Opacidad en la autoridad de consumo andaluza

Consumo de la Junta ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta de ese año

FACUA Andalucía considera irresponsable que la Dirección General de Consumo no alertase a los usuarios sobre las irregularidades por las que había sancionado a la empresa.

Consumo de la Junta ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta de ese año

FACUA Andalucía considera una grave irresponsabilidad que la Dirección General de Consumo de la Junta ocultase en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta impuesta ese año.

La federación de consumidores critica que la Consejería de Salud -de la que depende Consumo- no diese a conocer a los usuarios las irregularidades que había detectado en las clínicas iDental, lo que favoreció que siguiese aumentando el número de víctimas hasta que se ha producido el cierre de todos sus establecimientos.

FACUA Andalucía reclama a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que ponga fin de una vez a esta negligente falta de transparencia con la que en lugar de proteger a los consumidores de los abusos y fraudes, protege los intereses de los defraudadores. A la ridícula cuantía de las multas que impone la autoridad de consumo se une la opacidad al respecto, ya que sólo trascienden públicamente las que por su importe tienen que se aprobadas por el Consejo de Gobierno.

La única información sobre los motivos de la sanción a iDental que ha dado a conocer la Junta es que se aplicó por "prácticas comerciales desleales". Se desconoce si la Dirección General de Salud Pública impuso también multas a la cadena de clínicas odontológicas.

La Junta se ve forzada a hacer públicas las multas

El dato de la sanción -la segunda más alta de 2017 tras otra de 215.000 euros a Caixabank- no ha trascendido hasta este mes, cuando la autoridad de Consumo andaluza se ha visto forzada a hacer público el listado de expedientes sancionadores resueltos en firme en los últimos tres años como consecuencia de que el secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su organización nacional, Rubén Sánchez, los reclamase a través del Portal de Transparencia.

La oficina de información al consumidor de la Junta, Consumo Responde, se había negado a facilitar a Sánchez ningún dato relativo a las sanciones por fraudes a los consumidores. Y ello pese a que la legislación andaluza obliga a dicha oficina a suministrar esa información a cualquier ciudadano que la solicite. Así lo establece el artículo 20.3.g de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Proteccíon de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Más de 2.400 víctimas de las irregularidades y el cierre de iDental se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA a nivel estatal. De ellos, 879 residen en Andalucía: 61 son usuarios de Almería, 110 de Cádiz, 79 de Córdoba, 67 de Granada, 14 de Huelva, 10 de Jaén, 165 de Málaga y 373 de Sevilla.

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