FACUA reclama al Gobierno una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años

La Federación cree que la norma presentada ayer introduce aspectos positivos pero recuerda al Ejecutivo que la legislación vigente ya prohíbe el redondeo de las telefónicas y por cada mes que espere para actuar contra él los usuarios pagarán en torno a 100 millones de euros por estas prácticas ilícitas.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama al Gobierno una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años en cuanto a la nueva realidad del mercado en el siglo XXI y un marco sancionador que ya es claramente obsoleto.

En este sentido, FACUA recuerda que el Ejecutivo tiene hasta septiembre de 2006 para aprobar dicha norma ya que la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, en su disposición final cuarta, "habilita al Gobierno para que en el plazo de tres años proceda a refundir en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos".

La futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por la ministra de Sanidad y Consumo, introduce aspectos positivos, aunque también algún retroceso, pero no representa el avance normativo necesario que FACUA viene reivindicando desde hace años para los consumidores españoles. Además, la Federación advierte que inaceptable que el anteproyecto de Ley no fuese consensuado con las asociaciones de consumidores.

La Federación advierte que muchos de los aspectos recogidos en la nueva norma, aunque ahora se mejoren, ya están contemplados en la legislación vigente, como la ilegalidad de las prácticas de redondeo, por lo que lo prioritario es que el Gobierno actúe para acabar con ellas.

FACUA señala que para acabar con la indefensión de los consumidores no sólo hacen falta leyes, sino gobiernos que las hagan cumplir. En este sentido, la Federación recuerda que en noviembre de 2003 inició una campaña de denuncias contra las compañías de telefonía fija y móvil por el cobro de segundos de conversación no consumidos por los usuarios en las llamadas realizadas desde y hacia móviles, que ha contado con el apoyo del propio Defensor del Pueblo (ver su último Informe Anual), sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas contra las diecinueve empresas denunciadas.

FACUA valora positivamente el compromiso anunciado por la ministra de Sanidad y Consumo de acabar con el redondeo al alza en la facturación de éstos y otros servicios, pero advierte que el Gobierno tiene ya los resortes suficientes para por freno a estas prácticas sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva Ley. La Federación advierte que por cada mes de espera, las compañías de telefonía móvil. seguirán ingresando unos 100 millones de euros mensuales fruto de los redondeos; desde 1998, la cifra supera ya los 7.000 millones de euros. En este sentido, FACUA interpondrá en los próximos días una demanda judicial contra Movistar, Vodafone y Amena.

La citada Ley de 1984 considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24), por lo que la mejora en la definición de cláusula abusiva anunciada por el Gobierno en relación a los redondeos no puede de ninguna forma dar carta de legalidad a las irregularidades cometidas hasta la fecha.

Por otro lado, FACUA advierte que el anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios introduce un elemento que puede traer un importante perjuicio a los consumidores españoles. La norma prevé limitar el derecho de presentar demandas judiciales en representación de intereses colectivos (como la que la Federación va a interponer contra las telefónicas) exclusivamente a las asociaciones de consumidores de ámbito nacional que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), además de las autorizadas por las legislaciones autonómicas. La Federación considera de extrema gravedad que el Gobierno recorte un derecho reconocido a todas las asociaciones de consumidores limitándolo a aquéllas que formen parte de un órgano que lleva años inerte y cuya futura composición será, cuanto menos, polémica.

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