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La peligrosa burbuja dental

La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y su salud, han derivado en el cierre y caída de este tipo de negocios.

Por Olga Ruiz Legido

En estos años se han sucedido los cierres de numerosas clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. Buena parte de los centros que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes y dudosas campañas publicitarias de captación de clientes-pacientes.

La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, y la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han derivado en el cese y caída sobrevenida de este tipo de negocios. Cierres desordenados, sin previo aviso ni a autoridades sanitarias ni a pacientes, que dejan indefensos a cientos de miles de usuarios que se encuentran, de un día para otro, desamparados y abandonados, con tratamientos dentales inacabados, incompletos, mal ejecutados, servicios prestados que quedarán sin garantía, daños causados por negligencias profesionales y uso de materiales de baja calidad, pérdida de sus historias clínicas y préstamos firmados con bancos y financieras a los que hacer frente.

Los propietarios de estas clínicas, inversores a la caza de dinero rápido y fácil, salen airosos de la caída, sin afectación de sus patrimonios, que quedan bien resguardados bajo fórmulas societarias que limitan o esconden su responsabilidad. Mientras, cientos de miles de usuarios sufren graves perjuicios económicos y daños en su salud que no encuentran reparación y que previamente tampoco contaron con garantías ni en la contratación ni en la prestación de estos servicios sanitarios.

En España, cualquier persona puede ser dueña de una clínica dental, no se le exige estar en posesión de ninguna titulación sanitaria ni ser odontóloga. Desde el Consejo General de Dentistas llevan años solicitando que haya un profesional de la odontología al frente de las clínicas, identificado e identificable, responsable de los tratamientos y materiales empleados, en un sector donde la asistencia dental bajo marca y sustentado en la financiación de los tratamientos disocia el negocio (la clínica) de la atención sanitaria (a cargo de un profesional sanitario) y diluye las responsabilidades frente al paciente.

Dental Line, Funnydent, Vitaldent, Confident, Mi Dentista, iDental….y algunas más han ido dejando a lo largo de estos años cientos de miles de perjudicados, victimas de lo que se ha denominado la burbuja dental, de la que todo el mundo lleva años hablando mientras ninguna autoridad regulatoria actúa ni pone coto a prácticas que comercian con la salud de las personas y se enriquecen a costa de dañarla una y otra vez.

El ejercicio de una actividad sanitaria y la apertura y funcionamiento de clínicas y centros médicos privados están sometidos a regulación: autorización y registro de los establecimientos por parte de las administraciones sanitarias y al control e inspección de la actividad por ésta y por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Los servicios sanitarios están catalogados además como servicios de uso común, ordinario y generalizado a los efectos del reconocimiento legal de un nivel de protección prioritario para los consumidores y usuarios.

La protección que hasta ahora se ha dado a los usuarios ha sido claramente insuficiente y los controles llevados a cabo también se han mostrado igualmente insuficientes e ineficaces. Resulta evidente que ambas cosas deben reforzarse, aunque lamentablemente la evidencia de algo no lo convierte en una prioridad para quienes nos gobiernan.

En el último fraude conocido, el caso de iDental, pacientes, organizaciones de consumidores y Colegios de Odontología llevan años denunciando prácticas comerciales irregulares, abusos a los consumidores, precariedad laboral, falta de transparencia, publicidad y presupuestos engañosos, etc… y todo ello ante diversos organismos autonómicos de salud, consumo e inspección de trabajo.

La laxitud en los controles y una escasa regulación de la actividad sanitaria privada hacen que el fraude haya crecido exponencialmente en estos años y que las clínicas dentales se hayan convertido para unos pocos en una forma de conseguir dinero fácil y rápido. Para muchos pacientes, sin embargo, ha sido un verdadero calvario.

Exigimos más garantías para los usuarios, reforzando la regulación de las clínicas dentales y los requisitos para su apertura y funcionamiento, y exigimos controles eficaces que conlleven sanciones ejemplarizantes y la adopción de medidas cautelares que protejan realmente la salud y la seguridad de los usuarios así como sus intereses económicos. Entre otras, es preciso que se aborden con urgencia las siguientes medidas:

• La obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil que cubran el riesgo de cierre y ofrezcan garantías ante la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores.

• Información pública de fácil acceso de todos los datos identificativos y de relevancia para el consumidor de las clínicas dentales, odontólogos responsables de los servicios y seguros de RC y su publicidad en los registros existentes en las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo.

• Garantías de acceso y recuperación de las historias clínicas, desarrollando la Ley 41/2002 y previendo el destino y conservación de las historias clínicas en caso de cierre del establecimiento.

• Regulación de la publicidad sanitaria.

• Obligatoriedad de controles e inspecciones de las autoridades regulatorias, procedimientos sancionadores efectivos y disuasorios y adopción de medidas preventivas.

La administración debe tomar cartas en el asunto de una vez y no permitir que la atención sanitaria se convierta en una mercancía más, abandonando al consumidor en la selva de negocios especulativos y fraudulentos.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.

*La foto de encabezamiento es de Flickr.com/fotoufrgs (CC BY-NC 2.0).

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