La empresa CMPC tendrá que indemnizar con 9,40 euros a cada chileno por prácticas monopolísticas

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) ha participado en las negociaciones en las que se ha logrado que CMPC pague 127 millones de euros por el escándalo del monopolio de papel higiénico.

La empresa CMPC tendrá que indemnizar con 9,40 euros a cada chileno por prácticas monopolísticas

La Corte Suprema de Chile ha ratificado este jueves 17 de mayo la indemnización de 150 millones de dólares (unos 127 millones de euros) a la que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) tendrá que hacer frente por prácticas anticompetitivas en el caso del monopolio en los precios de papel tisú (pañuelos desechables, papel higiénico, servilletas, etc).

La compañía tendrá que pagar 7.000 pesos chilenos (con el cambio actual, 9,40 euros aproximadamente) a "cada chileno mayor de 18 años". El acuerdo llegó tras las negociaciones entre la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la propia CMPC, y sólo restaba su ratificación por parte de la justicia chilena.

Para el presidente de Odecu, Stefan Larenas, la resolución es "una muy buena noticia para los consumidores, pues consolida el resultado de una mesa de negociación que llegó a un acuerdo en enero de 2017". El inicio de los pagos se había retrasado debido a un recurso de casación interpuesto por representantes de la comunidad mapuche, que consideraban la indemnización insuficiente y que finalmente ha sido rechazado por la Corte Suprema.

El Sernac, por su parte, ha confirmado que la primera etapa de la entrega de las indemnizaciones comenzará en dos meses y que serán diez millones de chilenos los beneficiarios de esta fase inicial de la devolución. El director del servicio, Lucas del Valle, ha considerado el fallo como "histórico e inédito. No existe precedente en un plan de compensación".

El escándalo del monopolio de papel tisú estalló en 2015, cuando se descubrió que representantes de dos de las empresas fabricantes de este producto, CMPC y Pisa, habían pactado subir los precios y mantener controlado el mercado en el negocio masivo, es decir, supermercados, farmacéuticas y cadenas mayoristas.

De esta forma, CMPC controlaría el 76% de la cuota de mercado y Pisa el 24% restante. Altos directivos de las dos compañías se reunieron hasta en tres ocasiones para concretar el plan. Crearon un sistema llamado Bomba, por el lugar en el que ocurrían sus encuentros, que permitía monitorizar las participaciones de cada compañía en los diferentes canales de venta, según demostraron las investigaciones de la Fiscalía chilena.

Así, si el modelo arrojaba resultados diferentes a los porcentajes acordados, se efectuaban modificaciones para corregir las desviaciones. Los ejecutivos se intercambiaban los planes de precios para poder realizar los cambios y mantener la cuota que se habían repartido.

Las dos compañías crearon todo un entramado para poder comunicarse entre sí. Además de las reuniones personales, utilizaron una serie de correos electrónicos falsos, compraban teléfonos móviles con tarjetas prepago e incluso llegaron a usar el correo tradicional para enviar la documentación en papel y evitar dejar un rastro electrónico de lo que estaban realizando.

Según la Fiscalia chilena "los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud. Así lo demuestran distintas conductas llevadas a cabo por los ejecutivos quienes evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos".

Las investigaciones demostraron que esta conducta se prolongó durante al menos diez años, hasta 2011, logrando mantener estables sus participaciones en el mercado y afectando a los precios de venta al público de sus productos.

Tras descubrirse el escándalo, CMPC anunció que se acogía al llamado programa de delación compensada y reconoció prácticas anticompetitivas. De esta forma, la compañía evitaba la multa y proponía una indemnización a los consumidores. Tras las negociaciones con Odecu, Conadecus y el Sernac la cantidad se estableció en 150 millones de dólares. Un montante que, según el Sernac, corresponde a casi seis veces la multa máxima con la que la empresa hubiera sido castigada en un procedimiento de libre competencia.

Por otra parte, la Fiscalía pidió la imposición de una multa de 15 millones de dólares (13 millones de euros aproximadamente) a Pisa, la otra compañía implicada en el escándalo y actualmente integrada en SCA. Finalmente el Tribunal de la Libre Competencia de Chile aceptó la propuesta de la Fiscalía y multó a SCA con dicha cantidad.

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