El TJUE multa a Italia con 25 millones de euros por incumplir la norma de tratamiento de aguas residuales

El tribunal ha constatado que el país italiano lleva desde 2012 sin garantizar que 109 núcleos urbanos estén dotados de sistemas colectores para aguas residuales que se ajusten a la normativa europea.

El TJUE multa a Italia con 25 millones de euros por incumplir la norma de tratamiento de aguas residuales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a Italia a pagar una cantidad a tanto alzado de 25 millones de euros por no haber aplicado las normas comunitarias sobre recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, así como una multa coercitiva de 30 millones por cada semestre que pase a partir de ahora sin aplicarlas.

El tribunal de Luxemburgo declaró en julio de 2012 que Italia había incumplido su obligación de garantizar que 109 aglomeraciones estuvieran dotadas de sistemas colectores para aguas residuales urbanas o sistemas de tratamiento que se ajustaran a lo establecido en la respectiva directiva comunitaria.

La Comisión Europea interpuso en febrero de 2016, cuando terminaba el plazo fijado, un segundo recurso ante el TJUE en el que solicitaba que se impusieran sanciones por el incumplimiento. En su sentencia de este jueves, el tribunal con sede en Luxemburgo ha constatado que Italia no ha adoptado todavía las medidas necesarias para dar ejecución a la sentencia de 2012.

El TJUE considera que el incumplimiento de Italia, además de haber durado casi seis años, es "particularmente grave" porque la inexistencia o la insuficiencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales urbanas "pueden perjudicar el medio ambiente".

Por ello, la Justicia europea ha decidido condenar a Italia a abonar a la UE una multa coercitiva de 30,1 millones de euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de 2012 a partir del miércoles 30 de mayo y hasta la fecha en que se cumpla.

Además, ha condenado a Italia a abonar al presupuesto de la Unión Europea una cantidad a tanto alzado de 25 millones de euros con el objetivo de prevenir la repetición en el futuro de infracciones análogas del Derecho de la UE.

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