FACUA Andalucía pide un cambio legal que le permita conocer los procedimientos sancionadores en materia de consumo

En el escrito que ha dirigido a los grupos parlamentarios, la federación recoge la necesidad de participar en dichos procedimientos para velar por los derechos de los consumidores con efectividad.

FACUA Andalucía pide un cambio legal que le permita conocer los procedimientos sancionadores en materia de consumo
Imagen: Europa Press

FACUA Andalucía se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios para solicitarles que impulsen una modificación de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía que incluya a las asociaciones de consumidores como parte interesada en los procedimientos que persigan conductas que atentan contra los intereses de los consumidores, de forma que reciban información sobre el estado de los expedientes sancionadores o su resolución.

En el escrito, la federación recoge que en gran cantidad de ocasiones la Administración "niega toda información sobre la tramitación de denuncias o la apertura de expediente sancionador y su resolución, apartándonos del procedimiento y no reconociendo nuestra condición de interesados", incluso cuando la denuncia parte de la propia FACUA Andalucía, ya sea en representación de un asociado o en defensa de derechos colectivos.

La federación recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge que las asociaciones de consumidores tienen como finalidad "la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores" y que, por tanto, tienen reconocido el derecho a "representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios".

FACUA Andalucía, por tanto, entiende que para el cumplimiento de estas funciones debe ser reconocida como parte interesada en los expedientes sancionadores "especialmente aquellos que se inician por nuestra denuncia".

Además, incide en que la negativa por parte de las diferentes administraciones de reconocer como parte interesada a las asociaciones de consumidores supone serias trabas a la defensa de los derechos de los mismos, además de recordar que ya ha elevado varias quejas a los defensores del pueblo sobre esta cuestión, que han resuelto a favor de la federación.

Así, el Defensor del Pueblo resolvió en 2017 que "la doctrina del Tribunal Constitucional permite considerar a una asociación, titular de intereses colectivos o difusos, que denuncia una actuación presuntamente infractora, como interesada en el correspondiente expediente sancionador". La resolución afirma que la constatación por parte de la Administración de una relación entre la finalidad de la organización y la infracción que denuncia "bastará para atribuirle la condición de parte en el procedimiento sancionador que pueda condicionarse".

De igual forma, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana resolvió que debía "posibilitarse que en los procedimientos iniciados por denuncia de una organización de consumidores, la parte denunciante sea notificada tanto del acto administrativo, como de la resolución y su contenido".

Ya en 2010, el Defensor del Pueblo Andaluz sugirió que se promoviera una modificación legal "para incorporar a las normas reguladoras del procedimiento sancionador de consumo la obligación de comunicar al denunciante el acuerdo que se adopte sobre el inicio o no del expediente sancionador y, en su caso, la resolución que le ponga fin". En 2018, nuevamente confirmó su posición y recomendó que se admitiera que las asociaciones de consumidores "tienen interés legítimo para ser parte en el procedimiento sancionador si acreditan que la resolución que se dicte puede afectar a tales intereses".

Por todo ello, FACUA Andalucía ha pedido a los grupos parlamentarios que promuevan un cambio en la legislación, en concreto, añadir un apartado al artículo 31 de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que permita a las asociaciones de consumidoras "ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos en los que se persigan conductas que atenten contra los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, tanto a nivel individual como colectivo, teniendo derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos y demás derechos reconocidos a los interesados".

También ha pedido que se incluya un artículo nuevo en el marco del procedimiento sancionador de la Ley 13/2003 que recoja explícitamente la condición de interesado de las asociaciones de consumidores, de manera que tengan reconocido el derecho de recibir información sobre "la incoación de un procedimiento administrativo sancionador, así como la resolución sancionadora o aquella que ponga fin al citado procedimiento".

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