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Réquiem por (los consumidores de) la UE

El euroescepticismo británico se basaba en gran parte en el diferente sistema de protección que existe en el Reino Unido y Europa, pero ya ciudadanos de otros Estados miembros se hacen la misma pregunta.

Por Carlos Puente Martín

La Comisión Europea está desarrollando un impuesto común aplicable a las multinacionales de la economía digital, fundamentalmente norteamericanas que operan y obtienen grandes beneficios en territorio de la Unión Europea y en su mercado único. La tarea no es sencilla pues se enfrenta a posiciones contrarias de algunos Estados miembros que se benefician de la actual situación. La ambición recaudatoria de éstos y de la propia Unión Europea no puede ser comprendida fácilmente.

Para los ciudadanos, y por ende los consumidores, esta actitud político-fiscal resulta incomprensible, cuando no vejatoria, al comprobar que el único estímulo de algunos Estados miembros y de la propia Comisión Europea es el control y aumento de los ingresos fiscales y no el mejor funcionamiento de los mercados en los que están operando las multinacionales. Los derechos de los consumidores están insuficientemente protegidos, no sólo por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea sino, también, por las propias instituciones. El marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha resultado ser un fracaso donde se llegue a un acuerdo protector de los derechos de los consumidores.

Los derechos de los ciudadanos europeos y, por ende, de los consumidores pues todos lo somos, no bastan con incluirlos en decálogos de derechos teóricos si no se pueden ejercer, bien por desconocimiento de los mecanismos existentes o porque su ejercicio puede suponer un alto coste económico que excluye toda iniciativa. La relación jurídica multinacional-ciudadano es muy desequilibrada y la parte más débil es el consumidor. La capacidad económica de las empresas multinacionales es desproporcionada comparada con la posibilidad en este sentido de la persona física, y si el ámbito existente para ejercer los derechos violados por una multinacional implica un coste adicional de tasas judiciales y costes inherentes a un proceso, que puede eternizarme mediante prácticas dilatorias de los juristas, el derecho del individuo es ficticio.

El día 1 de enero de 2009 entró en vigor el Proceso europeo de escasa cuantía (Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007) que, junto con el Proceso monitorio europeo (Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006), son la columna vertebral de un supuesto espacio judicial europeo que permita a los ciudadanos ejercer sus acciones de una forma poco costosa y sin dilaciones. Estos dos atributos se revelan ideales inalcanzables si se examina el contenido del propio proceso debido a la posición desigual de las partes como antes me he referido.

Lo cierto es que antes de llegar al Proceso europeo de escasa cuantía, el consumidor reclamante ante una empresa multinacional, que suele tener su sede en suelo de un "Estado miembro protector", ha consumado otras etapas. En un reciente caso de una reclamación contra la compañía Skype, con sede en Luxemburgo, el reclamante residente en España, a quien le habían suprimido el servicio de pago alegando que "no se ha podido realizar el pago" aunque existían fondos suficientes, y la propia empresa informa al cliente que puede "intentarlo usando otra tarjeta u otra de nuestras formas de pago, como Skrill, transferencia bancaria puntual…". El usuario realizó el mismo día la transferencia pero alegaron desconocerla pues el objetivo de Skype era renovar el contrato a un precio superior.

Todas las gestiones ante Microsoft Ibérica, la propietaria de Skype, y la propia Skype, resultaron infructuosas. El usuario español interpuso sendas reclamaciones ante la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid desde febrero de 2017, fecha en que ocurrieron los hechos, y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid informó al reclamante que "las gestiones realizadas por vía conciliatoria han dado resultado negativo…" y que "podría dirigir la reclamación al Centro Europeo del Consumidor (CEC), C/ Príncipe de Vergara 54, de Madrid".

