Sobre FACUA

El modelo de organización de consumidores que FACUA promueve

'Consumidores en acción' defiende los intereses y derechos individuales de sus asociados, a la vez que defiende los del conjunto de la población consumidora.

Por Paco Sánchez Legrán

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 51 que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos, así como que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a los consumidores, en los términos que la ley establezca.

Este mandato constitucional fue desarrollado posteriormente en 1984 a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su amplio articulado recoge los derechos de los consumidores y estableció el marco legal para el desarrollo de las actividades y funciones de las asociaciones de consumidores y usuarios. Complementando este marco legal regulador de los derechos de los consumidores cada una de las comunidades autónomas ha ido promulgando leyes o normas específicas para la defensa de los consumidores en el ámbito territorial de sus competencias, como fue el caso de la andaluza, que en 1985 promulgó la Ley de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Dos décadas más tarde, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias cumple con la previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que habilita al Gobierno para que, en el plazo doce meses, proceda a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.

Las asociaciones de consumidores están reguladas por la ley

En la citada Ley General se regula todo lo relacionado con el derecho a la representación, consulta y participación de los consumidores y así en el primer artículo de dicho capítulo se establece lo siguiente:

"Las asociaciones de consumidores y usuarios se constituirán con arreglo a la Ley de Asociaciones -de 1964- y tendrán como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados; podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones de idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y disfrutarán del beneficio de justicia gratuita en los casos que se establecen en esta ley. Su organización y funcionamiento serán democráticos".

En una sociedad como la española, en la que el libre mercado genera intereses contrapuestos entre los distintos agentes económicos que conforman el mismo, es necesario contar con los instrumentos necesarios para garantizar que esos intereses contrarios, se desarrollen dentro de un marco de respeto a los derechos de cada uno de ellos.

Partiendo de la teoría aceptada por la Constitución Española, es necesario señalar que la realidad actual conforma una situación, donde este respeto y marco de igualdad de relaciones no se da. Es un hecho demostrado que los consumidores tienen una situación de inferioridad frente a fabricantes y distribuidores y sufren graves situaciones de abusos y fraudes en sus relaciones obligadas con éstos.

Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país, y con la aprobación de la Constitución Española de 1978, se comienza un proceso para establecer un marco legal que garantice los derechos que los consumidores deben tener en el mercado, partiendo del principio de que éstos son la parte más débil del mismo y que por ello los poderes públicos tienen que garantizar el respeto de sus derechos, la protección por medios eficaces de la seguridad y la salud de éstos y la defensa de sus intereses económicos; así como a fomentar a las asociaciones de consumidores como instrumentos que contribuyan a equilibrar el funcionamiento del mercado.

Este principio constitucional se basa en el hecho de que la promulgación de nuevas leyes y disposiciones para la protección de los derechos, si bien contribuyen a frenar abusos y fraudes, o al menos los tipifica, no puede ser nunca suficiente. Ya que para lograr un cierto equilibrio entre los distintos sectores que conforman el mercado, es decir, entre fabricantes y productores, distribuidores o prestadores de servicios por un lado y la gran masa de consumidores por otro, se tiene que producir un hecho fundamental, que ahora explico.

Las asociaciones fortalecen a los consumidores

Que el consumidor entienda que de forma individual o aislada, no puede hacer frente al poder de fabricantes o distribuidores, ni pueden exigir con éxito, la promulgación de nuevas leyes que le protejan. Y que sólo con el agrupamiento de los consumidores, a través de la creación y desarrollo de asociaciones de consumidores fuertes y representativas, se podrán fomentar las condiciones para que esa gran masa de ciudadanos que compran productos o utilizan servicios, puedan intervenir como un agente económico activo e influyente en el mercado.

Por ello, FACUA fomenta un modelo de organización de consumidores que contribuya a ir equilibrando la situación de los usuarios en el mercado en su relación a los fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios, y para ello es fundamental que las asociaciones desarrollen una eficaz labor en la defensa de las reclamaciones o denuncias individuales o colectivas de los afectados por un fraude o abuso. Es necesario suplir la debilidad del consumidor individual frente al empresario y sus equipos de asesores y de ejecutivos, con el poder de los servicios jurídicos y económicos de las asociaciones de consumidores, y de sus gabinetes de comunicación.

