FACUA solicita al gobierno vasco que solucione las deficiencias de los servicios de ambulancia

Los usuarios denuncian retrasos en la llegada de los vehículos, centralitas saturadas que no responden a las llamadas y pérdidas de citas médicas por llegar tarde al centro hospitalario.

FACUA solicita al gobierno vasco que solucione las deficiencias de los servicios de ambulancia

FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Departamento de Salud vasco que resuelva en la mayor brevedad de tiempo posible las deficiencias que está sufriendo el servicio de ambulancias de la comunidad.

La asociación, a través de FACUA Euskadi, ha tenido conocimiento de que los usuarios están denunciado graves retrasos en la llegada de los vehículos, centralitas saturadas que no responden a las llamadas y la pérdida de citas médicas por la impuntualidad de las ambulancias. Medios de comunicación de la zona se han hecho igualmente eco de todos los problemas que están teniendo este servicio.

Según se han hecho eco medios de comunicación de la zona, las quejas de los usuarios parecen haber comenzado a producirse desde que la empresa Ambuibérica tomó el relevo a Ambulancias Euskadi en la concesión del servicio. La nueva empresa achaca el caos en la organización al incendio de 35 de las 170 ambulancias de las que dispone el servicio y ha asegurado, en declaraciones a estos medios, que el servicio será "de calidad" una vez solventados los "desajustes de todo inicio" y los problemas causados por la destrucción de casi un cuarto de su flota.

La asociación recuerda que la Ley de ordenación sanitaria de Euskadi contempla en si artículo 10 que el sistema sanitario de la comunidad debe garantizar en el acceso de los ciudadanos a los servicios "el principio de igualdad efectiva" y debe procurar "las condiciones organizativas que permitan una progresiva ampliación de la capacidad de elección sobre los servicios y profesionales adjuntos".

Además, el artículo 43 de la Constitución Española recoge en sus dos primeros apartados que "se reconoce el derecho a la protección de la salud" y que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las prestaciones y servicios necesarios".

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