El incansable ciudadano, consumidor y reclamante acudió al Centro Europeo del Consumidor (CEC) en Madrid y, tras varias idas y venidas, en el mes de marzo de 2017, presentó en dicho centro el "Formulario de reclamación del Consumidor", recibiendo la siguiente respuesta, en septiembre de 2017: "Acudo a usted después de que nuestros compañeros del CEC de Luxemburgo nos informen de falta de colaboración, por parte de la reclamada, a ninguno de los intentos de intermediación realizados. Tan sólo hemos podido confirmar la intención de la empresa a devolverle la cantidad de 73,91 euros que ud. no había reclamado". Efectivamente el usuario reclamaba el servicio cuyo importe había pagado y que la empresa reconoce.

Y continúa la respuesta del CEC: "Esta situación evidencia una falta de interés o voluntad por parte de Skype- Microsoft en solucionar su controversia a través de una vía extrajudicial y amistosa, como es la intermediación propuesta por la Red de Centros Europeos del Consumidor, que conjugada con la carencia de capacidad coercitiva o punitiva en nuestra competencia, nos obliga a dar archivo definitivo a su reclamación. No sin antes informarle de la existencia de un procedimiento judicial denominado Reclamación de Escasa Cuantía, ante el que no será necesaria la asistencia de abogado y procurador…" . Y sigue diciendo el CEC: "Además, nuestros compañeros del Centro Europeo de Luxemburgo nos informan de otro organismo al que Ud. puede dirigir su reclamación en inglés, si Ud. lo desea: https://www.mediateurconsommation.lu/en".

Sin descanso, el usuario español de Skype interpuso la reclamación ante The Mediator of Consumption of Luxembourg, que aceptó la reclamación para la intermediación de la resolución de la disputa entre el reclamante español y la multinacional ubicada en Luxemburgo. La institución nombró Médiateur de la Consommation al honorable señor Claude Fellens que, amablemente fue informando al reclamante de la marcha del procedimiento. A finales de noviembre de 2017, el honorable señor Fellens se dirigió al usuario reclamante español y le comunicó, entre otras, que "conforme al artículo 6 (6) del Procedure Regulations of the Nacional Service of the Mediator of consumption (SNMC), el proceso es voluntario""Desafortunadamente, en su caso, la otra parte no ha respondido favorablemente a mi petición para participar en el proceso de mediación, por lo que me veo obligado a archivar la reclamación". Ya sólo queda acudir al Proceso europeo de escasa cuantía pero el reclamante ha indagado ante los Juzgados de Justicia, el Colegio de Abogados de Madrid, etc. y existe muy poco conocimiento y experiencia sobre su desarrollo. Un comunicado de la Comisión Europea decía: "en 2010 … los CEC descubrieron que el procedimiento (PEEC) es poco conocido…".

Los ciudadanos europeos, pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, al tener conocimiento de este caso se podrían preguntar "¿para qué sirve la Unión Europea si los derechos individuales no están protegidos?" El euroescepticismo de los británicos estaba basado en gran parte en el diferente sistema de protección que existe en el Reino Unido y en el continente europeo, pero ya ciudadanos de otros Estados miembros continentales se hacen la misma pregunta. No son los enemigos de la Unión Europea los más temibles sino los procedimientos y el exceso de regulaciones inservibles que se elaboran en el Parlamento Europeo y en otras instituciones. El peligro del fracaso de una Unión Europea de ciudadanos no proviene del exterior sino de sus propias entrañas.

¿Cómo pueden las instituciones europeas ayudar al ciudadano, consumidor reclamante contra el gigante Skype si los procedimientos existentes no tienen fuerza coercitiva y no están al alcance de los ciudadanos europeos? Es necesario un Sistema de Arbitraje Europeo rápido, eficiente, coercitivo y gratuito para los ciudadanos si no queremos que el ciudadano europeo no sea un Quijote o un personaje kafkiano. La solución está en los responsables de Bruselas.

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Carlos Puente es conferenciante y analista político-económico y miembro de la Junta directiva de FACUA.

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