Completando esta actividad de atender y tramitar las denuncias y reclamaciones de los consumidores frente a los empresarios causantes del abuso o fraude, las asociaciones de consumidores que fomenta FACUA asumirán también la defensa colectiva de los intereses de los consumidores frente a grandes empresas o la Administración y para ello deberán realizar una serie de actividades de información, de control y de formación que permitan avanzar en dicha defensa.

Partiendo de estos supuestos ya señalados, y si asumimos que una de las principales causas que facilitan o contribuyen a la existencia del fraude y al abuso contra el consumidor es el bajo nivel de conocimiento que éstos tienen acerca de sus derechos y obligaciones legales, es fundamental que una asociación de consumidores sitúe también entre sus actividades principales, la información y formación de los consumidores sobre dichos derechos y deberes.

Esta actividad informativa deberá desarrollarse mediante la edición de revistas especializadas de carácter periódico y de otro tipo de publicaciones monográficas y garantizando una presencia activa en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, como hace FACUA.

Formación de los cuadros directivos de FACUA y sus organizaciones territoriales. | Imagen: Lydia López.
Formación de los cuadros directivos de FACUA y sus organizaciones territoriales. | Imagen: Lydia López.

 

Asimismo, es necesario completar esta labor informativa hacia el conjunto de los consumidores, con otra actividad más selectiva de carácter formativo, dirigidas a cuadros directivos, líderes de opinión, etc. Esta labor sistemática de formación, a través de cursos, seminarios, conferencias, etc. permitirá elevar el nivel de conocimiento y capacitación de dichos cuadros o generadores de opinión, logrando con ello que éstos sean elementos dinamizadores y organizadores de la sociedad y contribuyan a facilitar una más rápida organización de los consumidores.

La información es fundamental para nuestra defensa

Junto con estas actuaciones indicadas, las asociaciones de consumidores deben articular otras fórmulas para reforzar la información de los usuarios acerca de los productos o servicios que se ofertan en el mercado. Y para ello es necesario que éstas realicen, como hace FACUA, análisis o estudios comparativos de aquellos productos o servicios de mayor consumo o uso, o de aquellos que se puedan presuponer que representen riesgo, peligro o engaño a los consumidores.

Las asociaciones no sólo deben estar preparadas para atender las reclamaciones o denuncias que les lleguen a sus locales u oficinas, sino que además tienen que salir a la calle para la búsqueda de las irregularidades o incumplimientos legales que se produzcan y para proceder a su denuncia.

Sólo con una acción en esas direcciones se podrá garantizar el logro de otros objetivos, no menos importantes, como el promover la mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y en la utilización de servicios ofertados en el mercado, y facilitar la comprensión y utilización por parte de los consumidores de la información obligatoria que tienen que ofrecer todos los productos o servicios, para su correcto consumo o uso, difundiendo el conocimiento de los derechos y deberes del usuario y las formas más adecuadas para ejercerlos.

También hay que fomentar la prevención de riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o utilización de servicios, y por ello adecuar las pautas a una utilización racional de los recursos naturales para preservar el medioambiente y potenciar la formación de educadores en el campo de la protección de los derechos de los consumidores.

Retomando el principio que establece la Constitución Española de que los poderes públicos están obligados a escuchar a las asociaciones de consumidores en todas las cuestiones que afecten a éstos, para ello se estableció en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios un capítulo entero para regular la participación, representación y audiencia en consulta que se mantuvo en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En dicho sentido, la Ley establece que las asociaciones de consumidores y usuarios serán oídas, en consulta, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los consumidores o usuarios y por ello será preceptiva dicha audiencia en los siguientes casos: reglamentos que desarrollen la citada Ley General; reglamentos sobre productos o servicios de uso y consumo; ordenación del mercado interior y disciplina de mercado; precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores y usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las administraciones públicas; condiciones generales de los contratos de empresas que prestan servicios públicos en régimen de monopolio, y en los casos en que una ley así lo establezca.

Complementando este derecho a la participación ya señalado, la misma Ley General contempla también la creación de un consejo integrado por representantes de las asociaciones de consumidores, que actuará como órgano de representación y consulta a nivel nacional. De esta forma y por imperativo legal se constituyó en el año 1992 en España el Consejo de Consumidores y Usuarios en el que se integran las organizaciones más representativas de los consumidores.

