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Sociedad y crisis económica

Al igual que en otros países europeos, la crisis del 2008 ha condicionado una serie de valores democráticos, sociales y económicos que en el caso de España se pusieron en marcha a partir de 1978.

Por Francisco Acosta Orge

La crisis económica de 2008, al igual que en un buen número de países europeos, ha condicionado y puesto en entredicho una serie de valores democráticos, sociales y económicos que en el caso de España se pusieron en marcha a partir del año 1978, tras la aprobación de la Constitución y la elección de gobiernos democráticos de alto apoyo electoral. Elecciones que se visualizaron en la acción de gobierno del PSOE, cerca de catorce años consecutivos, y del Partido Popular en lo que se ha venido en llamar el bipartidismo, siguiendo parecida trayectoria a lo que sucedió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en un buen número de naciones democráticas europeas. Se produjo así para los ciudadanos de estos países los beneficios del llamado estado del bienestar, propiciado fundamentalmente por las prácticas de gobierno de la social democracia europea y su aceptación por parte de los partidos de centro derecha en la alternancia electoral al frente de los ejecutivos y en el mantenimiento de las conquistas conseguidas por la ciudadanía.

En España este proceso se inicia, con muchas dificultades, tras la caída de la dictadura franquista, partiendo de unas condiciones económicas y sociales para una gran parte de la sociedad que podemos señalar de subdesarrollo, que propició que en casi todos los aspectos fuésemos por detrás de la mayoría de los países europeos democráticos y desarrollados en materia de bienestar social y económico.

Ese grado de bienestar de la sociedad española, que comienza a conquistarse a partir de los años 80 del pasado siglo, ha permitido amortiguar en cierta manera los efectos demoledores de la crisis económica de 2008. Pero ésta ha creado unas condiciones de pesimismo generalizado, de cara al futuro, en amplios sectores de la sociedad, y sobre todo en los trabajadores, tanto jóvenes como adultos, a causa del desplome del empleo, el endeudamiento financiero, público y privado, y la posibilidad materializada de pérdidas y recortes en las dotaciones del Estado para la sanidad, la enseñanza o la educación pública, entre otras, sin olvidar el sistema de pensiones.

No obstante, esta situación no puede hacernos olvidar las grandes conquistas realizadas en los últimos cuarenta años por la sociedad española en general y que no han podido ser eliminadas por los efectos de la crisis económica. Reivindico con orgullo estos logros y quiero recordar de dónde partíamos: los trabajadores en su gran mayoría percibían salarios más bien bajos. Una buena parte vivían hacinados en viviendas de escasa superficie y en condiciones de salubridad que ahora nos parecerían inadmisibles.

El paro era proporcionalmente más elevado que el que ha producido la actual crisis. Hay que recordar que el seguro de desempleo no existía. No existía la enseñanza pública obligatoria y eran muy pocos los hijos de los trabajadores que podían acceder a las universidades o escuelas de educación superior. La raquítica y estancada sanidad de la dictadura se transformó en sanidad universal para todos los ciudadanos, convirtiéndose con el paso de los años en un sistema sanitario de gran prestigio nacional e internacional.

Se puso en marcha un sistema de pensiones elaborado por los sucesivos gobiernos en negociación con los sindicatos mayoritarios y democráticos, que está entre los mejores de Europa y que ni siquiera los envites de la crisis han podido eliminarlo. Esto ha dado lugar a que desde antes incluso de 2008, España sea uno de los países con mayor longevidad del mundo y además ha permitido que los efectos de la crisis para los parados y los jóvenes se hayan amortiguado, gracias a los ingresos seguros que percibían muchos pensionistas en un buen número de familias españolas, que han dependido de ellos para sobrevivir y mantener un mínimo nivel de vida.

Con el aumento general de los salarios, si lo comparamos con los que se percibían antes de 1980, y la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado, se sentaron las bases para la consolidación de una nueva y amplia clase media, de gran poder adquisitivo, que hizo posible el aumento del bienestar en materia de consumo privado y público para amplios sectores de la sociedad. Y todo ello sin olvidar que el reparto de la riqueza producida se ha desequilibrado en contra de los asalariados y ha aportado mayor riqueza a quienes detentan el poder de los medios de producción y los servicios, no sólo en España, sino en la mayoría de los países desarrollados.

Dicho esto, quiero señalar que eso no significa que muchas de estas conquistas no estén en riesgo de perderse, sobre todo lo que es considerado salario en especie. Es decir, todo lo que el Estado aporta con su tesorería: sanidad, enseñanza, pensiones, infraestructuras, etc., y que tanto contribuye para el bienestar cotidiano de una gran parte de la sociedad española.

Pero la crisis económica no sólo ha traído paro y destrucción de las economías públicas y privadas, sino una concepción ideológica fomentada por el capitalismo financiero y productivo para romper los grandes acuerdos que compusieron el estado del bienestar y que de manera sutil vienen desarrollando a través de múltiples formas desde mucho antes del año 2008.

Han encontrado en los medios de difusión de masas (televisión, prensa, radio, etc.) sus más eficaces pregoneros, ya que la mayoría están en manos de consorcios financieros, y que habría que concretar en lo siguiente: libertad absoluta para el negocio capitalista, la llamada economía liberal; sin reglas de juego que hagan posible el equilibrio con los intereses de los trabajadores, despreciando la importancia de los sindicatos o de los gobiernos para dar contenido humano a las relaciones de producción o los servicios. Creando al mismo tiempo un afán consumista, basado en el individualismo, entre grandes masas de la población mundial, hipotecándolas económicamente y dando lugar a cuantiosas ganancias económicas, que al mismo tiempo pone en peligro el futuro del planeta que habitamos.

La política de recortes efectuadas por sucesivos gobiernos en España y en el entorno de los países europeos, refleja un modo de solucionar los problemas de manera unilateral, sin contar con las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores asalariados y autónomos, plegándose, sin a lo mejor pretenderlo, a los intereses de ese capitalismo voraz mayoritario que persigue romper las reglas de negociación que han hecho posible una era de gran prosperidad para la mayoría social, como nunca se había conocido en la historia de la humanidad.

Considero, y es de razón, que el disfrute de las conquistas que hicieron posible el estado de bienestar sea negociado a fondo, adaptarlo a la realidad de una economía globalizada, manteniendo lo fundamental y asumiendo sacrificios para mantener sus beneficios para toda la sociedad, que sea más justa e igualitaria. Para ello hay que contar con organizaciones sindicales y sociales, fuertes y representativas.

Pero lo más importante es que los ciudadanos acierten a elegir gobiernos democráticos de amplia mayoría, que sepan conducir y resolver los graves problemas que afectan a nuestras sociedades y que den mayor protagonismo a la sociedad civil, para que la acción política en nuestras comunidades vuelva a recuperar el interés y la ilusión de la mayoría de los ciudadanos.

La experiencia de los avatares electorales e inestables que ha vivido la democracia española en los últimos años nos enseña que la ciudadanía no comparte los criterios políticos de los partidos actuales y sobre todo los que representan los ideales enmarcados en el centro izquierda ideológico, que han quedado en minoría parlamentaria en las últimas consultas electorales. Para ello, la necesidad de cambiar es vital para estos partidos, que deben concitar la esperanza de conseguir una sociedad más justa y donde se reduzcan las desigualdades económicas y sociales.

Dejaremos para un próximo artículo el analizar el panorama de presente y futuro de estos partidos de cara a los ciudadanos.

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Francisco Acoste Orge es sindicalista de CCOO y patrono de la Fundación FACUA.

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