FACUA considera positivo el compromiso de acabar con el redondeo anunciado por el Gobierno pero advierte que la Ley de Consumidores de 1984 ya deja clara su ilegalidad

Para la Federación, sería inaceptable que el anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios no fuese consensuado con las asociaciones de consumidores.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera positivo el compromiso anunciado por el Gobierno de acabar con el redondeo al alza en la facturación de servicios como la telefonía o los aparcamientos a través de la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, pero advierte que la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya deja clara su ilegalidad.

FACUA valora como un éxito este compromiso expresado hoy por la ministra de Sanidad y Consumo, tras la campaña de denuncias iniciada por la Federación en noviembre de 2003 contra las compañías de telefonía fija y móvil por el cobro de segundos de conversación no consumidos en las llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles.

Según ha anunciado el Ministerio, "el nuevo anteproyecto de Ley tipifica como abusivas todas las estipulaciones contractuales que prevean el redondeo del precio al alza, tanto en productos como en servicios. Así, cuando la determinación del precio se base en unidades de tiempo, se considerarán abusivas aquellas cláusulas que fijen una cuantía por unidades no efectivamente consumidas o que redondeen al alza por tiempos no utilizados por el consumidor, como ocurre en la actualidad en el sector de los aparcamientos o en telefonía. Con esta medida, se pretende asegurar a los consumidores que se les cobre por el servicio efectivamente prestado".

No obstante, la Federación advierte que esta medida no puede de ninguna forma dar carta de legalidad a las irregularidades cometidas desde hace años por las compañías telefónicas en sus procedimientos de facturación, ya que la citada Ley de 1984 considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24). Un argumento jurídico de FACUA que ha sido apoyado por el propio Defensor del Pueblo en su último Informe Anual y con el que el Gobierno podría haber actuado ya contra las telefónicas.

Por otro lado, para FACUA sería inaceptable que el anteproyecto de Ley no fuese consensuado con las asociaciones de consumidores. Una medida que no respondería en absoluto al compromiso del presidente del Gobierno de "escuchar a los ciudadanos" y que supondría que una norma marco para los consumidores naciese viciada, al no contar con la participación de sus asociaciones representativas. Asimismo, la Federación señala que esta norma debe acompañarse de una Ley específica que regule a las asociaciones de consumidores y defina los requisitos que deben cumplir para ser consideradas como tales y medir su representatividad.

En relación al redondeo en telefonía móvil, la Federación presentará en los próximos días una demanda judicial contra Movistar, Vodafone y Amena. Asimismo, a comienzos de este mes, FACUA ha solicitado al Comisariado para la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación que investigue estas irregularidades.

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