso, también se evidencia una clara falta de seguridad.

En definitiva, la Unión Europea no puede hacer oídos sordos bajo ningún concepto a las demandas de las asociaciones, organizaciones, sindicatos, entidades y colectivos sociales, que llevan muchos años librando una gran batalla en la protección de los consumidores y usuarios y en la defensa de sus derechos, en el reconocimiento y total inclusión en la sociedad del colectivo de personas con diversidad funcional y en la defensa de los empleos de los trabajadores de las estaciones de servicio.

A Bruselas no se le debe olvidar que legisla para las personas y no para tener contentos a sus amiguitos de los lobbies de las gasolineras desasistidas. Asimismo, debe respetar las normativas de sentido común emanadas de parlamentos regionales, como el de Andalucía, que anteponen el bienestar de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad a los intereses de un modelo de negocio enmarcado en un liberalismo arrasador, al que le da absolutamente igual llevarse por delante las grandes conquistas de esas organizaciones y colectivos sociales.

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Juanmi Garrido es periodista y miembro del equipo de redacción de Consumerismo.

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