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10 razones ciudadanas para no privatizar el agua

En España, más de la mitad de la población paga facturas privadas por el agua que sale de sus grifos. Aunque es una competencia municipal, su privatización se ha llevado de manera silenciosa durante años.

Por Ricardo Gamaza

Te contamos diez razones que explican porqué la privatización de los servicios urbanos de agua perjudica a la ciudadanía con ejemplos reales:

1. Es un derecho humano, no un negocio

En el año 2010, la ONU declaró el agua como un derecho humano esencial y necesario para la dignidad humana. Eso implica que su acceso debería estar garantizado a todas las personas independientemente de su renta, por lo que Naciones Unidas acuñó el término de mínimo vital: 100 litros por persona y día como mínimo para tener una vida digna. Las empresas privadas contemplan el agua como una mercancía y cuando el cliente no la puede pagar y los servicios sociales de su ciudad no se la pagan, le cortan el grifo. En Jerez de la Frontera (Cádiz), cuando se privatizó este servicio, Aqualia le cortó el grifo a 200 familias que no podían pagar sus facturas.

2. Empobrece a la ciudad

La facturación de las empresas públicas de agua van a parar a las arcas municipales y revierten en el municipio o en el servicio urbano de aguas. Cuando una empresa privada se hace con este suministro, las facturas del agua se reparten entre los socios y entre las multinacionales que forman parte de todo un entramado de ingeniería financiera que saca el dinero de la ciudad. Además, esa ingeniería permite repartir el dinero mediante el pago de préstamos que en algunos casos se dan a sí mismas las empresas socias del agua, así además declaran que ganan menos y disminuyen sus impuestos a Hacienda, perjudicando así a toda la población española. En el caso de Jerez de la Frontera, como se desvela en el documental ¿Trileros del agua?, se declaran unos 975.000 euros de beneficios frente a los más de 9 millones que se declaraban cuando la empresa era pública, y eso facturando más por el agua y gastando menos dinero en personal.

3. Destruye tejido empresarial local

Las empresas públicas de agua suelen tener subcontratadas a empresas para desarrollar trabajos relacionados con la prestación del servicio (limpieza de imbornales, lectura de contadores, reparaciones, etc). Cuando las multinacionales privadas se hacen con el servicio urbano de aguas ese tejido empresarial local desaparece porque éstas tienen sus propias compañías del grupo que hacen esos servicios. Además, al no ser empresas públicas pueden contratarlas a dedo y al precio que les dé la gana, ya que no tienen que hacer una licitación pública.

4. Destruye y precariza el empleo

Cuando las empresas privadas se hacen con el servicio de aguas de una ciudad lo habitual es que en poco tiempo recorten la plantilla de trabajadores de la que era hasta entonces empresa pública de aguas. En el caso de Jerez de la Frontera el recorte de personal la llevó de los casi noventa trabajadores que había en la empresa pública a poco más de setenta con Aqualia. El convenio colectivo también se cambia, como aseveran desde la Plataforma Ciudadana contra la privatización del Agua de Jerez, empeorando las condiciones contractuales de los supervivientes laborales en la empresa privada.

5. Promueve fraudes

En la provincia de Cádiz, un usuario de Aqualia detectó que le había subido el precio de su factura del agua. Tras analizar varios recibos encontró dónde estaba esa subida: en un término fijo que es el calibre del contador. "Me habían empezado a cobrar por un calibre de 15 milímetros y hasta entonces yo tenía un calibre de 13 milímetros”, asegura y apostilla que “a mí no me había dicho nadie nada”. El cambio de contadores ni siquiera fue tal en el caso de muchos usuarios del agua porque se mantuvo el contador de 13 milímetros aunque se cobraba por uno de 15. Este vecino y otros centenares pusieron una reclamación en Aqualia y FACUA lo denunció ante la Junta de Andalucía (algo por lo que Aqualia amenazó a la organización de consumidores con una querella). La Junta de Andalucía concluyó tras una investigación que era un fraude, pero a día de hoy Aqualia ni siquiera ha devuelto a los usuarios el dinero cobrado irregularmente.

6. Empeora la calidad del agua

Un cliente de la multinacional privada Aqualia envió una reclamación a esta empresa para que le explicasen qué era lo que salía de su grifo. Partículas diferentes que han llegado a colapsar los filtros de éstos. Ante la falta de respuesta, acabó por poner un filtro en la entrada de agua a su contador. Éste, que es blanco, aparece cada dos meses totalmente negro. “En Aqualia dicen que cumple los parámetros y que es legal”, asegura este vecino, que no entiende porqué tiene que comprar agua envasada para beber si ya paga por tener agua potable.