En el ámbito de las distintas comunidades autónomas también se constituyeron en diferentes años, órganos consultivos de representación y consulta formado por las organizaciones de consumidores más representativas, aunque en muchas ocasiones los intereses partidarios de los gobiernos autonómicos influyeron en facilitar la presencia de una u otras organizaciones que fueran más afines a dichos gobiernos.

Por ello, FACUA y sus organizaciones territoriales deben ser facilitadores o instrumentos para que los ciudadanos avancen en el proceso de vertebración de la sociedad civil y lograr con ello un mayor equilibrio en el funcionamiento del mercado, que en la actualidad no existe. Por ello es necesario que la sociedad apueste claramente por el desarrollo de asociaciones de consumidores que sean fuertes y representativas, que estén abiertas a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna por razones de condiciones económicas, creencias ideológicas o religiosas, sexo, edad, raza o nivel de compromiso en el seno de la asociación.

Asamblea General de Socios de FACUA Córdoba en 2018.
Asamblea General de Socios de FACUA Córdoba en 2018.

 

Las asociaciones tienen que ser democráticas y participativas

Es necesario que FACUA siga promoviendo el desarrollo de asociaciones en las que se afilien miles de consumidores y que estén dotadas de mecanismos democráticos para que dichos asociados puedan participar en el desarrollo del movimiento consumerista y en la toma de decisiones de las mismas, desechando criterios elitistas de que es mejor pocos socios, pero buenos y activos, que muchos con bajo o nulo nivel de participación, pues entendemos que sólo con organizaciones que aglutinen a decenas de miles de consumidores se podrá lograr una intervención eficaz en el mercado y lograr unos niveles de autofinanciación que permitan la total independencia de la organización frente a las administraciones públicas u otros intereses políticos o económicos.

Para lograr dichos objetivos, es necesario impulsar un modelo de asociación que sepa compaginar su carácter abierto a la participación de sus asociados con la existencia de una Junta Directiva estable y activa, que sea capaz de ser el motor que empuje y dirija al conjunto de la organización hacia adelante, de tomar las decisiones necesarias para lograr dichos objetivos y de articular la creación de departamentos o grupos de trabajo que sepan abordar los distintos frentes de actividad, contando para ello con eficaces equipos de profesionales.

Tenemos que apostar, por tanto, por un modelo de organización que sepa articular la defensa de los intereses individuales de los consumidores y usuarios afectados por abusos o fraudes, con la defensa de los intereses colectivos de la población. Y que con este fin se doten de los instrumentos necesarios para el desarrollo de una actividad eficaz en los distintos campos de actuación en los que deben intervenir las asociaciones de consumidores. Para ello deben estar dotadas de departamentos o equipos de trabajo bien delimitados, en los que participen personal voluntario y retribuido, para poder atender eficazmente las actividades relacionas con la tramitación de las reclamaciones, defensa jurídica ante tribunales, actividades administrativas, relación con los medios de comunicación, la participación institucional, la contabilidad, la formación, etc.

Hay que impulsar un modelo de asociación que desde su posición de independencia mantenga un compromiso claro de intervenir en la política de su país y sepa jugar su papel de representante de los consumidores en el ámbito de las instituciones públicas, así como que asuma los compromisos y las posiciones de colaboración con las administraciones públicas, sectores empresariales y sindicatos, junto con las necesarias posiciones reivindicativas y de confrontación según las situaciones, y cuando ellas sean necesarias, para defender más eficazmente los intereses de los consumidores y usuarios.

Finalmente, es necesario impulsar un modelo de asociación que sin renunciar a la defensa de su propio protagonismo, entienda como una necesidad el encontrar y propiciar fórmulas de unidad de acción con otras organizaciones que defiendan a los consumidores.

FACUA tiene aprobado dos manuales para regular el funcionamiento de sus organizaciones y de sus delegaciones territoriales y en los mismos se establecen los criterios básicos que deben reunir estas distintas organizaciones o delegaciones que integran nuestro proyecto, en los distintos frentes de su actividad y que están basadas en el modelo fomentado por nuestra organización estatal, a la vez que tienen aprobado un Código Ético.

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Paco Sánchez Legrán es presidente de FACUA.

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