7. No apuesta por el saneamiento o la depuración

En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde quien manda en el agua es Aqualia, cuando no es temporada de baños se producen vertidos de aguas contaminadas a la playa. Tanto es así que se han llegado a ver ratas muertas, excrementos y restos de papel higiénico a lo largo del litoral. La Plataforma Ciudadana Agua Clara asegura que “cuando llega la época de baños, el Ayuntamiento trae unos tractores con arena blanca y tapa toda esa podredumbre para que los veraneantes puedan bañarse". La responsable de esa contaminación es la escasa o nula depuración de las aguas que se debería llevar a cabo en la depuradora de aguas residuales. En El Puerto de Santa María (Cádiz) la depuradora es también el caballo de batalla de la plataforma ciudadana Apemsa no se vende (Apemsa es la empresa de aguas que actualmente está participada en un 49% por Aqualia y controlada por el gerente que pone Aqualia, aunque sea el socio minoritario). "Los datos que tenemos de depuración es que el agua que se depura no cumple con los requisitos legales de contaminación", aseguran.

8. Es una gestión opaca y salpicada por los casos de corrupción

En San Fernando (Cádiz) el agua la gestiona la empresa privada Hidralia, perteneciente a Aguas de Barcelona (Agbar), del Grupo Suez, una multinacional. Pero antes se llamaba Aquagest, que fue la empresa que hace veinticuatro años compró el servicio urbano de aguas mediante el pago de un canon concesional. Llama la atención que en cada sitio se llaman de una manera: Aquona, Viaqua, Asturaqua, Aquarbe, Aquara, Hidraqua, Aquanex, Hidrogea o Hidralia. Muchos nombres surgidos después de que Aquagest fuese salpicada por el caso Pokémon, el escándalo de corrupción que estalló en Galicia y que sigue abierto.

9. No interesa promover el ahorro de agua

La lógica de una empresa privada es lograr que el producto que comercializa se venda cuanto más mejor. Sin embargo, en el caso del agua, al ser un bien finito, la lógica ecológica es promover su ahorro y gastar cuanto menos agua mejor. Un contrasentido que se pone de manifiesto en casos como los de una clienta de Aqualia en Barbate que recibe factura de más de 120 euros por el agua aunque son sólo dos personas en su vivienda. "Yo no gasto esa cantidad de agua", asegura, "pero si no pago me la cortan". Tras revisar su instalación y confirmar que no hay fugas, esta clienta pidió a Aqualia que revisara el contador para ver dónde se pierde ese agua que ella no consume. No ha tenido respuesta, salvo que cuando no pagan se llevan su contador sin notificárselo personalmente y pese a que la dejen sin agua un viernes, porque como ella dice, "son tan buena gente que te dejan sin agua todo el fin de semana, para que te de tiempo a meditar". Mientras la clienta pague, para qué van a revisar si hay fugas o pérdidas. El negocio está servido.

10. El dinero del agua no se dedica a la gestión del agua, sino a propaganda

En Cádiz, donde el agua urbana es pública y la gestiona una empresa municipal se ha promovido la mejora y nueva implantación de fuentes de agua potable en la ciudad. "Que cualquier persona pueda beber agua de grifo en la calle", explica Jesús Olidén, gerente de Aguas de Cadiz, que asevera que “si el servicio de aguas genera algún beneficio se revierte en cosas que tienen que ver con el agua y la ciudadanía, como las fuentes”. En la vecina Jerez de la Frontera, donde el agua está bajo el dominio de Aqualia, las fuentes de agua potable no forman parte de las prestaciones que debe dar la empresa de aguas, aunque parezca un contrasentido. A lo que dedica el dinero Aqualia es a comprar medios de comunicación vía publicidad o incluso a asociaciones de la prensa como la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), que recibe dinero de varias empresas de agua, entre ellas Aqualia que les financia, además, una beca para formar periodistas ambientales en un diario levantino. Han conseguido ahogar hasta ahora las críticas.

Por ahora dejamos el decálogo de las razones por las que privatizar el agua afecta negativamente a toda la ciudadanía, pero podrían ser muchas más, como se cuenta en el documental ¿Trileros del agua?, el primer documental de investigación periodística que levanta los cubiletes para mostrar al público las trampas de la privatización del agua.

El documental que ya ha visitado más de veinte ciudades españolas y ha contado con el apoyo de plataformas ciudadanas, organizaciones ecologistas y el sindicato CCOO, entre otros, sigue vetado en muchos medios de comunicación en los que se baila el agua a los que pagan la publicidad.

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Ricardo Gamaza es periodista y divulgador agroambiental.

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